El 3,8 % del territorio colombiano es una área titulada hoy para el desarrollo minero. La cifra parece pequeña, sin embargo, la actividad está regada por gran parte del territorio nacional y cobija 4,37 millones de hectáreas.

En la actualidad son 8866 títulos mineros vigentes (derecho que se otorga a una empresa para explorar y explotar el suelo y el subsuelo). Inclusive, el Valle del Cauca, que no es una región con gran minería, tiene 310 títulos mineros vigentes que representan un área de 119.499 hectáreas, correspondiente al  5,6 % del departamento. Podríamos decir que la minería en el Valle ocupa un poco más del 50 % del área sembrada en caña de azúcar y es tres veces más el área sembrada en frutas.

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Según cuentas de Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, el impacto económico de esta industria no es poco: son casi $3 billones al año -la mitad de lo que aporta una reforma tributaria- y genera 350.000 empleos.

Ahora, afirmó el directivo, el futuro de la minería está en juego porque surgió otro elemento de incertidumbre. “Cada proyecto no solo tendrá que cumplir con la regulación nacional sino que estaremos atados a consultas populares municipio por municipio. Hay unos 10 departamentos con consultas no solo por minería sino por hidrocarburos, gas y energía eléctrica. Hace poco se votó la consulta en Cabrera, Cundinamarca donde no dejaron desarrollar una hidroeléctrica. Esto se expandirá a todos los sectores”, predijo.

Papel de las consultas

Para los empresarios de las industrias extractivas dos cosas dejó claro la consulta popular del pasado domingo en Cajamarca, Tolima, donde la población rechazó la construcción de proyectos mineros en ese territorio en el que hay 19 títulos vigentes para explotación de oro.
Por un lado, afirma Santiago Ángel, se debe trabajar más con las comunidades y, por otra parte, surge una alerta sobre la figura de la consulta, la cual consideran “un mecanismo peligroso para el país en el sentido que genera incertidumbre porque no tiene fundamento técnico sino que es una consulta política”.

Pero para los defensores del medio ambiente es claro que la consulta popular es un instrumento de participación que se debe respetar. Por ejemplo, la profesora Natalia Pérez, miembro del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, dijo que la consulta de Cajamarca es de obligatorio cumplimiento porque llenó todos los requisitos y, además, resaltó la docente que los mecanismos de participación están regulados por una ley estatutaria que prima sobre otras leyes en el ordenamiento. “Sino se cumple lo decidido por el pueblo, se podría decir que es una violación al estado social de derecho”.

Asimismo, Marcela Navarrete, directora de la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad del Valle, considera que la consulta marca un precedente único en el país, aunque no se puede decir que con ella se parará la inversión minera. “Esto es una señal de alerta para el Estado que no puede seguir creyendo que todos queremos un desarrollo extractivista. Hemos llegado a tal punto de flexibilidad que las licencias ambientales son un adorno”, afirmó.

Para esta investigadora, este es el momento para que el país se pregunte cuál es el desarrollo que quiere y si este seguirá basado en las industrias extractivas.

“Si es así, habría que mirar en detalle dónde se hará la minería, fortalecer la normatividad y control”, pues considera que las reglas se han flexibilizado favoreciendo a las multinacionales.

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Pero otra visión aporta la abogada Margarita Ricaurte, quien dice que “ninguna decisión adoptada por consulta popular puede ser contraria a la Constitución Política y a la ley. Conceder a los entes territoriales un derecho de disposición sobre los recursos naturales va en contravía de la Constitución, porque estos no pertenecen a los municipios, ni a las comunidades, sino al Estado”, aseguró.

A su juicio, se requiere reglamentar las consulta “aunque fuere necesario una reforma constitucional, porque la minería y el petróleo no pueden quedar en manos de los entes territoriales”.

Para Ricaurte, los títulos mineros otorgados válidamente son derechos adquiridos, aunque para ejercer los derechos de exploración y explotación se requiera de requisitos adicionales como los ambientales.
El dilema

La inversión minera en Colombia venía siendo en promedio de US$3000 millones al año. En 2016 se redujo casi a cero, luego de la crisis de precios de los minerales, pero la expectativa era de reactivación para este 2017.

El ministro de Minas, Germán Arce, luego de la consulta de Cajamarca, aseguró que no todo está dicho sobre el futuro de la minería y que viene una gran discusión en el país, abriendo la posibilidad a que, en el futuro, sí haya minería en esa población.

El funcionario afirmó que se puede hacer explotación minera bien hecha y recalcó que este año arrancan tres grandes proyectos que cuentan con el respaldo de la comunidad y tienen las licencias ambientales respectivas, lo que demuestra “que se puede explotar el recurso de manera responsable”.

Los tres proyectos son: Continental-Buriticá que comprende 69.983 hectáreas; Red Eagle en Santa Rosa con 10.000 hectáreas y Anglogold con el proyecto de Cisneros. Todos estos en Antioquia.

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, recordó que el 50 % de los títulos mineros en el país corresponden a materiales de construcción y el resto está repartido entre carbón y minerales.

“Creo que las consultas populares son otro obstáculo para el desarrollo minero y es de los más grandes preocupaciones. Hay que seguir dando este debate y hemos pedido una ley de la República, que sea el Congreso el que dirima un conflicto sobre dos partes que tienen razón, comunidades y Estado, pero que deben estar armonizados y el Congreso debe dar claridad”, afirmó.

Tanto para los ambientalistas como para los defensores de la minería bien hecha en Colombia hay algo claro: el país debe revisar su política de desarrollo extractiva y las comunidades deben tener una mayor participación.

En el Valle
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  1. Analistas consideran que el impacto social y ambiental de la minería no es despreciable para el Valle que tiene 310 títulos mineros.
  2. El 75 % de estos son de materiales de construcción, 9% carbón, 6% de calizas y 4% de metales preciosos.
  3. La ANM tiene pendientes 125 solicitudes de legalización y 5 solicitudes de delimitación y declaración de Áreas de Reserva Especial. En el Valle hay 11 Zonas Mineras de Comunidades Negras.
  4. Colombia ocupa el puesto 10 en la producción de carbón a nivel mundial. Es el primer productor de esmeraldas, el 7 de níquel y el 20 de oro.