Diez presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Renacer’, entre ellos el concejal de Puerto López (Meta), Carlos Orlando Heredia Leal, y el exinspector de policía, Carlos Gilberto Romero Parrado, fueron presentados ante un juez de control de garantías como presuntos responsables de desplazamientos forzados y usurpación de tierras en el oriente del país.
Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, desplazamiento forzado, financiación del terrorismo, financiación de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades delictivas.
Además de los funcionarios, los otros implicados en la decisión son Sibel Rubiano Galvis, Carlos Enrique Osorio, Álvaro Cegua García, Luis Eduardo Quiceno Tonguino, Celerino Marín Moreno, Bernardo Antonio Ramírez Montoya, Manuel Leonardo García Herrera y Pedro Alejandro Rojas Campos. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Según la Fiscalía, los implicados habrían despojado a propietarios legítimos de tierras en Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán (Meta).
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el concejal Heredia Leal y el exinspector Romero Parrado, al parecer, facilitaron los trámites administrativos para que los predios fueran transferidos a terceras personas, quienes luego los vendieron como propios a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
“El desarrollo investigativo y de inteligencia permitieron identificar que este Grupo Delincuencial Organizado sería el principal dinamizador de desplazamiento forzado de propietarios de fincas que estaban estratégicamente ubicadas para permitir el narcotráfico y homicidios selectivos en jurisdicción de Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán”, informó la Fiscalía General por medio de un comunicado.
Según la información del ente judicial, las investigaciones arrojaron que esta banda delincuencial fue la responsable de desplazar a los propietarios de la finca El Descanso, de 1010 hectáreas, y la finca Uberlandia y Cimerrones de 1666 hectáreas.
Además, las propiedades habrían sido utilizadas para actividades delictivas relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas. Hasta el momento, se han acreditado tres eventos delictivos que involucran fincas en las mencionadas localidades.