La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Diana Magaly Caro Galindo, actual alcaldesa de Santa Isabel, Tolima, por presuntas irregularidades en los nombramientos de ciertos funcionarios en su administración.
Según el Ministerio Público, estas irregularidades estarían vinculadas con la modificación del Manual de Funciones y Competencias Funcionales, documento clave para la estructuración y asignación de los cargos en la Alcaldía Municipal.
El conflicto se originó a partir del Decreto Municipal 002, emitido el 1.º de enero de 2024, que modificó el “Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para los Empleos que Conforman la Planta de Personal de la Alcaldía Municipal de Santa Isabel”.
Esta reforma fue aplicada para ajustar los requisitos de ciertos cargos importantes dentro de la administración, como el de Secretario General y de Gobierno, y el de Secretario de Planeación y Obras Públicas.
Según la Procuraduría, la modificación del manual permitió flexibilizar los requisitos para acceder a estos puestos, modificando tanto los requisitos académicos como la experiencia laboral necesaria para ser designado en dichos cargos.
De acuerdo con el ente de control, el ajuste permitió que personas sin la formación académica adecuada o la experiencia laboral pertinente pudieran acceder a estos puestos de responsabilidad, lo que, a juicio de la Procuraduría, podría contravenir las normativas establecidas para el ejercicio de funciones públicas.
La investigación también destaca que, mientras el nuevo manual fue publicado oficialmente en el boletín municipal el 3 de febrero de 2024, los nombramientos de los funcionarios en cuestión se realizaron el mismo 1.° de enero de 2024, antes de que el acto administrativo estuviera formalmente en vigor.
Este hecho podría constituir una irregularidad, ya que los nombramientos se realizaron sin el respaldo de un acto administrativo debidamente publicado, lo que podría haber afectado la legalidad de los mismos.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, al considerar estos hechos, determinó que la alcaldesa Caro Galindo podría haber incurrido en una falta grave. El ente de control señala que la alcaldesa no habría observado el debido cuidado en el cumplimiento de sus funciones como responsable del respeto y cumplimiento de las normativas vigentes, lo que podría haber comprometido la transparencia y legalidad de los nombramientos en la Alcaldía de Santa Isabel.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de los procedimientos legales y administrativos en el ejercicio de funciones públicas, especialmente en lo que se refiere a la selección de personal en entidades estatales, donde la transparencia y el cumplimiento de los requisitos son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de la administración pública y la confianza de la ciudadanía.