Un médico y una enfermera, serían los responsables, según la Fiscalía General, de brindar asistencia a los integrantes de la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, así como de practicar abortos y otros procedimientos no consentidos a las mujeres que hacían parte del grupo ilegal, por lo que se logró la judicialización.

La Fiscalía los identificó Carlos Antonio Valdés Zuluaga, quien sería el gerente de una clínica de Saravena (Arauca) y profesional adscrito al hospital municipal; y Bellany Castro Quintero, alias La Caballota, Bella o Gladys.

También fue vinculado a la investigación William Efraín Higuera Chacón, señalado de comunicar las instrucciones de los cabecillas y de transportar a las personas que harían parte del grupo ilegal.

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Para la Fiscalía, los dos profesionales de la salud, al parecer, facilitaban el ingreso a los centros asistenciales de integrantes del ELN heridos o con graves enfermedades tropicales; y, supuestamente, les daban un trato privilegiado.

Asimismo, hay evidencia de que también habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero.

Se precisó que una mujer que abandonó el grupo ilegal aseguró haber sido víctima de Valdés Zuluaga y la enfermera Castro Quintero, y los reconoció como las personas que le practicaron un aborto no consentido. Asimismo, indicó que fue testigo y conoció de casi 40 embarazos interrumpidos a la fuerza por los hoy procesados. De acuerdo con el relato, la mayoría de las mujeres afectadas serían menores de edad.

De acuerdo con el material de prueba, estas conductas, presuntamente, ocurrieron desde 2014 a la fecha.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al médico y a la enfermera los delitos de aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. 

De igual forma, Higuera Chacón fue imputado por el delito de rebelión. Cabe resaltar que los procesados no aceptaron los cargos. El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en el lugar de residencia, al considerar que no registraban antecedentes judiciales y tenían arraigo.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía continuarán para dar con el paradero de otros presuntos responsables de los abortos realizados, de igual forma, encontrar a otras posibles víctimas de estos procedimientos.