Este viernes, 27 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro se pronunció sobre el comunicado que causó polémica en el país, en el que la mesa de diálogo con las disidencias asegurara que se permitirá la presencia de los negociadores en Popayán, el mismo día de las elecciones territoriales, domingo 29 de octubre.
Frente a eso, el presidente Petro afirmó en su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter que: “Ni el Comisionado de Paz, ni el gobierno nacional han dado autorización alguna para que el EMC participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país”.
Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez se pronunció sobre lo sucedido: “Rechazo categóricamente la presencia del EMC en cualquier escenario relacionado con la próxima jornada electoral. Su participación es inaceptable en actos protocolarios y en puestos de votación en cualquier lugar del país”, resaltó.
El plan original era que las autoridades electorales llevaran a cabo allí, por primera vez, el acto de apertura de las elecciones del 29 de octubre. Sin embargo, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo afirmaron que: “instalarán estos comicios desde otro lugar del territorio nacional y no en la ciudad de Popayán, tal como se había anunciado”
Y es que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría también negaron la invitación: “No es cierto que la Organización Electoral los haya invitado”, dice un comunicado.
Más temprano, en un texto firmado por los líderes de ambas delegaciones, Camilo González y Andrey Avendaño, aseguraron que se trasladarían a Popayán para asistir a tal acto y que contribuirían con el normal desarrollo de la jornada.
“Los integrantes de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc-EP en pleno y por invitación de las autoridades electorales, estarán presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país que se hará desde esta ciudad”.
Esto, luego de que se denunciara que en 21 puestos de votación se imposibilitó la entrega del material electoral, debido a la situación de orden público por presencia las disidencias y de otros grupos armados.
En un video, el líder negociador del Gobierno, González admitió que se han “presentado algunos hechos irregulares”, pero que hoy en día “la situación está normalizada” de acuerdo con los protocolos del cese al fuego, en el que “se habla expresamente de no interferencia con el debate electoral y las campañas”.
Desde sectores políticos de la oposición hasta algunos alcaldes y gobernadores se quejaron de la manera en que se manejó esta situación.
En palabras del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga: “¿Cómo que las disidencias tienen que dar la autorización? Eso no puede pasarnos, es el Estado colombiano el que tiene que garantizarnos el libre ejercicio de las elecciones”.
Por su parte, el analista político Gabriel Cifuentes aseguró que es “inexplicable que las disidencias acompañen apertura de elecciones en Cauca. Ni gesto de paz, ni acto conducente a firma de un acuerdo. Mientras no se desmovilicen serán actores armados ilegales que no deberían condicionar el ejercicio democrático ni supervisar actividad electoral”.
Difícil situación de orden público
Vale la pena resaltar que esta información se dio a conocer en el ojo público, ante la situación difícil por la que está atravesando el país en materia de orden público previo a la jornada electoral, que se realizará el próximo domingo, 29 de octubre.
En 133 municipios de 24 departamentos podrían presentarse protestas, asonadas, bloqueos y alteraciones de orden público por los resultados de las elecciones regionales del 29 de octubre.
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo al presentar un informe preventivo, a tres días de los comicios, en el que el Observatorio de Conflictividad Social da cuenta de que varios factores desenvueltos durante la campaña electoral podrían incidir en “inconformidad de los votantes” hasta el punto de provocar diferentes conflictos.
De acuerdo con la Defensoría, en 133 municipios podrían presentarse “protestas, disturbios, asonadas, bloqueos y afectaciones a bienes públicos y privados”, principalmente por la no aceptación de los resultados. El beneficio a una candidatura u otra, según manifestó el defensor del pueblo, Carlos Camargo, “podría generar situaciones de violencia”.
*Con información de Colprensa.