A través de una carta enviada a Luis Carlos Reyes, director general de la Dian, los gremios del país presentaron su posición frente al Proyecto de Decreto por medio del cual se modificará y adicionará parcialmente el Decreto 1165 de 2019 (parte sustantiva de la regulación aduanera colombiana).
Aunque en la misiva recalcan que no se oponen a la facilitación del comercio exterior, ni a la lucha contra el contrabando, sí consideran que no están dadas las condiciones de infraestructura, jurídicas, tecnológicas, ni de seguridad, para la implementación de las declaraciones anticipadas obligatorias para todo tipo de mercancías, las inspecciones previas y simultáneas en lugares de arribo, ni las declaraciones de ingreso.
Por tal razón, le expusieron los siguientes puntos que, según ellos, pueden generar condiciones adversas al comercio exterior del país:
- Desestimulo al uso de los depósitos públicos y privados los cuales son hoy en día un actor logístico clave para el comercio exterior.
- De no ser suficiente y adecuada la infraestructura de los puertos, aeropuertos y cruces de frontera, las diligencias de inspecciones previas para tomar seriales, etiquetar de manera previa al levante las mercancías, serán realizadas en el exterior, con la consecuente reducción en el uso de mano de obra colombiana y pérdida de empleos.
- Afectación económica y social de aproximadamente 8.000 familias que trabajan en los depósitos públicos y privados, por la imposibilidad de hacer el traslado a estas zonas, según propone la norma.
- Congestión en los lugares de arribo con mercancía para nacionalizar, en abandono, en aprehensión, en decomiso, y en exportación.
- Posible afectación de la calificación de riesgo de los transportadores y declarantes por obligaciones creadas bajo el término “comportamiento esperado”.
- Para cierto tipo de carga no se garantizarían las condiciones adecuadas en lugar de arribo para realizar inspecciones a causa de: la humedad, la temperatura, la exposición en un medio no adecuado, inexistencia de espacio, infraestructura, riesgos de contaminación a la carga en mercancías sensibles (dispositivos médicos, maquinaria, tecnología), etc.
- Impacto colateral al sector agroexportador ante las limitadas condiciones de infraestructura en los aeropuertos para atender simultáneamente las temporadas altas y la nacionalización de mercancías en lugar de arribo, lo cual afecta la seguridad y la eficiencia de las exportaciones aéreas de perecederos.
- Las declaraciones anticipadas al establecerse obligatorias dejan de ser un mecanismo de facilitación para ser uno de control, lo cual es contrario a los acuerdos internacionales de facilitación de comercio exterior, y la forma como están planteadas desconoce los tiempos de los trayectos cortos.
- La extemporaneidad en las declaraciones anticipadas obligatorias genera consecuencias económicas desbordadas y desproporcionadas, que incluso pueden llevar a la aprehensión de la mercancía.
- Las constantes fallas en la funcionalidad de los Servicios Informáticos Electrónicos que cumplen más de un mes, evidencia que es necesario trabajar en un sistema robusto y estable, y que es fundamental una mayor capacidad de reacción de la Dian para resolver los problemas tecnológicos.
- Entrar a operar en un esquema incierto como el propuesto por la Dian, generaría mayores costos en las operaciones de comercio exterior, y en consecuencia una pérdida de competitividad colombiana ante el mundo y en particular del aeropuerto El Dorado en Bogotá como hub de conexiones.
- Aumento en los precios para el consumidor final.
“Consideramos lamentable que no fueran escuchados los comentarios presentados, y que las consecuencias legales, económicas y sociales las deba padecer el empresario colombiano, el trabajador de comercio exterior, el ciudadano, y en general la sociedad colombiana. Finalmente, hacemos un llamado general a ejercer la solidaridad y la empatía, en especial en tiempos de crisis económica mundial”, señalaron en la carta.