La defensora del Pueblo en el Huila, Johana Elena Rojas Herrera, alertó que las familias de los menores que fueron reclutados por grupos armados al margen de la ley y luego huyeron de los mismos son ahora objetivo militar de los integrantes de estas organizaciones criminales.

De acuerdo con la funcionaria, el hecho de que el niño, niña o adolescente regrese al lado de sus seres queridos portando consigo la historia de estos actores armados, sus rutinas, acciones internas y planes operativos, militares, los convierte en el blanco fácil de las amenazas y hostigamientos de estas organizaciones ilegales.

Ejército logró rescatar a dos menores de edad que habían sido reclutados por las disidencias de las Farc en el departamento del Huila. | Foto: Especial para El País

“La lápida para estos chicos es la historia interna que se llevan de los campamentos donde permanecieron, de ahí que los padres, en el momento del cuidado de sus hijos al regresar optan irse de los lugares donde habitaban para escapar, justamente, esos grupos armados irregulares, para no ser víctimas nuevamente, convirtiéndose así en desplazados por la violencia, todo por su familiar sabe mucho de ese mundo de la guerra”, agrega la funcionaria.

Y es que para, reclutarlos los disidentes o los guerrilleros les plantean que prueben uno o dos años al interior de esas organizaciones y que si no les gusta, se pueden regresar a sus casas. Sin embargo, los niños o jóvenes, cuando regresan del campo de combate, ya registran un impacto psicológico y, además, tienen consigo algunos conocimientos de guerra, de combate, aspecto que les molesta a las organizaciones armadas irregulares.

“Es decir, si una persona que está por un par de años se entera de cómo son los movimientos dentro de ese frente o facción, se vuelve inseguro que regrese a la vida civil y cuente qué es lo que pasa allí, como son las rutinas de sus integrantes. Por eso se convierten en objetivos militares, y más para quienes se logran escapar o son recuperados mediante operativos militares y policivos, estos si deben salir de las zonas de residencia y de paso se presenta el desplazamiento de todo el núcleo familiar”, agregó Rojas Herrera al exponer que en el Huila hay ahora un intenso enfrentamiento entre las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y los guerrilleros comandados por alias Calarcá.

La gran mayoría de los niños y niñas indígenas víctimas de reclutamiento forzado pertenecen a la comunidad nasa, en relación con el departamento del Cauca. | Foto: El País

Por eso, la representante en el Huila de la Defensoría del Pueblo dejó claro que todo menor que está en estas organizaciones armadas ilegales, es porque fue reclutado a la fuerza, mas cuando el entorno socioeconómico ubican a los niños o jóvenes en escenarios fáciles para esta clase de situaciones.

“Recordemos que los integrantes de este grupo poblacional tiene inmadurez psicológica y quien responde por ellos es su primer garante, en este caso sus padres, sus maestros o sus cuidadores. Ningún menor de edad se quiso ir a sus filas, sólo que son manipulados muy fácilmente en su psicología y les ofrecen una mejor calidad de vida, todo esto se da porque no tenemos entornos educativos seguros, no existen hogares con seguridad afectiva y alimentaria. Al no tener estos aspectos en las familias, sobre aquellas que están en la parte rural, se convierte en un hecho que se presente con macho facilidad los casos de reclutamiento”, agrega la funcionaria.

Estas declaraciones surgieron luego de comprobarse en el Huila existe riesgo por la guerra de estos actores armados irregulares en 20 de los 37 municipios de esta región, de ahí que ahora existe nueve alertas tempranas para que las entidades municipales y la fuerza pública entren a contrarrestar las consecuencias del conflicto.

Y es que en la última alerta temprana, la 001 del 2025, se prenden las advertencias en departamentos como Amazonas, Caquetá, Meta, Cauca, Guaviare y Putumayo, en donde todos estos tienen menos de 10 municipios involucrados, pero el Huila, que también aparece en ese registro, tiene 20 municipios alertados, entre esos Aipe, Neiva, Villavieja, Algeciras, Gigante, Garzón, El Agrado, El Pital, Guadalupe, Saladoblanco, Suaza, Acevedo, Pitalito, Oporapa, Palestina, La Argentina, La Plata, Paicol, San Agustín e Isnos.

En los últimos cuatro años el reclutamiento infantil creció en un 1.005 por ciento en Colombia: de 37 casos en 2021 a 409 en 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo. En 31 días de 2025 murieron nueve menores en combate, el mismo número que en 334 días del año pasado.