Un juez de control de garantías de Neiva judicializó al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, junto a otras seis personas de su administración, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito al amparo de la emergencia por el covid-19, que buscaba garantizar la alimentación de los estudiantes durante el periodo de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional.

Según los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía, el mandatario local habría intervenido ilícitamente para que el contrato, pactado en 5.250 millones de pesos y que establecía que debía entregarse a 105.000 kits alimentarios, fuera direccionado y quedara en manos de una empresa con sede en Tumaco, Nariño.

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La Fiscalía señaló que la persona presuntamente beneficiada es el concejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñones, por lo que formuló imputación, de acuerdo con el posible rol y nivel de participación, por los delitos de violación del régimen legal o constitucional e inhabilidades e incompatibilidades; e interés indebido en la celebración de contratos.

Las personas judicializadas son alcalde de Neiva; el secretario de Educación de Neiva, Giovanny Córdoba Rodríguez; los asesores jurídicos de la Alcaldía de Neiva, Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo; los contratistas Carmen Rosaida Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo; y al concejal de Tumaco Haiden Otoniel Vergara Quiñones.

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Al señor Gorky Muñoz se le impuso medida aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.