La Procuraduría formuló cargos contra Emilio Pilcué, quien aprovechándose presuntamente de su condición de maestro en la Institución Educativa Benjamín Dindicué de Santander de Quilichao, Cauca, habría realizado tocamientos indebidos a una menor de 15 años.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, este hombre separó a la menor del resto de otras personas mayores de edad que incluso eran docentes y familiares de la adolescente, durante la realización de un ritual propio de la comunidad indígena a la cual pertenece, para realizar tocamientos en la parte íntima de la menor,
sin su consentimiento.

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Por estos hechos, la Procuraduría recalcó que las normas constitucionales y legales contemplan que los niños, las niñas y los adolescentes “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos (…)” y enfatizó que, entre las personas llamadas a su protección directa, están los docentes “quienes están en la obligación de orientar sus actos y decisiones (…)”.

Asimismo, aseveró que cuando con ocasión y como consecuencia de sus funciones, un docente trasgrede la libertad y la autodeterminación sexual de los alumnos, los priva de una de las dimensiones más relevantes de su personalidad que involucra su autoestima y los degrada a considerarse como objetos físicos, despojándolos de su dignidad humana.

En esta etapa procesal, el ente de control calificó la falta del entonces docente como gravísima a título de dolo.