Para el secretario de Seguridad, Carlos Alberto Rojas, el canje de armas por dinero o bonos es una medida ‘blanda’ que no funciona por sí sola, sino en sintonía con las otras cuatro propuestas ‘duras’ que conforman el paquete de política pública de seguridad: la restricción del parrillero hombre, contrarrestar el hurto cometido bajo la modalidad de raqueteo, conectar las cámaras de seguridad del MÍO a las de la Policía y hacer lo mismo con los dispositivos del sector privado.

“Antes me decía a mí mismo que era una buena idea, pero que era impracticable. Luego entendí que se trataba de una medida preventiva respecto a los homicidios cometidos por intolerancia y también una posiblidad para sacar del mercado a las armas sin salvoconducto en manos de personas que quieren deshacerse de ellas”, explicó el funcionario en entrevista con El País.

¿Cuáles son los pasos para implementar el canje de armas?

Primero, aprobarlo en el próximo Consejo de Seguridad (el martes o miércoles de la semana entrante) para contratar una empresa que haga un sondeo en los estratos 1, 2, 3 y 4, en donde creemos que se puede aplicar el canje, para conocer su percepción sobre esta y las otras cuatro medidas. También estamos perfeccionando el diseño del reglamento para llevarlas a cabo, el cual tendría que formalizarse a través de un decreto municipal. Tercero, disponer de un fondo para aportar los beneficios a quienes entreguen las armas de forma voluntaria. Y cuarto, que el arma sea destruida para sacarla por completo de circulación.

¿Qué recibirán a cambio quienes entreguen sus armas? Dinero, bonos, mercado...

Todavía no está definido hasta que sea llevado al Consejo de Seguridad. Por mi parte, prefiero el bono, porque se trata de un estímulo para el que quiera deshacerse del arma en términos de acceder a alimentación, utensilios del hogar, hasta hemos pensado en dar bonos por elemento de construcción.

Pero el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que también cabía la posibilidad de dar dinero...

Es cierto, pero creo que se entraría en una lógica de negocio con esas armas ilegales. En mi caso, prefiero un bono en especie y no en dinero.

¿Cómo funcionaría ese bono?

Estamos hablando de uno que signifique el 30 % o 35 % del valor del arma. No puede ser un bono de mayor valor, porque nos volveríamos un actor más del mercado, lo que de por sí ya es un problema.

Por ejemplo, si una pistola calibre nueve milímetros puede llegar a costar más de $8.000.000 en el mercado negro, tendrían que dar un valor de más o menos de $2.000.000. Y si multiplicamos eso por otras armas del mismo tipo, ¿no resulta un costo muy pesado para el Municipio?
Primero que nada, no todos tienen una nueve milímetros. Pero, en todo caso, creo que el Estado debería evaluar la posibilidad de comprar esa arma, así nos cueste $2.000.000, con tal de justificar su salida definitiva del mercado.

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50.000
es la cifra que se calcula de armas ilegales que hay en Cali, según expertos consultados por la Alcaldía.


7.500
son la cantidad estimada de armas legales presentes en la ciudad, según la Tercera Brigada del Ejército.


6.000
son las armas legales que cuentan con salvoconducto para portarlas en espacio público.

1.197
es la cantidad de armas de fuego incautadas en 2019 por la Policía Metropolitana de Cali.

Y que harían con las armas de muy bajo costo, como las hechizas (artesanales). ¿No les preocupa que ello sea aprovechado por quienes fabrican este tipo de armamento?
El fondo no es para armas hechizas, solo para industriales, porque, como usted dice, le quedaría muy fácil a los fabricantes tener al Estado como un comprador de oro. Eso no ocurrirá bajo el reglamento que está en revisión.

¿Qué pasa si el arma tiene un antecedente judicial? ¿Si con ella se cometió un hurto o un homicidio?

En ese caso, si el arma está registrada en el marco de una investigación de la Fiscalía General de la Nación, entonces es este ente el que define el protocolo para su respectivo manejo.

¿También recogerán armas que tienen salvoconducto?

Para nada. Esto solo aplica para armas ilegales.

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Pero el Alcalde manifestó que también esperaban recoger armas legales y usted dice que estas no aplicarían. ¿Están en desacuerdo sobre la forma como se llevaría a cabo la medida en la práctica?
Jamás. Ambos estamos direccionados bajo una misma línea y es resolver la pregunta de: ¿cómo sacar las armas ilegales del mercado? Lo que pasa es que comprar un arma con salvoconducto no es convincente para su propietario, porque solo le daríamos un 30 % de su valor. Eso no quiere decir que no se cometan delitos con armas legales, pero la proporción es muy pequeña.

Si con esta medida ‘blanda’ se busca disminuir los homicidios por intolerancia, que ni siquiera superaron un 20% de los 1.114 casos del 2019, ¿no es, de todos modos, un impacto muy pequeño ante el hecho de que el 80% de los asesinatos fueron por delincuencia?

¿A usted le parece poquito ese 20%? O sea, ¿que dos personas de 10 no sean asesinadas le parece poquito? Es decir, el valor de la vida no es cuantitativo, sino cualitativo. El problema no es ese, sino que el Estado cree una serie de medidas orientadas a proteger la integridad y vida de todos los ciudadanos.

¿Qué le responde a quienes califican esta propuesta de populista?

Que hagan propuestas. Si tienen mejores, que las hagan. Nosotros, como gobierno, vamos a empaquetar las nuestras en una política pública. Si funciona, los indicadores tendrán que decirlo. Y si la ciudadanía reacciona negativamente, no perdemos nada. Cali necesita una política pública de seguridad diferente a otras que se hayan realizado en los últimos 30 años.

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Reacciones

Adalberto Sánchez, del Instituto Cisalva de Univalle

“Yo pensaría que antes hay que desarrollar campañas pedagógicas para que la ciudadanía vea las armas como objetos de riesgo y no como algo que da poder o estatus”.

Ricardo Montealegre, consultor en seguridad pública y privada

“No es la mejor forma de socializar un desmonte criminal. Se tienen que generar políticas públicas más orientadas a dar oportunidades, como becas de estudio o trabajo en empresas de la ciudad”.