Rubén Darío Iregui González, quien fue jefe de Recursos Humanos del Senado de la República durante el 2021, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por, presuntamente, haber participado en una red de corrupción en la que habría avalado pagos a dos contratistas.
De acuerdo con el ente investigador, el entramado de corrupción fue conformado y articulado por el excongresista Mario Castaño. Iregui González habría sido el supervisor de los contratos de prestación de servicios de dos personas que se presume también integraban la red.
Daniela Ospina Loaiza y Juan Carlos Martínez son las dos personas que se habrían visto beneficiadas a partir de esos convenios entre los meses de marzo y diciembre del 2021.
“Estas dos personas fueron vinculadas al Senado por un periodo de cuatro meses para desarrollar actividades de prevención relacionadas con la pandemia del Covid-19, como hacer seguimiento a los servidores de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), brindar información de salud pública y apoyar campañas sobre el correcto uso de los elementos de protección”, sostiene el comunicado de la Fiscalía.
Cada contrato se firmó por 20 millones de pesos, por lo que Iregui González es señalado de ordenar el desembolso de 40 millones de pesos. De acuerdo con la información de la Fiscalía, los contratistas recibieron sus pagos gracias a la autorización que dio el imputado, esto a pesar de que los elementos de prueba dan cuanta de que el objeto de esos contratos no se cumplió tal como en estos se consignaba.
“Está acreditado que el señor Iregui González, al parecer, envió varios correos electrónicos a la división financiera para que fueran desembolsados (los) 40 millones de pesos en favor de los dos señalados enlaces del exsenador Mario Castaño”, agrega la comunicación del ente investigador.
Así las cosas, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
El exsenador liberal Mario Castaño es condenado a 15 años de cárcel por encabezar una gran red de corrupción
El reconocido político liberal caldense Mario Alberto Castaño Pérez, fue sentenciado a 191 meses de prisión, lo que corresponde a 15 años, debido a que se comprobó su responsabilidad en uno de los escándalos de corrupción más grandes de Colombia.
Al también exsenador se le condenó por un abanico de delitos, ya que se determinó que exigía coimas a cambio de entregar contratos millonarios y convenios por prestación de servicios en distintas entidades del Estado, incluyendo ministerios.
Mario Castaño ya había reconocido el 21 de septiembre de 2022, en audiencia privada ante la Corte Suprema s responsabilidad en los siguientes delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. Por esta situación, el acusado pidió una sentencia anticipada.
Según lo que reconoció el político, participó en una estructura criminal que actuaba en complicidad con algunos alcaldes, funcionarios públicos y particulares. A través de estos mecanismos, Castaño se apropió de millones en recursos de la administración pública, los cuales provienen del patrimonio del Estado.
El renombrado político liberal decidió someterse a una sentencia anticipada luego de tener un careo con su mano derecha en la organización criminal, Nova Lorena Cañón, quien se encargaba de obtener los grandes contratos en diferentes entidades del sector público y en los ministerios y quien firmó un acuerdo con la Fiscalía.
Cañón le manifestó al senador en esa ocasión, que tenía a su disposición la evidencia que verificaría como se habían exigido sobornos de forma irregular para negociar todos los contratos y de esta manera obtener una comisión del 10 % sobre el valor total de los mismos.