Gustavo Arbeláez. Su nombre legal le dice casi nada a muchas personas. Pero él es la prueba fehaciente de que el Acuerdo de Paz en el Valle del Cauca es una realidad.
Para empezar, ya no se llama ‘Santiago’. Tras ser el cerebro del secuestro de los doce diputados, en abril del 2002, salió hace tres años de la cárcel, gracias a la Ley de Amnistía que Gobierno y Farc pactaron en La Habana.
Entonces, tras permanecer 35 años sumido en el fragor de la guerra en el suroccidente, se reencontró con su familia y a sus 58 años de edad está aprendiendo a ser papá con María Victoria, quien nació hace 24 meses.
Un año antes, la obligatoria necesidad de pedir perdón y buscar la reconciliación lo había cruzado cara a cara en la Catedral de Cali con Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos Narváez, uno de los asambleístas asesinados por esa guerrilla en el 2007, cuando seguían secuestrados por ella.
Fue en noviembre, con motivo del primer aniversario de la firma del Acuerdo del Teatro Colón. “Fueron segundos de una desazón grande al pensar que las cosas no debieron terminar de esa manera”, dijo entonces un Arbeláez preso de los nervios. “A este ejercicio debemos acostumbrarnos, no solo como víctimas, sino como colombianos que queremos dejar una Colombia en paz y reconciliada”, dijo Fabiola intentando contener las lágrimas.
Pero además del dolor y la vergüenza que esa tragedia representa para ella y para él, en la actualidad tienen algo más en común: los dos trabajan para la Administración caleña.
Fabiola es secretaria de Bienestar Social del Municipio. Pero pocos saben que Gustavo es asesor de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana que, cosas de la reconciliación, es dirigida por un exmilitar.
Pero esta última condición no es la única que llama a sorpresa cuando se piensa en alguien que, en su entonces rol de comandante del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas de las Farc, de seguro muchas veces lideró combates contra la Fuerza Pública.
Danis Rentería, el secretario, encargó a Arbeláez de liderar un programa destinado a evitar que las protestas sociales que se han convocado en el país durante los últimos meses desemboquen en los desórdenes registrados en Bogotá.
Así, manteniendo un bajo perfil, al excombatiente le ha tocado organizar cordones humanos en las calles de Cali para que los manifestantes no logren agredir a los uniformados, pero también interceder ante los agentes de la Policía para que algún joven desprevenido no sea judicializado.
Ahora bien, siendo una de las cabezas regionales del hoy partido político Farc-creado tras el Acuerdo-, Arbeláez también tiene que lidiar con muchas dificultades propias y de sus compañeros de lucha. Algunas que podrían parecer simples, como la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria, y otras tan complejas como decirle no a la propuesta de sumarse a grupos ilegales que siguen operando en los alrededores y no se tienen ingresos.
Por eso, mientras insiste en que la implementación de lo pactado en La Habana hace cuatro años va muy lento, su vida misma demuestra que, con luces y sombras, la Paz intenta abrirse paso en el Valle.
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Proyectos productivos
Según las cifras de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, en el Valle del Cauca se han aprobado 52 proyectos individuales, por valor de $434.965.657 ya desembolsados, que benefician a 55 excombatientes.
De su lado, la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, ARN, refiere que “hay iniciativas colectivas grandes, como una de pesca artesanal en Buenaventura, otra de Caficultura en Tulúa y otra de piscicultura en Dagua, que reúnen a 85 excombatientes”.
Sin embargo, Luis Carlos Collazos, quien hace parte de la Asociación Comunvalle, asegura que a quince familias “nos tocó, por iniciativa propia y ante problemas de inseguridad, buscar tierra para trabajar”. Hoy están en un Nuevo Asentamiento de Reincorporación, NAR, localizado en la vía Calí-Jamundí, en un predio dado en comodato por la Arquidiócesis. Dice que los cultivos y los animales que crían han sido financiados por ellos, sin ayuda estatal.
Sustitución
“Les estamos cumpliendo a las familias que le apostaron a la legalidad dentro del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Dagua, Bolívar y El Dovio”, dijo el jueves el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, tras la firma en Dagua del Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo, Pisda.
La alcaldesa Ana María Sanclemente dijo que el pacto no solo beneficiará a 535 familias adscritas al plan de sustitución, sino a otras 2500 “con pequeñas obras de infraestructura”.
Según la Consejería, en esas tres poblaciones 1060 familias le apostaron a la sustitución voluntaria: 546 cultivadoras, 298 no cultivadoras y 216 recolectoras, lo que ha implicado inversiones por $13.074 millones.
Carlos Cimarrón, habitante de la zona rural de Dagua, aseguró que no todas las familias que ya habían erradicado fueron incluidas en la nueva iniciativa.
Municipios Pdet
Pradera, Florida y Buenaventura fueron seleccionados para adelantar en ellos el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que, se ha explicado, funciona como articulador de recursos.
De hecho, el secretario de Paz del Valle, Orlando Riascos, indica que en los planes de desarrollo locales y en Departamental ya se incluyeron proyectos de la iniciativa, pero que falta que se acojan las propuestas hechas por los grupos ‘motor’ a la Nación para que puedan obtener recursos del OCAD Paz o de las regalías.
A su vez, la Consejería de Estabilización indica que se han entregado 22 obras Pdet, por valor de $6700 millones, y que hay 40 por iniciar, a un costo de $5.000 millones. Riascos destacó la creación de la zona de reserva campesina en Pradera, para dotar de tierra a 1050 familias, pero que algunas temen ser expropiadas, por lo que se les está haciendo acompañamiento.
Verdad y justicia
Jennifer Betancourt, coordinadora de la Macrorregional Surandina de la Comisión de la Verdad, dice que desde el 2019 se han tomado más de 700 testimonios en 20 municipios, y que han recibido informes que dan cuenta del conflicto en el departamento de parte de la Universidad del Valle y la Gobernación, así como de la Fundación Santamaría y otras entidades, “que han permitido iniciar la etapa de análisis y contrastación” que hará parte del informe que deberán entregar en el 2021.
Agrega que en el centro del Valle están acompañando una estrategia de convivencia entre excombatientes, víctimas y campesinos para generar ingresos legales.
A su vez, en la Jurisdicción Especial de Paz avanza la investigación sobre el secuestro de los diputados, así como de otros plagios ocurridos en la región. Sin embargo, las víctimas de esos hechos se lamentan por “la lentitud” del sistema de verdad, justicia y reparación.
Víctimas
De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, en el Valle del Cauca se estima que hay 527.952 víctimas del conflicto armado, de las cuales 469.773 son sujetos de atención y/o reparación. Desde 2011, cuando entró en vigencia la ley que le dio vida a esta entidad, se han entregado en la región $530.111 millones en ayudas humanitarias y se ha indemnizado a 50.709 personas, por $389.087 millones.
Sin embargo, Nidia Landázuri, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Cali, sostiene que “no sentimos que la reparación sea efectiva, va muy lenta”.
Agrega que se sienten “revictimizados por las masacres y los desplazamientos” y que, debido a que se priorizó a adultos mayores y discapacitados, la ruta general de reparación “no se está cumpliendo”.
También dice que en Cali hay 4800 declaraciones represadas “por falta de articulación de Defensoría y Procuraduría”.
Reincorporación social
Según el director de la ARN, Andrés Stapper, en el Valle del Cauca hay 439 excombatientes en proceso de reincorporación, de los cuales 219 viven en Cali, donde además de Ecomún, que es la cooperativa creada en los Acuerdos, también funcionan Ciudad Paz (antes Serviampaz), Coopripaz y otro grupo que hace trabajo comunitario en la ladera.
Agrega Stapper que el 99 % de los desmovilizados está afiliado al sistema de salud y el 83 % al de pensión, y que todos reciben el apoyo mensual del 90 % de un salario mínimo, siempre que se mantengan en la ruta de reincorporación que lidera la entidad. 285 están recibiendo alguna formación académica, pero Farc solicita que se apoye más a los excombatientes de Cali, que tienen vocación más urbana que rural. Orlando Riascos señala que, tras ser creado como ente articulador, el Consejo Departamental de Paz se ha reunido 4 veces.
Participación política
La participación política de los excombatientes del Valle del Cauca está representada por Pablo Catatumbo, quien ocupa uno de los escaños en el Senado acordados en La Habana para el Partido Fuerza Alternativa del Común, Farc. De igual forma, Luis Alberto Albán tendrá asiento en la Cámara de Representantes hasta julio del 2022. A nivel local, Gustavo Arbeláez fue nombrado asesor de la Oficina de Paz de Cali y cuatro excombatientes más trabajan en la Gobernación, que también apoya la implementación.
Sin embargo, hay muchos excombatientes que se han distanciado del partido conformado por la extinta guerrilla, por lo que se han acercado a otras colectividades y otros han optado por no inscribirse en ninguna causa política. Según unos y otros, no están de acuerdo con la forma como los exjefes de Farc han manejado la nueva organización desde Bogotá.
Seguridad
Desde la firma del Acuerdo de Paz, nueve exmiembros de las Farc han sido asesinados en el Valle, cifra que el Secretario de Paz del Departamento dice que no puede aumentar. Esa es una de las razones por las que le preocupa que Jamundí no haya sido seleccionado como municipio Pdet ni incluido en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, pese al incremento de estos allí y en Buenaventura, “donde también hay que hacer más presencia institucional”.
Agrega que en esas dos localidades, al igual que en el Cañón del Garrapatas “sigue habiendo presencia de grupos irregulares que generan temor. Gustavo Arbeláez coincide con que no se trata de llevar la Fuerza Pública a todos los rincones del país, sino de aplicar lo pactado en La Habana: “que el Estado completo iba a hacer presencia en las regiones de las que salió la guerrilla cuando entregó las armas”.