Alarma por muertes de excombatientes de las Farc: ¿de dónde vienen las balas?

Se llamaban Anderson Pérez Osorio y Daniel Esterilla. El primero tenía 25 años; el segundo, 61. Ambos le apostaron a dejar las armas que empuñaron estando en las Farc y a la reincorporación a la vida civil. Pérez se valió de una cámara de video y Esterilla al don de la palabra para lograrlo. Fueron asesinados en el suroccidente del país el mismo día.

Esterilla fue el fundador del frente 29 de las Farc que tenía injerencia en Nariño, pero se inició como miliciano del octavo frente. Su proceso de reincorporación comenzó en la zona veredal El Madrigal, ubicada en un sector conocido como Alto de la Paloma, y actualmente estaba en ETCR Aldemar Galán. Fue uno de los que más charlas dio durante el proceso de pedagogía de paz tras la firma de los Acuerdos. Quienes lo conocieron coincidieron en señalar que era uno de los mejores capacitadores, ya que lograba con la palabra y su hablar pausado entregar el mensaje de manera clara y concisa.

A Anderson, por su parte, lo recuerdan por su carisma y entrega tanto en el periodismo como en los temas de derechos humanos. En 2017 hizo parte de una escuela de comunicadores para la paz en La Elvira, Cauca, donde se destacó por sus deseos de aprender y la curiosidad, según describe Manuel Bolívar, el director de NC Noticia, el informativo en el que Anderson laboraba.

Lea también: Asesinato de exguerrilleros es una "clara violación" del acuerdo de paz: líderes exFarc

“Él hizo parte de una película no solo como camarógrafo y guionista. También fue protagonista de una de las historias que se narraron en ‘Historias de guerra’, una cinta cuyo argumento era contar las vivencias de los guerrilleros en las montañas”, describe Bolívar, quien precisó que Anderson encarnó a un agente del Ejército que se infiltraba en la guerrilla.

Los dos crímenes más recientes en contra de excombatientes de las Farc encendieron de nuevo las alarmas, al punto de que el presidente Iván Duque anunció desde Ginebra, Suiza, que para garantizar la protección de los excombatientes se conformará una mesa de coordinación en la que tendrán asiento el Gobierno, la Fiscalía y los organismos de control.

El Mandatario aseguró: “le he pedido a la Fuerza Pública que tenemos que encontrar a los culpables de estos asesinatos (…) no queremos que se sigan presentando estos hechos”.

Sin embargo, la propuesta se queda corta, a consideración de Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, quien dice que los excombatientes han manifestado su inseguridad física, ya que consideran que los ataques no han sido aislados, sino que obedecen a una situación sistemática.

“Por eso no debe existir una mesa sino un proceso interagencial y que cuente con un equipo más técnico en el que se fortalezca el tema de inteligencia para indagar qué es lo que hay detrás. La iniciativa se queda corta frente a la necesidad”, argumenta el especialista.

En la Fiscalía, no obstante, aseguran que se está trabajando para el esclarecimiento, no solo de los casos que se presentaron esta semana, sino los que se han registrado desde el comienzo de 2017.

Las cifras del búnker indican que “la tasa de esclarecimiento de crímenes cometidos contra excombatientes y sus familiares (homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada) es del 51,78%, es decir, 87 de 168 víctimas certificadas por la oficina del Comisionado de Paz. De estos, 12 casos se encuentran en ejecución de penas, 19 en juicio, 33 en investigación (con imputación de cargos), 20 en indagación con orden de captura, 2 precluidos por muerte del indiciado y uno archivado por conducta atípica”.

Minutos después de participar en una reunión en la que se habló de los proyectos productivos, Daniel salió rumbo a su casa cuando dos sicarios le dispararon por la espalda. Estaba en El Charco, Nariño. Anderson estaba en un festejo en un centro recreacional en el corregimiento de El Palo, zona rural de Caloto, Cauca.

Que los homicidios se hayan presentado en estos departamentos confirma el análisis que hizo la Fundación Paz y Reconciliación en el que advierten que en Nariño se han reportado 25 crímenes, mientras que en Cauca el total es de 23.

En el diagnóstico que elaboraron sobre esta nueva ola de violencia se precisa que entre el 24 de noviembre de 2016 y este 20 de junio “han sido asesinadas 102 personas que se encontraban adelantando labores de reincorporación a la vida civil en distintos escenarios laborales, educativos y ejerciendo roles de liderazgo en sus comunidades por la defensa de la paz, el medio ambiente, la implementación del Acuerdo Final, entre otras. Asimismo, hasta el momento han sido asesinados 26 de sus familiares”.

El documento plantea tres teorías relacionadas con los móviles detrás de los asesinatos: saboteadores de paz, ajustes de cuentas y reconfiguración territorial. La primera está relacionada con la posibilidad de que agentes legales o ilegales que están en desacuerdo con la implementación de los Acuerdos o que refutan el proyecto político de las Farc.

De las vendettas exponen que pueden derivarse de los ‘asuntos pendientes’ que quedaron entre la guerrillerada con facciones de otros grupos criminales como el Clan del Golfo en el Bajo Atrato o con el ELN en Cauca y Nariño.

También plantea que los ajustes estarían relacionados con venganzas por los abusos y agresiones que en su momento cometieron los integrantes de las Farc.

La Fundación Pares explica que “por cuenta de la reconfiguración territorial múltiples estructuras armadas han querido vincular a los exguerrilleros para fortalecer sus actividades criminales debido a la trayectoria y conocimiento de las estrategias de guerra, del territorio y de negocios ilícitos, sin embargo, ante la negativa de los excombatientes se han tomado retaliaciones que han terminado con sus vidas y hasta con la de sus familiares”.

Según León Valencia, director ejecutivo de la Fundación, el discurso tanto del Gobierno como del Centro Democrático, no contribuye a parar estos crímenes, sino a todo lo contrario, pues, en su opinión, es “incendiario”.

“Si en el Congreso están diciendo que son una parranda de ‘asesinos’, ‘narcotraficantes’ y que engañan al país, eso, en carta blanca, es una autorización para los asesinos”, enfatizó.

A los nombres de Anderson y Daniel se suman los de Carlos Miranda y Alexánder Saya Palacios, perpetrados el 9 y el 13 de junio, respectivamente.

En el caso de Miranda los hechos son confusos al punto que una misión de verificación de derechos humanos de la ONU estuvo en la zona para contrastar las versiones que se han dado frente a lo sucedido.

Aunque el asesinato ocurrió el 9, solo hasta esta semana se conoció el hecho gracias a una denuncia que hizo pública la Asociación Campesina Ambiental del Lozada Guayabero en la que acusaba al Ejército por el crimen.

El Ejército, por su parte, dijo que el hecho obedeció a un enfrentamiento en el momento del desarrollo de una operación militar que tenía como objetivo neutralizar a alias Boyaco y alias el Mono, exguerrilleros que no se acogieron al proceso de paz.

El homicidio de Saya ocurrió en el sector Alto Mira, una vereda de Puerto Rico ubicada en Tumaco.