El exilio del reportero Eduardo Manzano y el camarógrafo Alexander Cárdenas, de Noticias Caracol, por cuenta de amenazas de muerte son los nuevos casos que han causado rechazo en el gremio de periodistas, el cual ya ha presentado en todo el país 485 víctimas, de 405 violaciones (agresiónes, atentados, entre otras), según indicadores de este año de la Fundación para Libertad de Prensa, Flip.

El tipo de ataque más común son las amenazas, con un total de 161 víctimas. En el Valle del Cauca se han presentado un total de 24 violaciones a 37 periodistas en lo corrido del 2019.

Manzano fue uno de los cinco periodistas que el pasado 1 agosto recibieron mensajes a sus celulares, firmados, al parecer, por disidencias de las Farc, las cuales los señalaban como “objetivo militar”. Esto sería por el cubrimiento noticioso que ellos hicieron de los cortes de energía que alimentaban los cultivos ilícitos en Caloto, Corinto y Toribío, norte del Cauca.

“El 27 de octubre, en horas de la noche, yo volteaba en mi carro por la esquina de la cancha del barrio Chiminangos, norte de Cali, cuando dos tipos en una moto se me atravesaron para que yo me detuviera. Mi reacción fue acelerar todo lo que pude. Luego de que los tipos me siguieran por dos cuadras, los perdí a la altura del Cementerio Metropolitano”, contó el periodista de Noticias Caracol.

“Tal vez era para intimidarme, pero si ellos me hubieran querido disparar, lo hubieran hecho -comentó-. Ese hecho fue la tapa, lo que me hizo huir del país”.

De acuerdo con Manzano, tras reuniones con las autoridades inmediatamente después de recibidas las amenazas, a él se le asignó un acompañamiento de una patrulla de la Policía desde la casa al trabajo y viceversa, acción que estuvo vigente hasta principios de septiembre.
Pero luego de que le suspendieran el acompañamiento de la Policía, recibía visitas periódicas de la institución para conocer sus condiciones de seguridad, las cuales dejaron de hacerle hasta el 2 de octubre pasado, señaló.

“Uno entiende que la Policía tiene dificultades con ciertas restricciones o falta de personal, pero nunca me avisaron por qué dejaron de visitarme”, aseveró el reportero.

El comunicador agregó que la semana pasada llegó a su correo electrónico la resolución de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en la que indicaban que su riesgo era extraordinario (el segundo más alto después de crítico), por ende, le podían otorgar un escolta, un chaleco antibalas y un botón de pánico.

“Pero eso no es garantía para hacer nuestra labor y la noticia nuestra es todo lo que ocurre en el Cauca”, explicó.

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Por su parte, Jonathan Bock, director (e) de la Flip, anotó que desde hace seis meses la organización ha advertido que la situación de orden público en Cauca es “sumamente peligrosa para el cubrimiento periodístico”.

“En ese departamento solo existen medios locales en el 30% de sus municipios, esto significa un silencio en doble vía: primero, para los habitantes de esos lugares, pero también para el resto del país, que no sabe lo que sucede ahí, salvo cuando pasan grandes eventos”, indicó Bock.

De acuerdo con el vocero de la Flip, tras el asesinato de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, el pasado 1 de septiembre, por lo menos diez periodistas que estaban cubriendo la región han sido amenazados.

“El Estado y este Gobierno tienen la obligación de garantizar el trabajo de reportería y de ninguna manera podemos permitir que el Cauca o algunos de sus municipios se conviertan en zona vedada para la prensa”, aseveró.

Otro periodista amenazado, Fransuá Martínez, de Blu Radio, aseguró que no se iba pronunciar en medios sobre su situación particular por razones de seguridad.

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Zozobra
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Miguel Palta, periodista de 90 Minutos, víctima de los mensajes amenazantes, afirmó que la UNP todavía está analizando su situación de riesgo, por lo que por ahora debe tomar sus propias medidas de seguridad.

“Uno debe trabajar a media máquina, queda muy restringido para hacer el periodismo que a uno le gusta, el de campo y entrevistar a las comunidades”, afirmó.