Ante la polémica intervención que el Gobierno Nacional decidió llevar a cabo en la Universidad Nacional de Bogotá para elegir rector encargado a través del ministro de Cultura, Juan David Correa, como ad hoc de Educación, por la presunta ilegalidad que hubo en la elección de José Ismael Peña, muchos sectores tanto políticos como de la academia han rechazado esta decisión afirmando que se viola la autonomía universitaria.
Uno de ellos, que lo hizo de manera contundente, fue la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) que, por medio de un comunicado, aseguró que la Resolución 7480, del 15 de mayo de 2024, proferida por el Ministerio de Educación, que ordena al Consejo Superior de la institución que, en el término de 24 horas, convoque una sesión extraordinaria cuyo único punto sea encargar a un nuevo rector o rectora, vulnera la autonomía universitaria.
“La Autonomía Universitaria tiene carácter constitucional, pues el artículo 69 establece que las universidades definirán sus directivas y se regirán según sus propios estatutos”, indicó la asociación.
Asimismo, aseguraron que la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre el principio de la autonomía universitaria, en la cual los magistrados han establecido su definición, finalidad, sentido y alcance.
“En cuanto a su definición, señala en sentencia T-310 de 1999 como ‘(…) la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior’. Así mismo, esta providencia define que ‘la autonomía universitaria es un principio pedagógico universal que permite que cada institución tenga su propia ley estatutaria, y que se rija conforme a ella, de manera que proclame su singularidad en el entorno’”, indica Ascun.
Además, la asociación citó la sentencia C-220 de 1997 de la Corte Constitucional, que reza: “Las universidades del Estado son instituciones que para mantener y preservar su esencia deben estar ajenas a las interferencias del poder político. En consecuencia, no pueden entenderse como parte integrante de la administración o como organismos supeditados al Poder Ejecutivo. Ellas deben actuar con independencia del mismo y no estar sujetas a un control de tutela como el concebido para los establecimientos públicos”.
Teniendo en cuenta lo anterior, Ascun destacó que la autonomía universitaria es un principio universal, el cual “permite mantener a las instituciones de educación superior por fuera de la interferencia del poder político, y de ahí que aquellas no hagan parte del Poder Ejecutivo, esto es del Ministerio de Educación, y no estén supeditadas a esta última a través del control de tutela”.
Sobre que el Gobierno haya dispuesto una resolución para designar un rector, así sea por encargo, no solo de la Nacional, sino de cualquier otra universidad del país, “es un claro ejercicio de control de tutela, el cual está proscrito por nuestra Constitución, por ser altamente vulneratorio de la Autonomía. Menos aún, el control de tutela puede confundirse con las funciones de vigilancia que tiene el Ministerio de Educación”.
En las últimas líneas de su misiva, Ascun advierte que una situación que vulnera la autonomía de la Universidad Nacional de Colombia abre la puerta a hechos similares en todas las instituciones de educación superior del país.
Por su parte, el Comité Universidad - Empresa - Estado de Bogotá y Cundinamarca, integrado por 61 empresas e instituciones de educación públicas y privadas, expresó su preocupación por estas acciones que, según ellos, amenazan con quebrantar la autonomía universitaria, pilar de la institución universitaria y de la democracia, reconocida en la Constitución.
“Queremos enfatizar que consideramos que los debates y decisiones de cada universidad deben darse en el marco de la autonomía consagrada por nuestra Constitución, de acuerdo con los estatutos que las rigen, respetando la pluralidad en el origen y naturaleza de cada una, y dentro de un marco de respeto a la diversidad, la transparencia y la legalidad. El desconocimiento de la autonomía universitaria, pone en riesgo el pensamiento libre, la democracia y el criterio autónomo que se fomenta en las universidades”, advirtió el comité.