Video 1: Suenan al fondo alarmas y algunos gritos. Un policía hace dos tiros al aire, mirando hacia algo que está fuera de cuadro en la izquierda y, junto a él, un ciudadano de camibuso vinotinto y bluyín que sostiene otra arma, apuntando hacia el mismo lado. Están en una calle, entre dos unidades residenciales del sur de la ciudad.
Video 2: Entre la penumbra se ve un hombre joven en camisilla negra y pantaloneta roja, sosteniendo con firmeza un elemento que parece un rifle de caza. Está ubicado en un balcón como si fuese un francotirador, pero realmente está en un condominio.
Video 3: La cámara del celular enfoca hacia la oscuridad, en la parte de afuera de una unidad residencial. Desde adentro, parado junto a la mujer que graba, un hombre de camiseta blanca y gorra negra descarga todo el proveedor de lo que parece ser una pistola 9 milímetros hacia las sombras, más allá de las rejas. La mujer dice: “¡eso, eso!”.
Esta es la descripción de algunos de los videos ciudadanos que inundaron las redes sociales y los grupos de WhatsApp en Cali la noche del 21 de noviembre pasado, en medio del toque de queda decretado por las autoridades después de los actos vandálicos y saqueos ocurridos en algunos puntos de la ciudad esa tarde: una confusa jornada donde el miedo generado por presuntos ingresos a unidades residenciales y el pánico colectivo producido por cadenas de información no confirmadas, dejó en evidencia el preocupante panorama de la tenencia y porte de armas de fuego y no letales entre los caleños.
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Y es que la conversación más común al día siguiente en la mañana, en las oficinas y hogares de Cali, pudo ser la misma: un relato de cómo inició la crisis y la reacción de cada quien, aprovisionándose con palos, machetes, tubos, cuchillos, cadenas o lo que dispusiera para defender su propiedad, patrimonio y familia de los vándalos que “ahí venían”. Pero pocos imaginaban que en su conjunto residencial, ahí donde viven con sus familias, tantos vecinos tuviesen un arsenal bajo el colchón.
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¿Cuántas armas hay realmente en Cali? ¿Cuántas de ellas son legales? ¿Cuántas son de fuego y cuántas otras son no letales (de fogueo, traumáticas o deportivas)? De acuerdo con el Departamento Comercio Control de Armas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, autoridad encargada por el Estado para garantizar el monopolio de las armas en la región, en Cali hay alrededor de 7.500 armas de fuego legales; 6.000 con salvoconducto para el porte y 1.500 con permiso de tenencia.
Para entregar estas armas existe un estricto control por parte del Estado, un trámite costoso, complejo y que puede llegar a tomar varios meses en su estudio, según explicó Juan Pablo Paredes, consultor internacional en seguridad y exsecretario de Seguridad de Cali. “Para las autoridades no basta el tema de los antecedentes penales y las variables socioeconómicas, también se deben presentar razones sólidas para pedir el arma, basadas en un perfil de riesgo en cada caso. El trámite puede costar entre $3 millones y $6 millones y conozco casos que han tomado hasta cuatro meses”.
Sin embargo, sostiene el representante a la Cámara por el Valle del Cauca Christian Garcés, el problema de seguridad no radica en las armas legales. “Se calcula que en Colombia hay más de dos millones de armas ilegales y hay un mercado negro que las vende y las alquila constantemente. Con ellas se comete la mayoría de los atracos y homicidios de la ciudad. Por eso, la Fuerza Pública debe estar constantemente realizando retenes y acciones para el decomiso”.
En efecto, pese a que las autoridades no tienen la certeza del número de armas de fuego ilegales que circulan en Cali, según cifras del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía Municipal, entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de este año se incautaron 931 armas por porte ilegal, un 10% más que en el mismo periodo del 2018.
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Parte del problema que existe sobre el control de las armas a nivel nacional tiene que ver con el marco normativo. Alberto Sánchez, asesor de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, sostuvo que dicha norma fue creada a principios de los años 90, cuando las dinámicas de seguridad ciudadana y convivencia en el país eran completamente diferentes a las actuales, que corresponden en mayor medida a problemáticas locales y urbanas.
“El marco normativo no permite a los alcaldes, como primera autoridad de los municipios, tomar medidas extraordinarias frente al uso de armas de fuego”, indica Sánchez, quien añade que las falencias regulatorias también se reflejan en la falta de dientes para ejercer control sobre la comercialización, porte y uso de armas no letales. “En la práctica, cuando una persona es capturada con un elemento de estos no pasa nada porque no están tipificadas como armas de fuego”, explica.
Mario Arellano, experto en seguridad y miembro de la junta directiva de la Cámara Colombiana de Seguridad Privada, instó al Gobierno Nacional a que estudie la posibilidad de regular las armas de fogueo y traumáticas, dado que en muchos casos son muy parecidas a las de fuego, por lo que suelen ser usadas para cometer ilícitos. “Si bien es cierto que el daño que pueden causar es mucho menor, sí debería haber algún tipo de control o de regulación en la venta. Debería haber al menos un registro de quién es el distribuidor y a quién se la están vendiendo”, dijo.
Paredes añadió que, si bien algunas personas las compran con la intención legítima de tener un elemento de defensa, hay casos donde capturan delincuentes cometiendo robos con armas de fogueo o traumáticas, y “ahí no se tipifica porte ilegal de armas, algo que ellos aprovechan. Es importante regular ese tema para que las autoridades puedan proceder mejor”.
El concejal Fernando Tamayo estuvo de acuerdo con la propuesta, por lo que indicó que la regulación de la venta, tenencia y porte de este tipo de elementos sería un proyecto de Acuerdo de gran relevancia para cursar en el Cabildo Municipal. “El tema de las armas de fogueo y traumáticas no está penalizado, porque son vistas como algo lúdico, pero igual el uso que se hace de ellas es perverso y el daño que pueden generar es mucho”, indicó.
El congresista Garcés, por su parte, se mostró en desacuerdo: “Una eventual regulación no va a solucionar el problema del mal uso de armas ilegales o neumáticas, porque los bandidos no cumplen con las normas”.
La discusión queda sobre la mesa. Por lo pronto, las autoridades municipales y la Fiscalía continúan trabajando en la verificación judicial de los hechos denunciados en la noche del 21 de noviembre. Se han realizado 336 verificaciones directas de las 1100 llamadas de emergencia que se recibieron. De momento, no hay ningún caso de ingreso de vándalos a unidades residenciales confirmado.
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