Año tras año, el sistema MÍO se llena de cuestionamientos por parte la ciudadanía, que a diario le exige a la Administración mejores condiciones de los buses, mayor circulación y una mejora en la seguridad para todos los usuarios.
Óscar Javier Ortiz, gerente de Metrocali, manifestó que esto cambiaría con el nuevo modelo de transporte público que se piensa implementar. Además, explicó las razones a la principales quejas de la comunidad.
Los usuarios tienen muchas quejas sobre el funcionamiento del sistema, ¿cómo explicarles lo que pasa con el MÍO?
Hay varios factores que afectan los tiempos de llegada de los buses y, por lo tanto, los tiempos de espera de la gente. Lo primero es reconocer que la movilidad en Cali no es la mejor. Tenemos una troncal exclusiva, pero también corredores mixtos donde operan otros vehículos y esto hace que la congestión sea demasiada.
Además, hay una falta de vehículos y esto también perjudica. De hecho, vemos que en un día se pueden programar 654, pero los concesionarios están colocando en circulación 524. Son más de 100 buses por debajo de lo esperado.
¿A qué se debe esto?
Las razones son muchas. La situación que se presenta con los concesionarios afecta, pero hay también novedades de operación que se dan en casos como cuando un vehículo se vara o cuando a uno no le llega el conductor, impidiendo que una ruta sea atendida. Se suman, además, casos de intolerancia en la que algunos actores de la vía generan daños en los automotores.
¿Por qué hay tanto inconveniente para conseguir conductores?
Es probable que no se sientan seguros de trabajar en el sistema, ya sea por temor a agresiones en la calle o porque temen que no les paguen, como se ha evidenciado con Unimetro y lo hace que la gente generalice.
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Además, hay quienes prefieren medios de transporte alternos (como la piratería) que posibilitan que el conductor tenga mayores ganancias económicas sin que esto implique estabilidad laboral.
Los actos de agresión, ¿qué tanto afectan la operatividad?
El ataque al personal o el vandalismo contra los vehículos repercute en que dejemos de prestar el servicio.
Cuando se daña un bus, por ejemplo, este tiene que dejar de salir a las calles y se puede demorar hasta ocho días en reparación, dependiendo del daño. Además, recordemos que en el estallido social del 2021, el
90 % de las estaciones fueron dañadas.
La falta de cobertura incentiva otros transportes como la piratería. ¿Han analizado esto?
Sí, Metrocali ha hecho un diagnóstico de la problemática identificando elementos externos, como el aumento del parque automotor. Nosotros tenemos una cobertura espacial del 93 % en la ciudad, pero hay algunos sectores que están conquistados por la informalidad que, de alguna manera, le roban pasajeros al sistema.
¿Cuánta demandas tiene el MÍO?
Tenemos tres tribunales de arbitramento instalados. Uno con la Unión Temporal desde el año 2019 por $ 263.000 millones, que está suspendido hasta el momento, pero en la que hemos tratado de entrar en una negociación directa con ellos.
Otra demanda es del concesionario Blanco y Negro por cerca de
$ 416.000 millones, donde lo que están pidiendo es la terminación del contrato, pero lo que quieren es que se le pague el dinero mencionado.
El otro proceso es con GIT Masivo por $ 636.000 millones. Ahí está incluido el laudo que perdió con la Administración anterior.
¿Cuál es el modelo que propone Metrocali para transformar el MÍO?
Lo hemos llamado Sistema Inteligente Integrado del Transporte Público. En él buscamos la integración de los diferentes modos de transporte, algo que está en el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Nacional. Es decir, el modelo incluye un trabajo coordinado del MÍO con los demás sistemas legales de transporte que hay en Cali.
¿Qué necesita para que funcione?
Para eso, las diez empresas de transporte público colectivo (TPC) en Cali tendrán que organizarse en una sola y convertirse en un operador público que tendrá que integrarse física y tarifariamente con el sistema MÍO, pero todo de cara al usuario y a eliminar un poco la congestión al interior de la ciudad.
Igual tendrá que pasar con las gualas en la ladera, el transporte intermunicipal y el Tren de Cercanías, cuando este se construya.
¿De quién depende todo esto?
Está en manos del Gobierno Local, es una decisión del Distrito y en algunas reuniones con el Ministerio de Transporte se ha comentado para que tengan conocimiento de la situación.
Nosotros tenemos una dificultad con el diferencial territorial que cada año se requiere y que para este año estaba en más o menos $ 160.000 millones, que hemos ido aforando desde el Distrito en medio de las dificultades porque, finalmente, no hay fuentes de financiación para eso.
Requerimos cambiar el modelo y que los recursos que se tienen para él se puedan apalancar para generar soluciones, como la flota pública que bajaría los costos de operación.
¿Qué tanto se tiene del modelo?
Actualmente estamos estructurándolo. El 31 de agosto se terminó la consultoría, ahora esperamos recibir un informe técnico donde se diagnostique cuál es la demanda del MÍO, cuánto es la del TPC, la de las gualas, la demanda que mueve la intermunicipalidad y los demás modos de transporte que hay en la ciudad.
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Con base en ese informe, tomaremos decisiones y haremos la implementación. Tendremos que hacer una renegociación con la empresa de operación y recaudo y con nuestros concesionarios. Asimismo, revisaremos la adquisición de nueva flota pública que llegaría en los próximos años a la ciudad, ojalá 100 % eléctrica, sobre la que gestionaremos con el Gobierno Nacional la cofinanciación.
¿Cuándo se verían las mejoras?
El modelo se estará implementando paulatinamente y vienen cosas positivas. Por ejemplo, en este trimestre que resta del año se hará la implementación y firma del convenio con la Policía para que haya más seguridad y acompañamiento en las estaciones; se prevé un programa de cultura ciudadana para socializar con la gente.
También está la explotación comercial de las estaciones, que permitirá entregarle el 80 % a personas naturales y jurídicas legalmente constituías para que desarrollen actividad comercial. Organizaremos a los vendedores que hoy están en esos lugares como parte de una administración de las estaciones.
Vamos a hacer una titularización de la sobretasa a la gasolina y con eso pediremos una flota pública (primera vez que Cali lo va a hacer). El Distrito o el ente gestor será el dueño de ella y lo dará en operación a un concesionario, que puede estar entre los que operan actualmente o se podrá dar a uno nuevo a través de una licitación. La idea es que ya el próximo año se esté a la espera de una nueva flota para el sistema.
Algunos sectores critican que se haga nueva infraestructura cuando se carece de flota y conductores...
Es bueno aclarar que la infraestructura está programada hace muchos años y está cofinanciada con una destinación específica. Yo no puedo sacar esos recursos de la de la infraestructura para llevarlo a la operación, eso sería un detrimento.