La Fiscalía General de la Nación inició la audiencia en la que la acusa formalmente a los cerebros del presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Destatres, Ungrd, donde el entonces director de la entidad Olmedo López y varios funcionarios como Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez Melo estarían involucrados en actos irregulares como la polémica compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira y que tuvo un monto cercano a los $63.000 millones.
Inicialmente, el juez recordó que el 20 de noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra los cinco implicados. No obstante, el escrito fue modificado este 5 de febrero, pues el delito de peculado por apropiación ya no será parte de los cargos de los que son acusados los exfuncionarios.
Posteriormente, la fiscal dio paso a la exposición de la acusación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.
Luego de detallar la participación que tuvo cada uno de los implicados en el entramado de corrupción, la fiscal aclaró que Luis Carlos Barreto es el único que sigue siendo acusado por el delito de concierto para delinquir, pues los demás involucrados lograron un preacuerdo con el ente acusador.
Todos ellos negociaron un acuerdo con la Fiscalía y por eso fueron imputados por todos los delitos por los que fueron imputados inicialmente. Entre ellos, el delito de peculado por apropiación, el cual la Fiscalía quitó del escrito de acusación en las últimas horas y lo incluyó dentro del preacuerdo que suscribieron.
López, quien fue director de la Ungrd, y Pinilla, exsubdirector, aceptaron su responsabilidad en la malversación de recursos públicos y se comprometieron a aportar información clave sobre los responsables y la estructura de la operación ilícita.
Como parte del preacuerdo, ambos exfuncionarios deberán devolver casi $1.400 millones, además de cumplir una condena de cerca de siete años de prisión. Esta colaboración con la Fiscalía podría ser determinante para conocer la magnitud de los hechos y las posibles conexiones con otros actores involucrados en el desfalco.
Los demás implicados también llegaron a acuerdos con la Fiscalía.
La investigación apunta a que dentro de la Ungrd se creó una “organización criminal”, como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por López, quien para ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra.
Tiempo después encontró más irregularidades. Por ejemplo, en un convenio para la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua para el departamento de La Guajira, hecho en el cual se habrían realizado maniobras ilegales, como el cobro de coimas.
De acuerdo con la Fiscalía, el 25 de septiembre de 2023, López asistió con Luis Carlos Barreto y César Manrique Soacha, entonces director de Función Pública a una reunión en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierra (ANT), a la que también concurrió el entonces director Gerardo Vega y sus asesores, para acordar la modificación del convenio para la reducción de su valor en $100.000 millones.
Además, la Fiscalía dijo que López direccionó a sus empresarios cercanos la contratación de los dineros a cambio de coimas.
“Por la colaboración que Manrique Soacha, jefe político de Luis Carlos Barreto, realizó en la liberación del dinero, usted coordinó con este el pago de una coima del 7% con los contratos que se celebraran con los 100.000 millones de pesos”, precisó.
*Con información de Colprensa.