La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento del mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo, el teniente (r) William Eduardo López Pico, el sargento primero (r) Carlos Arturo Malte Pérez y el soldado profesional (r) Duberney Lugo, quienes hicieron parte del Gaula Militar Tolima entre 2006 y 2008, por estar involucrados en varios casos de 'falsos positivos’ que se presentaron en la región.

Los hechos que rodean esta decisión tienen que ver con al menos 14 ‘falsos positivos’ cometidos por William López Pico, Carlos Malte Pérez y Duberney Lugo, los cuales se habrían ejecutado con el apoyo de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército Nacional (Rime) a la cual pertenecía José Wilson Camargo Arévalo. También habrían contado con el apoyo de funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Lea además: Masacre en Nariño: asesinan a cuatro personas con tiros de gracia en El Rosario

Las 14 víctimas de estos hechos fueron identificadas como: Carlos Augusto Villanueva Arcila, Hernando de Jesús Pérez Patiño, Cristian Camilo Rojas Morales, Heliodoro Parada Urueña, Alexander Jaramillo Quitora, Armel Ramírez Lozano, Jeison Méndez Zorro, Rubén Fernando Sánchez Morales, Dorancé Enciso Molina, Marco Antonio Quiroga, Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, Jesús Alirio Lloreda Machado, Alexander Jiménez Gallego y Luis Alfonso Jiménez Gallego.

Por su parte contra el mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo, la JEP explica que su sometimiento se otorga por hechos en los que integrantes del Batallón de Infantería 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’, quienes operaban bajo su mando, habrían asesinado y presentado como bajas en combate a Jaime Antonio Pérez y Óscar Eduardo Hincapié Duque, el 7 de septiembre de 2003, en la vereda Cristalinas del municipio Lejanías (Meta).

Entérese aquí: Ordenan captura de Comandante en Caquetá por omisión en secuestro de policías

En todos estos casos estos exmilitares con el objetivo de dar apariencia de legalidad a estos operativos alteraron la escena de los hechos; habrían puesto armas y material de intendencia en los cuerpos de las víctimas, les habrían ocultado o destruido sus documentos de identificación, habrían presentado documentación operacional fraudulenta y dado declaraciones falsas ante la Justicia Penal Militar.

Tras aceptar su sometimiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les exigió a los solicitantes que hagan un reajuste de las propuestas de aporte de verdad y reparación, pues las presentadas no satisfacen los derechos de las víctimas.