La Corte Constitucional de Colombia emitió un comunicado en el que anunció este lunes - 27 de noviembre - que inició un incidente de desacato por cumplimiento bajo la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, por la vulneración generalizada de derechos de la niñez wayuu.
En el comunicado el alto tribunal explicó que la decisión “la emitió la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 que declaró el Estado de Cosas Institucional por la vulneración generalizada de derechos de la niñez Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira”.
La Corte también explicó que este incidente de desacato va dirigido contra la Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz Nova; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; la ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González; la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez; la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia Torres; la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.
“Asimismo, se vinculó al superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López; la gobernadora del Departamento de La Guajira, Diala Wilches; el alcalde de Maicao, Mohamad Jaafar Dasuki Hajj; el alcalde de Manaure, Elven Manuel Meza Barros; el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes y el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar”, agregó el alto tribunal.
La Corte aseguró que la “Sala de seguimiento valoró el cumplimiento de la orden tercera de la sentencia en cuanto a la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional (MESEPP) que tiene como objetivo garantizar el goce de derechos de las y los niños de la comunidad indígena al agua, la alimentación y la salud”.
En el comunicado también se informó que la Sala concluyó que hay un cumplimiento bajo de dicha orden, además aseguró que si bien se reportó la creación de la Comisión Intersectorial ara el departamento, esta no es conducente, debido a que es incompatible con los elementos del mandato a no incluir a todas las entidades concernidas en la orden.
“Así, la Sala dispuso que la Consejería Presidencial para las Regiones, las y los ministros de Salud, de Vivienda, de Ambiente y de Agricultura, así como la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la directora del ICBF, el superintendente Nacional de Salud, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la gobernadora de La Guajira y los alcaldes de los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, remitan, en las 48 horas siguientes a la notificación del auto, un informe que acredite el cumplimiento frente a la conformación del MESEPP”, aseguró la Corte.
Por último, el alto tribunal explicó que las autoridades tienen tres días para presentar pruebas y en dado sea el caso reportar nuevas acciones y resultados para el cumplimiento de la orden.