En la noche del 20 de octubre fue reportada la muerte de Miller Silva Romero, un líder social del Cauca que fue ultimado por algunos bandidos mientras salía de una capacitación para ser jurado de votación.
Según la información de las autoridades locales, el hombre se encontraba en la Registraduría de Argelia recibiendo una capacitación de jurado de votación para las elecciones del próximo 29 de octubre.
Asimismo, algunas versiones preliminares del hecho indican que Miller Silva Romero fue abordado por hombres fuertemente armados, los cuales le dispararon sin mediar palabras y acabaron con su vida.
El hombre era conocido por ser el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento del Plateado, por lo que su trabajo para poder soluciones las problemáticas de la comunidad era constante.
Este asesinato es la muestra de uno de los flagelos más latentes en el país, ya que en el país se reporta el asesinato de al menos 2 líderes sociales por semana.
Las autoridades hasta el momento no han entregado más información detallada del caso, pero informaron que ya se iniciaron las investigaciones para determinar cuáles son las causas de este lamentable asesinato.
Además, se indicó que se está esclareciendo si las disidencias de las Farc que operan en el sector tienen que ver con este crimen.
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Recientemente la Misión de Observación Electoral, MOE, lanzó un comunicado en el que hizo un análisis de la situación de la violencia política en Colombia, para así mismo poder dar recomendaciones.
De acuerdo con la MOE, los asesinatos de los líderes sociales en Colombia son de una u otra forma una manera de imponer algún tipo de postura o simplemente silenciar a quienes no siguen las directrices políticas de algunos grupos.
En este informe, con fecha de corte al 29 de septiembre, se hace un análisis de la violencia política durante los primeros 11 meses del calendario electoral para las elecciones regionales que se celebrarán a finales de octubre y que inició justo un año antes de esta fecha con el proceso de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos.
Según el informe, durante estos primeros 11 meses de estudio, se han registrado 653 hechos de violencia contra líderes sociales, políticos y comunales, de los cuales 436 son contra los liderazgos políticos. Este tipo de violencia contra este sector se incrementó en un 92% frente al 2019, en cambio, la ocurrida contra los líderes sociales disminuyó en un 15,6% en relación con el mismo periodo.
Así mismo, destaca que 179 acciones de violencia en contra de liderazgos políticos han sido dirigidas a candidatos que hacen parte de las elecciones regionales para el próximo periodo del 2024 - 2027. De este número, 30 corresponden a violencia letal, donde se han presentado 22 atentados y 8 asesinatos. En lo que se refiere a territorios, en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y Santander se concentran el 33,5% de los casos de violencia y el 56,7% de la violencia letal contra candidaturas.
El informe hace referencia también al accionar y la presencia de los grupos armados ilegales (GAI), donde señala que se han presentado concretamente 1.352 hechos violentos, de los cuales 947 son acciones armadas y 405 de amedrentamiento, lo que representa entonces un aumento del 127%, frente a las ocurridas en el 2019.
No obstante, se resalta que estos hechos violentos ya venían presentando un incremento desde las elecciones presidenciales del 2022, lo que generó un aumento en la violencia del 66%.
Según el documento, se presenta un análisis de la relación entre presencia de grupos armados ilegales y la violencia contra lis liderazgos. De acuerdo a este informe, señala que no necesariamente el incremento de la presencia de los grupos armados ilegales explica toda la violencia y, específicamente, la violencia contra los líderes políticos y sus candidaturas.
De hecho, al menos una tercera parte de los hechos violentos letales contra las candidaturas, que presentan un 30%, no se produce en los municipios con riesgo por la presencia de grupos armados ilegales. También resalta que el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pudo haber significado un impacto positivo al bajar los niveles de incremento de la violencia contra los liderazgos en algunos municipios donde este grupo hace presencia.