El recién nombrado ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, asumió la cartera en un momento clave para el Gobierno de Gustavo Petro: la posible caída de la reforma pensional en la Corte Constitucional, el futuro de la reforma laboral en el Congreso y las tensiones dentro de un Ejecutivo que, con solo 18 meses restantes, busca acelerar su gestión para cumplirle a un electorado que apostó por el cambio.
El sociólogo, con una trayectoria política de más de dos décadas que incluye el paso por el Concejo de Bogotá, el Senado y la jefatura de gabinete de la exalcaldesa Claudia López, reconoció que no contemplan un escenario en el que el alto tribunal tumbe la reforma pensional. Por ello, aún no existe un plan alternativo, y más bien confía en que la Corte hará uso de buen juicio para validar el proyecto.
Usted tendrá la responsabilidad de implementar la reforma pensional y sacar adelante la laboral”. ¿Cuáles son sus prioridades para avanzar en estas iniciativas?
En materia de reforma pensional, avanzamos a buen ritmo en la reglamentación del sistema reformado y en la expedición de los decretos necesarios para que esté listo el 1 de julio, fecha prevista por la ley para su plena implementación.
El año pasado salieron dos decretos y esta semana, en mi primera al frente del Ministerio, publicamos dos más para observaciones ciudadanas. Uno es el Decreto Único Reglamentario (DUR) y el otro, del Ministerio de Hacienda, define el funcionamiento del régimen contributivo y el papel del Banco de la República, encargado de administrar los recursos de ese pilar en el nuevo sistema pensional.
Respecto a la reforma laboral, hemos contactado a todos los sectores políticos del Congreso con representación en la Comisión Séptima para avanzar en el trámite del proyecto de ley, que ya fue aprobado en esa comisión y en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Encontramos un ambiente positivo y el proyecto sigue en discusión.
Menciona un ambiente positivo en el Congreso, pero desde afuera se percibe tensión entre el Legislativo y Ejecutivo, ¿es viable sacar adelante la reforma en este contexto?
No percibo ese ambiente. Algunos medios registran algo que no ha ocurrido. La discusión en la Comisión Séptima del Senado apenas comienza, con una ponencia positiva radicada y mesas técnicas para debatir. He conversado con trabajadores y empresarios, y hay un ánimo constructivo.
La reforma laboral es necesaria para actualizar normas ante nuevas realidades laborales y compromisos internacionales, como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No está fuera de los estándares internacionales; debe garantizar trabajo digno, pensiones justas y reducir desigualdades.
Efraín Cepeda es presidente del Senado, pero no vota en la Comisión Séptima. Allí se definirá el futuro de la reforma, y confío en lograr consensos o una mayoría para su aprobación.
Enfrenta uno de los mayores desafíos del Gobierno: el riesgo de que la Corte Constitucional tumbe la reforma pensional. ¿Qué propondrá si eso ocurre?
Confiamos en que la Corte Constitucional hará uso de su buen juicio y del rigor constitucional y legal para examinar y validar la Ley de Pensiones. Tenemos absoluta tranquilidad de que no hubo vicios de trámite en la reforma porque fue discutida ampliamente durante 2 años.
Además, la Corte debe tener en cuenta que ya existen realidades que pueden ser irreversibles en la implementación de la reforma. Hemos expedido decretos, miles de colombianos han hecho su traslado de los fondos privados a Colpensiones, y otros 100.000 están a la espera de su aprobación. Tanto Colpensiones como los fondos privados han realizado un esfuerzo institucional y financiero significativo para prepararse para la reforma.
Estos elementos deben ser considerados por la Corte. En todo caso, trabajamos con la convicción de que esta es la reforma pensional que merecen los colombianos.
Sin embargo, la decisión final está en manos de la Corte, y la posibilidad de que tumbe la reforma sigue ahí.
¿Cuál sería entonces el plan del Ministerio del Trabajo?
Nosotros no consideramos ese escenario. Estamos seguros de que la ley superará el examen de la Corte Constitucional. En todo caso, estamos a la expectativa de su decisión. Hasta ahora, conocemos la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien ha planteado ciertos argumentos.
Esperamos que otras ponencias sean discutidas en la plenaria y que la Corte tome una decisión responsable, que no debería ser otra que la validación constitucional de la ley. Ahora bien, una ponencia no es una sentencia.
Mientras se define el futuro de la reforma, hay colombianos que ya han hecho el traslado al fondo de pensiones bajo la nueva norma. ¿Qué pasará con ellos si la reforma no avanza?
El pronunciamiento de la Corte no debe obviar esa circunstancia. Son derechos adquiridos de los ciudadanos.
En caso de que la Corte no apruebe la reforma pensional, ¿qué consecuencias traería para el país?
Sería una victoria pírrica de una oposición que se resiste a los cambios que merecen los colombianos para acceder a una pensión digna. Y perdería el país, no el gobierno. Perderían quienes hoy ingresan al mundo laboral y deberán pensionarse en el futuro, los actuales pensionados y las generaciones que vienen, quienes podrían quedar sin acceso a una pensión digna por las condiciones en las que hoy opera el sistema.
¿El país puede tener la certeza de que el Gobierno respetará cualquier decisión que tome la Corte?
Nosotros no hemos desacatado ninguna decisión de las Cortes. Este gobierno puede estar en desacuerdo o tener opiniones contrarias, pero en democracia y respetando la separación de poderes, las decisiones de las altas cortes se acatan como corresponde.
¿Está de acuerdo con impulsar movilizaciones para respaldar la reforma pensional o prefiere buscar una conciliación y volver a presentarla en el Congreso?
Mientras la Corte discute, en democracia los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, ya sea en las calles, en redes sociales o en el debate público. No solo estamos de acuerdo, sino que (…) hemos invitado a la ciudadanía a participar. Esto no es nuevo: ha ocurrido en debates sobre el aborto, las corridas de toros y otros temas polémicos. No hay que temerle a la movilización; una democracia viva es aquella con ciudadanos móviles actuando, participando y opinando.
Pero cuando esas movilizaciones buscan presionar a la Corte, ¿no cree que esto podría interferir con la separación de poderes?
No. Fue la gente movilizada en el estallido social la que hundió la reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla y precipitó su salida del gobierno de Iván Duque, porque nosotros en el Congreso éramos minoría. La movilización es legítima y la presión no es indebida. Así que los magistrados de la Corte no deberían sentirse acorralados porque la gente se exprese y se movilice pacíficamente.
¿En qué consistiría esa “nueva ola de reformas”? ¿Qué propone?
Quedan asuntos pendientes por reformar en el país. En materia de educación pública y educación superior, si no se aprueba la reforma a la Ley 30 en cuanto a financiación, quedarán muchos vacíos. Además, la Ley Estatutaria de Educación se hundió en el Congreso y no habrá tiempo de tramitarla.
Hay asuntos que quedaron por fuera de la reforma laboral y que no serán parte del debate actual, pero que podrían requerir un nuevo proyecto de ley sobre los derechos colectivos de los trabajadores. En términos de política social, seguramente se necesitarán nuevas medidas. En materia ambiental, el cambio climático exigirá nuevas legislaciones.
Piense en el impacto, aún desconocido en su totalidad, de la inteligencia artificial. Esto también requerirá regulaciones específicas que nos permitan estar a la altura de esta nueva realidad. En definitiva, debemos responder a las demandas de la ciudadanía para construir una democracia más sólida, de mayor calidad y con un verdadero Estado social de derecho.
Después de los remezones ministeriales, ¿le gustaría permanecer en el cargo hasta el final del gobierno, en el Ministerio de Trabajo?
Yo llegué con el propósito de acompañar al presidente hasta el 7 de agosto del 2026.
La Fiscalía adelanta investigaciones por presunto tráfico de influencias en su contra. ¿Cómo responderá a estas acusaciones?
La Fiscalía pretende formular una acusación por un presunto e inexistente tráfico de influencias basado en hechos de hace 17 años. Sin embargo, en todo este tiempo, ni la Fiscalía ni la Corte han podido construir una acusación formal. Se trata del nombramiento de una gerenta de hospital que ganó el cargo por concurso.
Estoy absolutamente tranquilo y seguro de mi inocencia. Como no hay una acusación formal, este asunto sigue en manos de mis abogados, quienes han manejado el caso desde el principio. Llevo 20 años en la vida pública sin haber recibido ninguna sanción disciplinaria, fiscal ni penal.
Hemos solicitado el archivo de la investigación, pues no existe ninguna conducta que infrinja el Código Penal. Espero que se resuelva en las próximas semanas o meses, y esto no afectará en absoluto mi labor como ministro.
Restan 18 meses para que termine el primer gobierno de izquierda en este país. ¿Qué le gustaría lograr en ese tiempo?
La Constitución establece que el período presidencial no es de dos años, sino de cuatro. Lo que queda es bastante tiempo. Estamos en la mitad del camino, como en un partido de fútbol de 90 minutos: apenas arrancamos el segundo tiempo. Nuestra responsabilidad es dejarle al país un legado con estas reformas.
Vamos a entregar tres grandes reformas sociales, de las que se hablará en los próximos 50 o 100 años: la laboral, la pensional y la de salud.
Además, haremos el revolcón institucional más importante desde la Constitución del 91, con la reforma al Sistema General de Participaciones. También discutiremos en este Congreso una ley de competencias para fortalecer la autonomía territorial de gobernaciones y alcaldías.