El caso que se adelanta contra de Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, por delitos relacionados con corrupción durante su mandato debe continuar en la justicia ordinaria por determinación de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Esta decisión se da como respuesta a una solicitud hecha por su defensa de Pinto con la que pretendían que el caso fuera conocido por la jurisdicción indígena.
"La Coordinadora del Grupo de Investigación y Registro de la Dairm del Ministerio del Interior y la Fiscal 46 Seccional adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, certificó que la señora Oneida Pinto Pérez no es miembro de la Comunidad Indígena Wayuu 4 de Noviembre, del Municipio de Albania, La Guajira, aspecto de relevancia para la constatación de los elementos del fuero indígena", dice el documento.
Lea además: Senado y Cámara aprobaron en primer debate prohibición de casa por cárcel para corruptos
Pinto está acusada de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato denominado 'Adoquines Albania- La Guajira' que buscaba la cooperación conjunta en la generación de empleo, mediante la construcción de andenes peatonales en adoquines en diferentes corregimientos del Municipio de Albania, La Guajira.
Según la investigación estas quedaron en evidencia a través de dos contratos, por las sumas de $5700 millones y $6295 millones, cuyas obras no fueron ejecutadas en su totalidad.
A la exfuncionaria, cuyo proceso se ha dilatado considerablemente, se le señala de apoderarse de recursos públicos y de vulnerar principios de contratación al constatarse un interés y direccionamiento a un contratista.
Lea además: Senado y Cámara aprobaron en primer debate prohibición de casa por cárcel para corruptos