Una juez de Bogotá declaró ajustado a la ley el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’, empresario que resultó beneficiado por los contratos adjudicados irregularmente en la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).
López dirigía más de 30 empresas, incluidas Brands S.A.S., Impoamericana Rogers S.A.S., Proyectos RML y Kalmo S.A.S., hacia las cuales se les asignaron los contratos que el entonces director de la entidad, Olmedo López, y el subdirector, Sneyder Pinilla, adjudicaron irregularmente.
La encargada de validar este acuerdo fue la jueza sexta penal especializada de Bogotá, Claudia Alexandra Herrada González. Ante ella, López aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y falsedad en documentos públicos y privados.
En virtud del acuerdo, el representante de la Impoamericana Roger S.A.S. será condenado a 6 años, 8 meses y 12 días de prisión en una guarnición militar en Pasto, tal como lo solicitó su defensa en medio de la diligencia judicial.
Además de ello, ‘El Pastuso’ deberá devolver 7722 millones de pesos, de los cuales ya ha entregado 4017 millones, además de un inmueble avaluado en 10.000 millones de pesos, que presentó como garantía.
De acuerdo con las investigaciones de la justicia, dentro de la Ungrd se creó una “organización criminal” que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Tanto Olmedo López como Pinilla ya han hecho acuerdos con el ente acusador para obtener rebajas de penas a cambio de información sobre la red de corrupción creada en la Ungrd.
Asimismo, como parte del preacuerdo, ambos exfuncionarios deberán devolver casi $ 1400 millones, además de cumplir una condena de cerca de siete años de prisión. Esta colaboración con la Fiscalía podría ser determinante para conocer la magnitud de los hechos y las posibles conexiones con otros actores involucrados en el desfalco.
La investigación apunta a que dentro de la Ungrd se creó una “organización criminal”, como lo denomina el ente acusador, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra.
Tiempo después encontró más irregularidades. Por ejemplo, en un convenio para la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua para el departamento de La Guajira, hecho en el cual se habrían realizado maniobras ilegales, como el cobro de coimas.
*Redacción de El País y Colprensa