Contraplano
Una de las llamadas “pinturas negras “del maestro Francisco de Goya que decoraba las paredes de su residencia, “La quinta del sordo”, se titula “Saturno devorando a su hijo” fue pintada, es probable, entre 1819 y 1823. En el famoso cuadro vemos a un ser supremo, inmenso, engullendo a una frágil, figura humana, la cabeza es el primer mordisco de esa bestia mitológica en esta escena dantesca que el inmortal pintor español creo para continuar profundizando en el horror y destrucción de su tiempo que retrato con una maestría única.
Ese cuadro de Goya es el mejor símil que hoy, en pleno siglo XXI, podemos encontrar para ejemplificar lo que la patética reforma tributaria de este gobierno pretende hacer con la ley del cine promulgada en el 2004. La Ley 814.
La embestida tributaria de este gobierno pretende acabar de un plumazo el esfuerzo de muchos gobiernos por ayudar a establecer un espacio jurídico y económico para que el cine colombiano, y las actividades profesionales que en él se desarrollan, puedan construir aportes, hacer obras, generar pensamiento e identidad a través del arte de las imágenes y los sonidos en movimiento. Justo en un gobierno que prometió un futuro mejor para el sector del arte y la cultura a través de la llamada “economía naranja”.
En Colombia estamos lejos de construir una industria cinematográfica, Esa cadena, la de una anhelada industria cinematográfica, que suma elementos como: producción, distribución, exhibición, formación de públicos, formación profesional y tecnológica de los agentes del sector, cine regional, está en proceso de ajustar todos sus eslabones.
El motor que ha impulsado este proceso, con sus fallas y aciertos, es la ley del cine y la estructura que se genera en torno al Consejo Nacional de las artes y de la Cultura Cinematográfica, CNACC; como un organismo del sector con representatividad de algunos jugadores claves del medio audiovisual colombiano. Este órgano maneja el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) que es la instancia en donde los recursos recaudados a través de un impuesto parafiscal, es decir, un impuesto para los agentes del sector y con destinación específica en el mismo, es el dinero que ha hecho posible dinamizar la producción de películas, la gestión de archivos fílmicos, la formación de públicos, la lucha contra la piratería, en fin, el dinero para que el medio cinematográfico colombiano exista.
Debemos dejar claro que los recursos del FDC no son inversión del presupuesto nacional. Son platas que el propio sector aporta: porcentaje de las boletas de ingreso al cine, porcentajes del presupuesto de producciones cinematográficas, deducción de impuestos a empresas o personas naturales donantes en producciones fílmicas nacionales, de ahí lo inexplicable de los abyectos intereses políticos de los que buscan derogar este proceso.
Desmantelar el desarrollo del cine colombiano puede ser una tarea fácil. Solo se necesita tener la intención, desde el poder, de anunciar que este espacio lo va a asumir el estado colombiano. Ese mismo estado que desde hace décadas ha asumido la educación y la salud de los colombianos con un fracaso absoluto en términos de cobertura y calidad. Si el fracaso es la realidad de colegios, universidades y hospitales públicos que va a pasar con la cultura, un sector accesorio y prescindible para los técnicos y políticos que mal gobiernan este país.
Aves de rapiña rondan nuestro cine. Hoy no es tiempo de hablar de películas colombianas. Hoy es tiempo de anunciar la debacle para un país que, ante la crisis inminente en todos los órdenes, necesita del cine para recuperar la ilusión, para dejar atrás el miedo y poder soñar con un futuro mejor. Duele la impotencia, duele el despropósito, duele el oportunismo de políticos que incapaces de entender el valor de la cultura hacen cuentas con un dinero que no les pertenece.