Como se había anticipado hace algunos días, la Fiscalía imputó al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, al exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia Álvaro de Jesús Vásquez y al exgerente general de Empresas Públicas de Medellín Federico José Restrepo, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos por irregularidades en la contratación y manejo del Proyecto Hidroituango.

De acuerdo con la investigación, los hoy imputados intervinieron presuntamente en las discusiones que permitieron celebrar un contrato denominado BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), el 30 de marzo de 2011, en el que se estableció que las Empresas Públicas de Medellín (EPM), tendrían la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica Pescadero, Ituango.

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Lo anterior, según la Fiscalía, porque inicialmente el proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM. Decisión que, al parecer, obedeció a un criterio regional y buscaba que el proyecto quedará en manos de una empresa de Antioquia.

La evidencia indica que, de forma paralela a la invitación pública internacional a precalificar, se realizó presuntamente la negociación con EPM, para que se encargara directa o indirectamente, a través de una empresa de su control, de la financiación y ejecución de la hidroeléctrica.

“De esta manera, presuntamente, se incurrieron en irregularidades para lograr un acuerdo de accionistas, nombrando un nuevo gerente de Hidroituango SA ESP y modificando el Manual de Contratación, para permitir que uno de los socios, entiéndase EPM, fuera designado como contratista”, explicó el ente acusador.

Esta imputación no fue aceptada por ninguno de los procesados.