Luego de 48 horas de que 169 familias fueron desplazadas de las veredas San Isidro y La Esperanza, en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, por combates entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el defensor regional del Pacífico, Víctor Campaz, aseguró que es una situación preocupante en la que se espera que otras 140 familias tengan que salir de sus hogares.

“Son 169 familias y alrededor de 200 personas, por ahora, las que se encuentran en el Coliseo del Chircal, en Buenaventura. Lo más angustiante es que son muchos los ciudadanos que no han logrado salir del sector, entre ellos jóvenes, niños y ancianos que están todavía en esa zona de alto peligro”, aseguró Campaz.

En este sector, ubicado a 444 kilómetros de Cali y a 331 del casco urbano de Buenaventura, no es la primera vez que se presenta esta situación. A finales de enero de este año también se conoció que más de 700 familias llegaron a Cali desplazadas de manera forzada, procedentes de Buenaventura y el Bajo Calima, luego de permanecer confinadas en sus propios hogares debido a la presencia y enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.

De acuerdo con el Defensor Regional
del Pacífico, de las familias que se desplazaron a principio de año, 132,
aún se encuentran en el casco urbano
de Buenaventura.

De acuerdo con el Defensor Regional del Pacífico, estos enfrentamientos se presentaron, en un inicio, por bandas locales en el casco urbano y, posteriormente, se avizoró que se había dado una ruptura entre los acuerdos de estos grupos delincuenciales, lo que desencadenó confrontaciones en el corredor criminal que se da a lo largo del río San Juan y que desemboca en el río Calima.

“Estos enfrentamientos han sido la realidad de muchas familias, no estar tranquilos ni en sus mismas viviendas debe ser aterrador. Lo que más nos preocupa es que al no tener un albergue apropiado en el distrito de Buenaventura, las familias se ven enfrentadas a vivir unas situaciones sanitarias que no son las mejores porque los lugares a los cuales llegan no están adecuados para eso”, señaló el Defensor.

La misma preocupación comparte Monseñor Rubén Darío Jaramillo, Obispo de la Arquidiócesis de Buenaventura, quien aseguró que en el distrito no hay suficientes albergues acondicionados para este tipo de emergencias. “La gran preocupación es que estas personas, que vienen en chivas y volquetas llenos de temor y a las que les tocó dejarlo todo, no encuentren lugares adecuados de recepción. Estamos gestionando pero no hay sitios en nuestro distrito, el único lugar que tenemos para estos ciudadanos tiene capacidad para 40 personas y se estima que lleguen alrededor de 500 en los próximos días”, afirmó Monseñor.

Según manifestó Campaz, a las personas que se encuentran en estos albergues les hace falta el acceso a la salud y asistencia alimentaria, debido a que las provisiones que se han recolectado no alcanzan para todas las familias numerosas que están llegando.

Algunas de las comunidades más afectadas por los confinamientos son
las indígenas y afros que habitan en las cuencas de los ríos Calima y San Juan.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo explicó que ayer se realizó un subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición donde se analizó la situación del contexto que generó el desplazamiento. Además, para el día de hoy está previsto que se realice el Comité de Atención, donde se va a discutir todo lo relacionado con la ayuda humanitaria prioritaria que necesitan estas familias y se analizará la seguridad en el territorio por parte de la Fuerza Pública. Todo con el fin de que los ciudadanos desplazados puedan retornar con las condiciones establecidas por la ley.

“La Defensoría del Pueblo ha hecho varios llamados al Gobierno Nacional a través de las alertas tempranas y esperamos, que por medio del seguimiento que se hace a las instituciones, sigan las recomendaciones y sobre todo que la política pública se aplique para que se evite este fenómeno generador de violencia por parte de los grupos armados”, puntualizó el Defensor Víctor Campaz.

El desplazamiento forzado no es algo nuevo en Buenaventura, pues en el año 2021 hubo un aumento del 125% en el número de eventos de desplazamiento masivo en comparación con el 2020, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha por sus siglas en inglés).

La mayoría de emergencias de desplazamiento masivo en este municipio y en sus zonas rurales surgen por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control social y territorial de la zona urbana y rural del municipio.