El juez 23 de Control de Garantías acogió los argumentos de la Fiscalía y decretó la prórroga de la medida de aseguramiento en contra del abogado Diego Cadena, en el proceso que se surte en su contra por presunta manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe.

Esta decisión la tomó el juez 23, quien analizó los elementos de prueba y determinó que el proceso de Cadena presentó varias dilaciones por parte de la defensa, por lo que “faltarían 243 días para completar los 365 días que sería año procesal al que se refiere la ley, por lo que solo han pasado 122 días”.

Esta decisión acoge los argumentos del fiscal Daniel Hernández, quien dijo que hasta el momento “la inferencia razonable de autoría no ha variado y ahora se sustenta en el grado de probabilidad de verdad, por lo que se mantiene la acusación del ente acusador”.

También que la investigación está activa frente a los testimonios que confirman la teoría del caso de la Fiscalía y que el ente acusador sigue considerando que Diego Cadena puede seguir generando una obstrucción a la Justicia y un peligro para la sociedad.

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La obstrucción está basada en actos dilatorios, teniendo en cuenta que solo se hicieron observaciones sobre el material entregado tras la audiencia de acusación (29 de octubre de 2020), cuatro meses después de esta (9 de febrero de 2021).

Esto teniendo en cuenta que en la audiencia del 9 de febrero, la defensa dijo “que la Fiscalía sólo había entregado 17 gigas de 179 gigas ofrecidas, lo cual se habría podido informar de manera inmediata el año anterior”.

Con respecto al posible peligro para la sociedad que Diego Cadena representa, el fiscal recordó que los hechos como se han planteado a lo largo del juicio tampoco han variado. Recordando así los graves efectos que ha generado en la administración de justicia.

Sin embargo, este no es el único hecho dilator, según el ente acusador, pues la defensa solicitó copiados forenses que tuvieron que ser pedidos a la Corte Suprema de Justicia, alargando el tiempo para las audiencias, al igual que otras gestiones que tuvo que adelantar la Fiscalía para conseguir evidencias solicitadas por la defensa, en fechas posteriores, entre ellas la revisión de orden de policía judicial.

Esta decisión acoge también los argumentos de las víctimas y de la Procuraduría quienes coincidieron con los argumentos de la Fiscalía.