La auditoría forense de la firma TOOL a las finanzas del Deportivo Cali en el periodo 2010-2022 encontró, entre sus principales hallazgos, el presunto sobrecosto en la compra de un lote para adecuar parqueaderos en el estadio de Palmaseca, la creación de un fondo fiduciario que habría beneficiado a algunos socios, pagos a representantes “fantasma” de jugadores e irregularidades en algunas transferencias a otros equipos.
Varios de esos presuntos hallazgos corresponden al periodo 2013-2017, en el que Álvaro Martínez se desempeñaba como presidente del Comité Ejecutivo, y Alberto Sinisterra tenía a su cargo la gerencia del Deportivo Cali.
Con documentos en mano, Martínez y Sinisterra respondieron a cada uno de los señalamientos del estudio forense que, en su concepto, está lleno de imprecisiones por el “desconocimiento” de la firma auditora sobre el manejo de muchas cosas en el fútbol.
“Al Deportivo Cali no se lo han robado, pero sí es terrible estar en la picota pública y en boca de todo el mundo, cuando no tiene uno ninguna responsabilidad. Sin embargo, hay que salir a dar las explicaciones porque efectivamente se las merece la ciudad y se las merece la hinchada”, aseguró Martínez previo al diálogo.
Por su parte, Alberto Sinisterra subrayó que “no hay ninguna observación donde diga que había gastos no soportados, desviación de recursos o malversaciones de los dineros, no solo en nuestra administración, sino en todo el periodo auditado. Por eso archivó la Fiscalía, porque no encontraron mérito para adelantar un proceso”.
Igualmente, aclararon frente a la queja de la firma auditoria por las dificultades para acceder a algunos documentos, que “nunca nos llamaron de la empresa que hizo el estudio forense para pedir soportes o alguna información y por eso terminan con un informe plagado de imprecisiones”.
La primera de ellas, dicen, con relación a los supuestos pagos realizados a través de una fiducia a “empresarios fantasmas” por la venta de jugadores. En especial, dice la auditoría, dos pagos de US$ 150.000 y US$ 50.000 para el intermediario en la venta de Carlos Rivas y Carlos Lizarazo, respectivamente, en lo que no fue posible saber a quién o quiénes se pagó, y que la fiduciaria también se negó a entregar la información del titular de los pagos.
“Sobre esos pagos, el empresario nos pidió que le pagáramos a un fideicomiso porque él tenía una platica allá, y así se hizo. Y no es un empresario fantasma, se le pagó a Giancarlo Uda, que actuó como intermediario, no como representante del jugador”, aclaró Sinisterra.
Al respecto, Martínez se mostró extrañado de que el Deportivo Cali hubiera sido reticente a la entrega de documentos, como dice la auditoria forense. “Nunca nos buscaron a nosotros para entregar la información que requerían y sí queda uno muy aburrido y es además sospechoso, que ese sea uno de los grandes hallazgos junto con el famoso fondo fiduciario y el tema del lote que ha sido archivado dos veces por la Fiscalía”.
A propósito del lote...
El estudio forense señala que las directivas del Cali adquirieron un lote junto al estadio por valor de $ 9925 millones y que en realidad tenía un costo de $ 1900 millones.
Luego de asegurar que es infundado ese señalamiento en la auditoría forense, Martínez y Sinisterra explicaron que lo que se acordó fue adquirir un espacio para parquear 4000 carros porque, dadas las dificultades de acceso al estadio se había ordenado el cierre, pero lograron en la primera administración de la gobernadora Dilian Francisca Toro reabrirlo bajo ciertas condiciones, como reducir aforo máximo a solo 25.000 espectadores, cuando la capacidad era para 42.000.
“Es clarísimo que el estadio en finales se llena y, cuando se jugó la final del 2015, no teníamos limitación, pero para el 2017, que teníamos esa restricción, tener un menor aforo nos representó cerca de $ 2500 millones menos en ingresos”, dice Martínez.
Para mejorar las condiciones del Estadio Palmaseca, ampliar el número de parqueaderos y acondicionar otra salida por la vía a Rozo se adquirió el lote de 125.000 m2 a la empresa Inacar, con un acuerdo adicional.
El uso del suelo en los alrededores del estadio es recreacional y la empresa Inacar quería pedir cambio de POT para construir vivienda campestre cerca a Palmaseca, para lo cual la firma y el Deportivo Cali harían causa común en los próximos cuatro años y en la cual el equipo obtendría un beneficio si se modificaba el uso del suelo.
“El Cali debía pagar a $ 74.000 el m2 y los 125.000 m2 tenían un valor de $ 9250 millones. Pero si conseguía el cambio en el POT, Inacar le reembolsaría $ 3000 millones y quedaría ese lote en $ 6250 millones, pero si no se lograba el cambio en el uso del suelo, había que pagar $ 3000 millones más”, explica Martínez.
Pero luego de cuatro años no se logró cambiar el POT y el Deportivo Cali debía cancelar los $ 3000 millones restantes. Para entonces el flujo de caja no permitía hacer ese pago y la empresa Inacar recibió ese dinero en tierra. De los 125.000 m2 le devolvieron el equivalente al mismo precio que adquirieron el metro cuadrado, y el Cali se quedó con 88.000 M2.
Donde está el error de cálculo, dicen, que en el 2018 salió un avalúo de gente de la lonja que dijo que el lote valía casi $ 8000 millones, pero le restó casi $ 6000 millones de las obras de adecuación y, al restar eso, dijo que el lote valía $ 1900 millones”.
“Si usted compra un lote vacío y va a hacer una casa o un edificio, necesita cimientos, ¿entonces hay que restarle al valor del lote esos cimientos o sumarlo? Es absurdo que al valor del lote le hayan restado lo que costaba la adecuación”, indicó Martínez.
Agregó Sinisterra que “el Cali pagó $ 6250 millones por un lote de 88.000 m2 y hoy ese lote, dicho por la misma auditoría forense, está avaluado a precios del 2023 en $ 7074 millones. Entonces, ¿cuál es el sobrecosto o la plata que se perdió? Ahí no hay nada”.
Sobre el fondo fiduciario
Detalla también la auditoría forense que en el Cali se creó un fondo en el que algunos socios invirtieron recursos por los que cobraron intereses muy por encima de los valores permitidos.
“La realidad es que en aquella época, en el 2014, el Cali tenía unas dificultades de caja importantes y además de eso tenía prácticamente cerradas las puertas del sector financiero; es decir, prestaban una platica pero nunca llegaban a más de $ 500 millones”, explica Sinisterra.
“Empezamos a buscar dinero con asociados que de buena voluntad quisieron apoyar la gestión nuestra y prestaron plata y créditos extrabancarios (...) Se necesitaban recursos para financiar la operación del equipo y para invertir en el estadio, porque en ese momento se iba a iniciar la adecuación del Pascual Guerrero para el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo, el estadio estaría cerrado seis meses y uno de los propósitos nuestros es revivir el estadio”, explica.
Detalla Martínez que “eso no fue un invento ni nada sacado del sombrero. Eso se acostumbra en el mundo entero. Fuimos a buscar inversionistas entre gente con plata y conocida, que le diéramos cierta tranquilidad porque el contrato era a riesgo, que se podía dar o no se podía dar, y cuando hicimos ese fondo, en diciembre del 2014, el Cali todavía no había sido campeón y los jugadores que teníamos podían llegar a surgir, pero no era nada fijo”.
“Efectivamente se ofrecieron unos rendimientos del 25 %, que eran altos, pero era una cifra en la que aspirábamos a recoger $ 8000 millones y recogimos $6 300 millones. Eso nos daba tranquilidad para operar y hacer inversiones en el estadio. Afortunadamente fuimos campeones, eso coincidió con una disparada de la tasa de cambio y se vendieron dos jugadores, Candelo y Borré, que nos dieron la plata para pagar el fondo, pagarles a los inversionistas y le quedó una plata muy importante al Cali”, concluye Sinisterra, y explica que la plata que se prestó a un año se pagó en diez meses.
Indemnizaciones y ventas sin permisos
Frente a las críticas por el pago de indemnizaciones, explicó Sinisterra que entre 2013 y 2017 pagaron algo más de $ 2000 millones y la primera de ellas fue a Leonel Álvarez.
“Si un jugador no está rindiendo y no está contento, no queríamos tener una mala energía en el equipo”, dijo el exgerente Alberto Sinisterra.
Complementa Martínez que frente a esa situación “resultaba más costoso cumplir el contrato completo del jugador que no estaba rindiendo que indemnizarlo; entonces si le faltaban seis u ocho meses para terminar el contrato, se le ofrecía el valor de dos o tres meses para que se fuera”.
En lo único que reconocen Martínez y Sinisterra que pudo haber algo anormal fue en que es cierto que no encontró la Auditoría el registro de las actas en las que el comité autorizara algunas transacciones de jugadores.
“Eso fue un acuerdo tácito con el Comité Ejecutivo, porque resulta que la fuga de información en el Deportivo Cali era una locura y con jugadores de fútbol y con equipos de fútbol, hasta que no tengas firmado un contrato y registrado en la Fifa, no tenés hecho el negocio”, dice Sinisterra.
“A raíz de eso, todas las contrataciones y todas las ventas eran debatidas en el Comité y aprobadas por consenso, pero no quedaban registros en las actas y eso es cierto; si nos van a criticar por eso, es real”, agrega.
Afirmación con la que coincide el expresidente Martínez, y aclara que “después de que se vendían los jugadores, lógicamente entraban a la contabilidad el equipo por el valor de lo que se había vendido con todos los soportes de ingresos o egresos”.