Por Argemiro Piñeros, reportero de Colprensa
Su voz es una de las más autorizadas en cuanto al tema electoral se refiere, dado que su experiencia en los procesos democráticos del país es de más de dos décadas. Es Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE.
Para la jornada de hoy, cuando los colombianos saldrán a escoger a 32 gobernadores, 418 diputados, 1102 alcaldes, 12.072 concejales y 6513 ediles de las Juntas Administradoras Locales, JAL, esta organización no gubernamental se ha venido preparando desde hace meses.
Barrios, en entrevista con Colprensa, habla de los riesgos de fraude en estos comicios y de la compleja propuesta emanada del Gobierno Nacional para pagar recompensa a quien denuncie la compra de votos.
¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene la MOE frente a estas elecciones territoriales?
La primera de ellas, indiscutiblemente, es poder tener la información completa de cuáles son los candidatos inhabilitados, pero, además, la de poder saber cuáles son los candidatos y las candidatas que van a aparecer en los tarjetones. Esa información es sumamente importante, porque hay decisiones que se han venido tomando, por ejemplo, a través de tribunales o esta semana también en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué sería fundamental para que los ciudadanos tuvieran la información oportuna de esa persona?: irla actualizando, pero, posiblemente, va a ser muy tarde ya para los ciudadanos.
¿Cuáles son los hallazgos que se han hecho en esta oportunidad desde la Misión en cuanto a posibles casos de trashumancia electoral?
La segunda información pública, que es muy importante, es la de poder tener el registro de cuántas cédulas inscritas fueron anuladas. ¿Por qué es importante este dato? Porque, cuando finalizó el proceso de inscripción de cédulas, empezaron a presentarse bastantes alertas sobre transhumancia electoral. Hay municipios que tenían tasas muy altas de inscripción de cédulas que pueden ser presunta trashumancia electoral y uno de los problemas que usualmente se ve antes de las elecciones o el mismo día electoral, es cuando empiezan a llegar ciudadanos trasladados de municipios medianos a municipios pequeños y en algunos casos, lamentablemente, eso ha terminado en problemas de orden público.
¿Tener esa información qué permite?: contrastar si hubo o no un mayor número de anulación de cédulas en los municipios que se señaló que había transhumancia electoral o poder explicar cuáles son las razones por las que no se hizo la anulación de esa inscripción de cédulas.
A propósito, ¿cómo está el panorama en cuanto a posibles afectaciones de orden público en el país durante los comicios de hoy?
En cuanto a los mapas de riesgo en términos de posibles afectaciones de orden público, la MOE presentó una actualización. Estamos hablando de que pasamos de 166 a 201 municipios. En algunos disminuye el nivel de riesgo, en otros aumenta, y hay otros nuevos, pero, obviamente, tiene que hacerse un seguimiento para poder definir, entre otras cosas, si es necesario que se muevan algunas mesas de votación a la cabecera municipal para seguridad de los votantes. También se debe hacer una actualización sobre las afectaciones en el traslado del material electoral a algunos territorios.
¿Por qué le preocupa la propuesta del presidente Gustavo Petro de pagarles recompensa a quienes denuncien casos de compra de votos?
Se hace el anuncio de la entrega de la posible recompensa por la posible compra de votos y esto lo atamos a la debilidad institucional que se tiene para poder hacer seguimiento real y vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas. El día que se hizo la última Comisión de Seguimiento Electoral, de 128.000 candidaturas, solo el 5 % había entregado algún tipo de información.
Pero sobre esa iniciativa, ¿cree que se correría el riesgo de que se presenten ‘falsos positivos’ en la denuncia de compra de votos?
Para nosotros es absolutamente necesario dejar una claridad meridiana y es que la Misión de Observación Electoral no paga por información. Nosotros recibimos información como un ejercicio ciudadano de lucha contra la corrupción y de transparencia del proceso electoral y quien establece el mecanismo, los procedimientos y las rutas para pagar por información sobre presunta compra de votos es el Gobierno Nacional.
La MOE no tiene nada qué ver con esa ruta, para que no se lleven a equivocación los ciudadanos y después estén esperando que la Misión de Observación Electoral haga algún pago por la información recibida.
¿En este proceso electoral ustedes han recibido más quejas o denuncias que en elecciones anteriores?
No, en procesos regionales lo que hemos visto es que, de acuerdo al momento electoral, se empieza a recibir más información, y sucede cada vez más cerca de la fecha de la elección. Nosotros recibimos, sobre temas relacionados con las diferentes modalidades de compra de voto, 240 informaciones ciudadanas y ese es un número muy parecido a lo que hemos recibido en otros procesos electorales.
En Colombia apenas hemos venido fortaleciendo la cultura de informar sobre irregularidades, información que puede indicárseles a las autoridades o a la misma MOE. Se ha venido fortaleciendo campaña tras campaña, entonces tenemos unas ciudades donde recibimos más información, pero lo que hemos encontrado es que hay una correlación directa con el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre la justicia y la importancia de tener elecciones libres y donde hay mayor voto de opinión, porque lo que están buscando es que las elecciones se hagan de manera correcta. Entonces, cuando vemos la cantidad de información recibida, es especialmente de las capitales o de las ciudades medianas y grandes.