El presidente Gustavo Petro sancionará este martes, 16 de julio, la ley de reforma pensional, la cual entra en vigencia en un año y transforma el sistema que operaba en Colombia.
El principal cambio es el establecimiento de los pilares. Uno solidario para las personas en condición de pobreza e implica que los mayores de 65 años tendrán una renta mínima mensual. Otro semicontributivo, que cobija a los afiliados de 65 años de edad, si son hombres, o más de 60, si son mujeres, que no hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión.
También está el pilar contributivo, que es en el que estarán la mayoría de los colombianos. Colpensiones recibirá las cotizaciones de los afiliados hasta 2,3 salarios mínimos mensuales. Si la persona gana más dinero, esas cotizaciones irán al sistema de ahorro individual.
Otro de los puntos diferenciales de la reforma pensional es que da beneficios a las mujeres. Según Carolina Sáchica Moreno, directora del Programa de Derecho de Utadeo, uno de ellos es la reducción en las semanas mínimas de cotización, pasando de 1300 a 1000 en 2036. “La reducción se hará de manera paulatina, a partir del 1 de enero del 2025 se disminuirán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1000 en 2036″.
Pero, además, la reforma establece un beneficio de reducción de semanas para mujeres con hijos, el cual se aplicaría a quienes cumplan la edad mínima para acceder a la pensión y no cuenten con la totalidad de semanas, “En este caso, las mujeres podrán obtener el beneficio de disminuir 50 semanas por cada hijo, por un máximo de tres hijos”, añade.
Principales retos
Pese a que la ley de reforma pensional ya está avalada, siguen los cuestionamientos.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, considera que son varios los desafíos, por un lado, el transito en la Corte Constitucional, pues considera que el proyecto tiene “severos problemas de inexequibilidad” y, por otro lado, establecer cómo se administrará el fondo de pensiones y cómo se garantizará que se haga de forma profesional.
“Un tercero reto es la sosteniblidad fiscal ante la situación desafiante en materia de finanzas públicas en el país. Unido a esto está la implementación, solo se tendrá un año y eso hace muy complejo y difícil ponerla en marcha, pues el sistema no está preparado para ese cambio”, comentó.
Otros puntos que preocupan están relacionados con el artículo que puso un impuesto a las pensiones mayores de $3,2 millones y el sistema diferencial que se plantea para población rural vulnerable (campesinos, indígenas, afros), debido a los problemas fiscales del país.
De igual forma, José Miguel Cortés, abogado y asociado de Chapman Wilches, considera que los retos para el país con esta reforma tienen que ver con tres puntos básicos: la transición demográfica, el impacto fiscal y la capacidad técnica y administrativa de Colpensiones.
“El nuevo modelo pensional está basado en un sistema de pilares financiado principalmente por el flujo de las cotizaciones que los trabajadores realicen al mismo, pero en el que el derecho pensional no responde a este, es decir, una persona que no haya contribuido al sistema puede ser beneficiaria de una prestación económica del mismo. Este es un gran reto, por cuanto debido a la transición demográfica que vive el país, el nivel de jóvenes en el mercado de trabajo es cada vez más bajo”, dijo.
De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Entidades Financieras - ANIF, en Colombia para los años sesenta, por cada adulto mayor había 11 trabajadores, actualmente hay 5, en el 2050 serán 2 y el 2100 solamente 1, lo que implica que, eventualmente el sistema tendrá una crisis de financiación, tal y como ocurrió en Alemania, que adoptó el modelo por pilares desde los años cincuenta pero que recientemente regresó al sistema de ahorro, que Colombia acaba de abandonar, por cuanto hay un nivel bajo de personas jóvenes en el mercado laboral frente el alto número de pensionados.
Frente al impacto fiscal dijo que “a largo plazo, el gasto del PIB para poder financiar el nuevo sistema sería 75,19% adicional al gasto actual. De igual forma, sería necesario 159% del PIB para financiar los gastos del sistema. Este es un gran reto que implicaría la sostenibilidad misma del nuevo sistema pensional”.
Igualmente, dijo Cortés que el Gobierno mismo ha reconocido la necesidad de que en los próximos años se debe hacer una reforma paramétrica, es decir que se tendrá que subir la edad de pensión, punto que ahora no se tocó.
“Esto es un evidente reflejo que esta ha sido una reforma pensional que no resuelve de fondo la crisis del sistema y que por el contrario puede agravar el mismo, especialmente en cuanto la financiación de este y, por consiguiente, de su sostenibilidad”.