La polémica propuesta para facilitar el acceso a armas que impulsa Christian Garcés

Que los ciudadanos puedan acceder al porte de armas de fuego legales con mayor facilidad y sin necesidad de permiso especial, como está consagrado en el Decreto 2268 de 2017, es la propuesta hecha al presidente Iván Duque por parte del congresista vallecaucano Christian Garcés y otros 49 representantes que firmaron una carta dirigida al Jefe de Estado.

Este año se han revalidado en Cali 1850 salvoconductos (permisos legales para portar armas), según datos de la Tercera Brigada del Ejército. Además, se han vendido 150 de estos mecanismos en las instalaciones del Batallón Pichincha en este 2018.

“No estamos esperando que se le permita a todo el mundo acceder a un arma de fuego, pero sí que se reglamente diferente para que quienes las necesitan puedan hacerlo. ¿Quiénes son las personas que requieren ahora acceder más a las armas? Pues aquellas que están en riesgo por su actividad económica o están en riesgo de ser secuestradas o son víctimas de la extorsión”, dice Garcés.

La polémica propuesta se basa en que actualmente el Decreto 2268 de 2017, firmado por el hoy expresidente Juan Manuel Santos, mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de este año la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los permisos especiales, lo que permite que no cualquiera pueda acceder a un arma de fuego legal. Es decir, nadie puede andar armado legalmente si no demuestra que tiene un permiso especial.

“El invento del Gobierno de Santos del permiso especial ha dejado traumatismos muy grandes para las personas que tienen la necesidad de acceder a un arma para proteger sus vidas y bienes. La situación de Cali es grave, se ha incautado casi el mismo número de armas que Bogotá, una ciudad que es cuatro veces más grande que esta, lo que significa que el hampa, los criminales, andan muy armados en la ciudad y la población necesita protegerse, la han dejado muy desarmada”, afirma el representante a la Cámara por el Centro Democrático.

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Del 1 de enero al 9 de octubre pasado la Policía Metropolitana de Cali había incautado 1084 armas de fuego ilegales. 594 de ellas eran de fabricación industrial y 490 más creadas artesanalmente en armerías clandestinas que funcionan en barrios, principalmente, del Oriente y la zona de ladera de la ciudad.

Sin duda es mucho armamento incautado en la ciudad, si se compara con la cifra de Medellín. La capital antioqueña al 29 de septiembre, tenía registros de 593 armas de fuego ilegales retiradas de las calles. O con Bogotá, que al 9 de octubre pasado llevaba 1189 armas de fuego incautadas, siendo una ciudad con seis millones de habitantes más que Cali.

“Los delincuentes cometen sus actos con armas ilegales, es que no son las legales. Entendemos que el Estado no puede ponerle a cada persona un policía para protegerlo, por eso creemos que es un derecho a la legítima defensa que tiene cada uno”, añade Garcés.

Para el coronel (r) Carlos Arturo Velásquez, experto en seguridad y defensa nacional, un acceso flexible a las armas debe ir acompañado de una preparación y educación con el portador del arma legal para que este haga un uso adecuado de la misma.

“No hay que generar miedo de tener armas. Si la gente se educa, se prepara, se entrena para tener armas, sabrá cuándo es el momento adecuado para usarlas. Eso nos lleva a decir que las armas de por sí no es el punto en cuestión acá, el problema es la educación que debemos tener los colombianos para el empleo y manejo de estas”, dice Velásquez.

Muy distinto piensa Katherine Aguirre, investigadora asociada del Instituto Igarapé de Brasil y experta en Seguridad, quien dice que en muchos casos la existencia de un arma en situación de riesgo aumenta la letalidad, tanto del que la porta como de terceros.

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“Hay evidencia de fondo que indica que más armas en manos de la gente no significa más seguridad. El otro lado que hemos aportado desde Igarapé es que si existe evidencia, en Colombia, Cali, y el resto del mundo, que las políticas de control y restricción del porte de armas sí reduce la violencia, eso se ha evaluado científicamente”, añade Aguirre.

Para Floiran Mosquera, consultor en servicios de seguridad y experto en inteligencia, la propuesta de los congresistas al Presidente no es viable ni conveniente.

“Primero que todo las armas legales podrían ser hurtadas por los ilegales y sería como ofrecerles un mecanismo de estos para cometer hechos delictivos. Además, no tenemos todavía la suficiente civilidad para que todo el mundo tenga un arma, pues estas podrían parar en manos de ciudadanos no aptos para usarlas y eso sería un problema. Estoy de acuerdo con que siga la restricción como está”, afirma el experto.

Mosquera añade que otro escenario que podría darse con la flexibilidad de acceder al porte de armas en el país es que se pueda presentar la pérdida de armas de fuego legales que puedan terminar en manos de los delincuentes, a quienes no les importa el trámite legal para tener un salvoconducto.

El coronel Roger Gómez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, dice que están a la espera de la determinación que tomará el presidente Duque a partir del 1 de enero frente a la tenencia de armas de fuego en el país.

”El trámite de permisos especiales para tener armas de fuego está suspendido desde agosto pasado por orden del Ministerio de Defensa, pero no la venta de armas ni tampoco el trámite de revalidación para porte y tenencia de armas. No sabemos si el Presidente va a expedir un nuevo decreto o va a anular el que obliga a la expedición de un permiso especial, depende de cada persona y si su vida está en peligro por su liderazgo social o trabajo.