El plazo inicial para alcanzar una concertación del salario mínimo entre empresarios y trabajadores se vence este viernes. A diferencia del acuerdo alcanzado en 2022, este año se observa un progreso limitado.
El complejo panorama económico del país, la situación política, muy distinta a la del año pasado, y el ‘ruido’ que genera la reforma laboral, son algunos de los factores que los analistas destacan como poco favorables a un acuerdo y que, eventualmente, llevarían a que el Gobierno fijara el aumento por decreto.
Analistas sobre la situación
Según Carlos Adolfo Prieto, profesor observatorio laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, el proceso de negociación se ve afectado por la coyuntura económica, las reformas en curso y decisiones internacionales, como las de la COP-29, acerca de la descarbonización de la economía en un futuro próximo.
”La concertación del reajuste al salario mínimo este año ha estado marcada por ese escenario, lo que hace que sea muy compleja y que merezca la mayor atención y el mayor cuidado por parte tanto del Gobierno Nacional, representantes del Ministerio del Trabajo, como por los gremios y los trabajadores”, afirmó Prieto.
Los trabajadores han pedido un ajuste del 18%, mientras que empleadores y gremios no se han comprometido con una cifra, pero han alertado que, con los cambios que se vaticinan con la reforma laboral, están muy lejos de poder asumir un incremento de esas proporciones.
”No sería solamente el aumento del salario mínimo, sino también el aumento que se vería en el futuro sobre los costos laborales asociados al trabajo formal”, explica Prieto. Además, agregó: “esto tendría un impacto dramático en la medida en que Colombia, a diferencia de otras economías de la región, todavía tiene un porcentaje de inflación alto. No ha logrado bajar a los niveles que debería tener y un aumento del salario mínimo, al contrario de lo que propone el gobierno cuando dice que un mayor salario implica una mayor disponibilidad de dinero, lo cual implica un mayor consumo”.
Un incremento salarial podría desencadenar un aumento inflacionario, complicando la situación económica del país. Esto dificultaría la meta de llegar a una reactivación en 2024, especialmente considerando las preocupantes cifras de 2023.
”El clima está basado entre la desconfianza, la incertidumbre y la cautela”. Jiménez destacó la tensión generada por la simultaneidad de la discusión salarial y la tramitación de la reforma laboral en el Congreso.
Según Jiménez, el salario mínimo se convierte en una barrera para la formalización de empleo, especialmente en un tejido empresarial donde predominan micronegocios y empresas familiares.
La tensión se agrava al considerar que casi el 60% de los trabajadores en Colombia están en la informalidad, y un aumento del salario mínimo podría afectar la estabilidad de estos negocios.
Ambos expertos coinciden en que el resultado de la concertación es incierto, aunque Jiménez Uribe se atreve a asegurar que “no habrá concertación” debido a las tensiones y las posturas alejadas entre las partes.
De no alcanzarse un acuerdo, el gobierno podría determinar por decreto el reajuste, generando posiblemente un aumento cercano a las demandas de los sindicatos, lo cual tendría consecuencias económicas significativas.
*Información de Colprensa.