La continua agresión hacia los guardas de tránsito de la ciudad llevó a la Administración local a proponer que estos funcionarios porten cámaras de video en el desarrollo de los operativos.
Esto con el fin de documentar no solo el accionar de los guardas, sino también el de los ciudadanos. En lo corrido del año se han registrado 19 agresiones contra estos servidores públicos, muchas de estas han quedado registradas en video, pero realizados por terceros.
“Queremos incorporar tecnología, que todo agente de tránsito tenga una videocámara que le posibilite realizar sus actividades”, dijo recientemente el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
Adicionalmente, explicó que se buscará que los operativos de los guardas se realicen con respaldo de la Policía y que, en caso de agresión, haya tanto sanciones sociales como penales.
Según la Secretaría de Movilidad de Cali, 27 cámaras están en funcionamiento, de las 35 que fueron adquiridas por la anterior Administración, pero estas no serían suficientes para los cerca de 400 agentes destinados a vigilar la ciudad. Es decir que habrá que adquirir más aparatos de esta tecnología.
Pero, ¿qué tan efectiva puede ser esta solución para evitar que sigan las agresiones a los guardas?
La ciudadanía, por ejemplo, se ha mostrado a favor de la iniciativa. En un sondeo realizado, a través de Twitter, por El País, el 95 % de los votantes consideró que esto ayudaría a reducir la violencia contra estos funcionarios.
Algunos usuarios de la red social incluso opinaron que las cámaras deberían ser utilizadas también por los miembros de la Policía, para evitar el irrespeto a la autoridad.
Asimismo, la concejal Alexandra Hernández, sostuvo que a buena hora la Administración decidió tomar cartas en el asunto. “Tenemos que recuperar el respeto por la autoridad en Cali. Vemos actualmente que muchos motociclistas no tienen respeto por la vida, van con la placa tapada y demás”.
Hernández también argumentó que estos dispositivos permitirán dejar en evidencia el proceder de los agentes y así evitar que sean señalados por la comunidad como sujetos que infringen las normas.
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A favor también está la Asociación Sindical de Agentes de Tránsito, Asagetrán, cuyos voceros aplaudieron la intención de la Alcaldía de apoyar la gestión de los guardas por medio de dispositivos tecnológicos, pero también pidieron que esto venga acompañado de estrategias de pedagogía y concientización ciudadana frente a las normas de movilidad.
“Digamos que con las cámaras se logra identificar al agresor, pero aquí lo que queremos es que no haya agresores, queremos un buen comportamiento por parte de la ciudadanía”, declaró Andrés Ávila, presidente nacional de Asagetrán.
El directivo sindical expresó, además, que se debería continuar con campañas de educación a los caleños sobre las normas para desincentivar los comportamientos agresivos.
No todos están de acuerdo
La propuesta de la Administración también tiene contradictores.
Rafael Rodríguez Rengifo, diputado de la Asamblea Departamental del Valle, manifestó que la solución a las agresiones no puede pasar simplemente por una medida coercitiva, sino que debe ser tratada de raíz con estrategias de prevención.
“Cali necesita autoridad y campañas de cultura ciudadana, que se respeten las normas. El desgobierno en la ciudad está llegando a su tope, pero eso es parte del desorden de la actual Administración”, agregó.
El diputado sugirió que, en vez de comprar cámaras para cada agente, la inversión debería enfocarse en aumentar el pie de fuerza de los guardas de tránsito que, según él y el mismo cuerpo de agentes, no da abasto.
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De hecho, según proyecciones la Secretaría de Movilidad, cada una de las videocámaras con las que serían equipados los funcionarios de tránsito tendría un costo de $ 1.985.000.
El concejal de Cali Juan Martín Bravo tampoco está a favor de la propuesta. “Esta no es la solución de fondo porque esto ya es algo cultural, se ha perdido el orden y la gente, cuando ve a un guarda tratando de ejercer su autoridad, cree que puede hacer lo que quiera y atentar contra el representante de la autoridad, dijo Bravo.
El cabildante también opinó que debe haber una campaña pedagógica robusta con la intención de prevenir las agresiones y recuperar el civismo que, según argumentó, se ha perdido.