Ante un magistrado del Tribunal de Bogotá, el suspendido gobernador de San Andrés, Ronald Housny Jaller, y la exgobernadora Aury Guerrero Bowie son imputados de varios delitos por parte de la Fiscalía, en el marco de la investigación por la supuesta apropiación de recursos del archipiélago.
Durante la diligencia, el ente acusador relató cómo Housny Jaller firmó 10 contratos y Guerrero Bowie otros nueve, en los que se hallaron irregularidades relacionadas con los anticipos.
Concierto para delinquir, falsedad en documentos privados y celebración de contratos sin el lleno de requisitos son los delitos que les imputaron a los exmandatarios. Sin embargo, no los aceptaron ante el estrado y ahora deberán probar en juicio su inocencia.
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En su relato, la Fiscalía dijo que en lo que respecta a Housny Jaller "es el presunto responsable de solicitar coimas por el 10 % de cada contrato celebrado".
De acuerdo con el ente acusador, lo que habría recibido el exmandatario por los contratos y adiciones que autorizó tiene un monto que supera los $3400 millones.
En igual sentido actuó Aury Guerrero, cuya presunta apropiación alcanzó los $8050 millones.
La Fiscalía, además, pidió que ambos mandatarios fueran enviados a centro carcelario, toda vez que "se trata de una organización que se dedicó a obtener recursos públicos".