Un centenar de líderes sociales fueron asesinados en Colombia entre el 1 de enero y el 8 de agosto de 2024, una cifra alarmante que puso en evidencia los peligros que corren los defensores, pues según datos del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, abril y junio fueron los meses más violentos para esta población.
El departamento que encabeza esta tendencia criminal es Cauca, igual que en los años anteriores, con 19 homicidios a líderes sociales. De acuerdo con un analista en seguridad consultado por El País, “el Cauca tiene alta presencia subversiva, desafortunadamente en este departamento, Huila, Caquetá y Putumayo hay alta injerencia de las guerrillas y si un líder social no está de acuerdo con una situación que se esté presentando en el territorio es secuestrado o asesinado para silenciarlo”.
Los actores delincuenciales son variados. Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, explicó que bandas criminales de origen local están involucradas, de la misma manera que los grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc o el ELN, especialmente en las zonas rurales.
A pesar de lo anterior, estas muertes también pueden ocurrir por otras razones, según Carvajal, “también hay casos de confrontaciones interétnicas en algunas regiones, por ejemplo, entre afros e indígenas debido a fricciones que pueden llevar a la amenaza de algunos líderes”.
Antioquia es el segundo territorio con más homicidios a jefes comunitarios, con 16 fallecidos a corte del 8 de agosto de 2024, ya que, según los expertos, el noreste del departamento, que se encuentra en frontera con Córdoba y Montes de María, ha tenido un largo enfrentamiento por tenencia de tierras y presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, por ello, quienes están a favor de la restitución o abogan por los derechos de las comunidades rurales son atacados.
Cabe mencionar que los especialistas hicieron hincapié en que no todos los liderazgos comunitarios son positivos. “Hay quienes ejercen la misma característica de guiar a las personas, pero no necesariamente están del lado de actividades legales. Esa mezcla de liderazgo también crea tensiones con grupos armados, ya que interfieren con sus actividades, lo que inicia con amenazas, pero finalmente termina en homicidios”, dijo Carvajal.
Valle, el tercer departamento en homicidios a líderes sociales
Con 13 registros, el Valle es el tercer departamento más peligroso para los defensores comunitarios en Colombia, una situación compleja que tiene múltiples causas. Según el analista en seguridad consultado por este medio, diferentes grupos estarían detrás de estos hechos lamentables.
“En el Valle hay muchas zonas afectadas principalmente por grupos territoriales a los que estos liderazgos les causan malestar, ya sea porque luchan por la restitución de tierras en zonas rurales o porque están en contra del accionar criminal de estas bandas en las zonas urbanas”, aseguró el especialista.
De la misma manera, Iván Carvajal sostuvo que estar del lado de las comunidades genera tensiones y en el Valle existen sectores muy complejos.
En estos casos, la mayoría de los defensores denuncian que están siendo amenazados, sin embargo, algunos son asesinados debido a la demora en la atención por parte del Estado gracias a los largos procesos burocráticos.
“Hay que hacer una doble acción, por una parte, la atención del Estado con la Fuerza Pública protegiendo el liderazgo, pero, por otra parte, que los municipios tengan herramientas para poder activarlos de manera efectiva porque hay algunos que no tienen esa posibilidad”, indicó el consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica.
Por ello, según los especialistas, se requiere que la Unidad Nacional de Protección, UNP, brinde herramientas concretas y eficientes a los municipios y departamentos afectados ya que de esta manera se pueden salvar vidas. “Lo primero que debe hacer la UNP es ir a los territorios, verificar el nivel de amenaza que tienen los líderes y brindarles los esquemas de protección, pero actualmente hay personas con escoltas y camionetas que no tienen el mismo grado de amenaza inminente que se maneja a diario en las comunidades”, indicó el experto consultado por El País.
Carvajal concluyó diciendo que: “La UNP es muy operante y burocrática arriba, para darle protección a quienes no lo necesitan, pero muy inoperante en el territorio y los municipios no tienen los recursos necesarios para trabajar en la protección de sus líderes. Se deben activar rutas directamente en los municipios y, si es necesario, hay que sacar a los líderes a ciudades intermedias mientras se soluciona su situación”.