¿Debe la Arquidiócesis de Cali pagar indemnización económica a las víctimas directas e indirectas del abuso sexual a cuatro menores por parte del exsacerdote William de Jesús Mazo Pérez? ¿Es justa o desmesurada la suma de $8092 millones? ¿El debate judicial tomó visos de persecución política o personal? ¿Por qué la resonancia mediática de este caso y no de otros que engrosan estadísticas de este delito?

Las preguntas surgen ante el alegato entre el abogado Elmer Montaña, defensor de las víctimas, que exige una reclamación económica por los niños abusados y sus familiares, y monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, que responde que se trata de un “‘linchamiento’, basado en seudo-verdades y redes, a la Iglesia y a la lucha por la paz que adelanta el arzobispo de Cali”.

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Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado en derechos sexuales y reproductivos, atribuye la negativa a reparar economicamente a “la doble moral de la Iglesia, que en lo público defiende unos valores y en lo privado practica otros”.

Recalca, además, que el hecho de que Mazo haya sido expulsado, no exonera a la institución. “Al contrario, la Iglesia admite que hubo una persona que hizo un daño. Por tanto, la institución y la persona son responsables y deben responder solidariamente, simbólicamente y económicamente”.

Rincón Perfetti cree que la Iglesia se niega a indemnizar, porque “lo que más le interesa a la jerarquía católica, además de la imagen, es el dinero, y si en este caso los indemnizan como debe ser, tienen que indemnizar absolutamente a todos por daños a menores de edad en Cali, en el mundo”.

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El debate de las responsabilidades

El abogado civilista Juan Carlos Muñoz –quien hizo la salvedad de que no conoce el expediente, que a veces dista mucho de lo que sale en los medios de comunicación– coincide en que no solo se castiga penalmente a quien cometió el abuso sexual con menor de 14 años, sino que también se está obligado a responder por ese delito.

El especialista explica que en derecho privado, si un trabajador o empleado en ejercicio de sus funciones y en horarios laborales incurre en actos dolosos, negligentes o culposos, la empresa puede verse obligada a responder económicamente por los daños o perjuicios que cause ese trabajador.

Y ese mismo principio se puede aplicar a los sacerdotes, porque la Iglesia tiene la obligación de ejercer vigilancia y control sobre ellos.
“Ahora, si la Iglesia alega que el cura no estaba en horas laborales y lo que haga o deje de hacer está fuera de su control, como aplica en la legislación privada, busca lograr ‘culpa exclusiva de las víctimas’, que en este caso recae en las familias de los menores”, afirma. O en su defecto, busca determinar una ‘culpa compartida’ entre la Iglesia y los padres de familia, para que la indemnización no sea tan elevada.

“La cuestión es hasta qué punto la Iglesia puede escudarse en que ‘yo respondo por lo que el padre haga en ejercicio de sus funciones eclesiásticas, pero lo que haga en su casa es su responsabilidad’”, indica Muñoz.

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La función de guarda de los padres de familia sobre sus hijos, es muy discutible, dice. “Si le llevo un hijo al coro, monaguillo o lo que sea, y el cura abusa de él, la Iglesia debería responder”. Y le parece descabellado “decir a los padres que son culpables de que un cura abuse de los menores, porque él es la representación de la fe y del cuidado de los niños”, afirma. Lo que en derecho se llama “temor reverencial” al religioso.

En la otra cara de la moneda están organizaciones sociales, educativas y pastorales de Cali que se solidarizaron con el Arzobispo y adjudican a “intereses económicos y políticos las acusaciones injuriosas y calumniosas que deberán probar” y piden investigar por qué, si los hechos ocurrieron antes de la llegada de Monseñor a la Arquidiócesis de Cali, ahora que su labor pastoral se enfoca en contribuir a la paz de Colombia, se le arma un escándalo acusándolo de soborno. “Es una persecución en su contra”, dicen.

Defensores de Monseñor Monsalve

Uno de ellos, que pidió reserva de su nombre, dijo a El País que el caso “es un tema personal y económico”. “Ya el excura está pagando su condena y fue expulsado de la Iglesia, pero hay una voracidad contra la Iglesia Católica por parte de este personaje (el abogado Elmer Montaña), muy conocido por sus mañas para sacarle plata al Estado”.

“Él tiene su experiencia en derecho y la usa para manipular los medios y pone a todo el mundo a comentar y así ejerce presión sobre los jueces que deben tomar la decisión”, añade.

René Solano, psicólogo de familia y docente de la Universidad Santiago de Cali, cree que hay una tergiversación en cómo se expuso la noticia.

“Monseñor dice que no hay un atenuante que justifique la conducta del exsacerdote, que es un delito que se tiene que castigar y que la Iglesia está a favor de judicializar y hacer los procesos, ha sacado decretos para minimizar riesgos del abuso sexual y hay una política clara de no aceptarlos y señalarlos y aceptar las implicaciones penales –como se ha hecho en el caso Mazo–. Pero recalcó que así no haya atenuante a la conducta criminal del sacerdote, sí hay que establecer una responsabilidad de los padres de familia en la que faltó el debido acompañamiento, diálogo y cuidado de los niños, pero lo que no se publica en los medios es eso, cómo era la relación de las familias con esos niños”.

¿A quién cobrarle?

Aurelio Chamorro, coordinador del movimiento laico Jesús Salva mi Familia, deja en claro que “hay que rechazar con firmeza el abuso de niños venga de donde venga, sea Iglesia, familia, institución educativa, lo que sea”, pero critica que el proceso se haya vuelto mediático.

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Para Chamorro, el debate es económico y cuestiona: ‘Si la violación fuera en la calle, ¿a quién le cobran? ¿a la Alcaldía? ¿a la Gobernación? ¿a la Nación? ¿Los abusos de Garavito, quién los paga? ¿las fincas donde se cometieron? “El victimario ya fue condenado, pero veo un interés económico y mediático de posicionamiento de este ser humano (Montaña) como el adalid de la salvación de los niños, que no es ningún defensor de la niñez, sino de la plata. Yo pregunto: ¿cuáles serán los honorarios del señor?, ¿qué está buscando?”.

Solano añade que lamentablemente se han disparado las estadísticas de abuso sexual a menores, “pero sería interesante mirar qué porcentaje corresponde a eclesiásticos, porque el 93 % son miembros de la familia, padre, padastro, tío, abuelo. “Esos ¿a quién se los van a cobrar?”, insiste.

“Esos casos sí permanecen soterrados, no tienen prensa porque no son de la Iglesia. Veo manipulación de ciertos sectores de la sociedad que les interesa debilitar la confianza de la gente en esta institución”, dice Solano.

Tendencia de la postmodernidad

El psicólogo explica que hay una tendencia a ir en contra de las instituciones tradicionales, como la Iglesia y la religión. “Hay un revanchismo permanente con la Iglesia, hay un deseo de atacarla y un anhelo de verla caer, sea en Cali, en Colombia, el mundo entero”, complementa Chamorro.

Algo injusto para Solano porque la Iglesia hace muchísimas obras sociales a través de muchas instituciones en las que ofrece proyectos, “presta servicios a la comunidad y hace el bien a mucha población en condiciones de vulnerabilidad”.

La voz del arzobispo

Monseñor Darío de Jesús Monsalve dijo a El País que esta es “una oportunidad para reposicionar la verdad completa sobre la pederastia y el abuso a menores y la verdad sobre víctimas y reparación legal por el daño moral, sicológico, familiar y económico, sin permitir la descarga de la codicia y enriquecimiento ilícito del abogado, utilizando y “amarrando” a víctimas, a sus familiares, con un abominable contrato de poder que tenemos en nuestras manos, ni por parte de oportunistas “familiares” que nunca garantizaron que los niños tenían hogar, padres, familia, parentela, en fin; sin permitir que por ser la Iglesia Católica, por ello se haga leña de ella, con burlas, ofensas, mentiras y exigencias multimillonarias, impagables y perversas”.

El arzobispo afirma que “la acción reparatoria de entes comunitarios como la Iglesia Católica puede ser obstruida y las víctimas presionadas y manipuladas como “esclavos” de la codicia de un abogado omnipotente”.

Montaña acusa

Por su parte Elmer Montaña sostiene que está en un debate moral porque a “monseñor Monsalve le reconozco todo su trabajo por la paz de este país, es un hombre comprometido con la causa de las minorías, su compromiso como artesano de la paz, rechacé cuando lo amenazaron, pero eso no significa que tenga que ser complaciente con semejante canallada que cometió la Iglesia, autorizada por él, de convertir a las víctimas en victimarios”.

A las reclamaciones de parte de la Iglesia de porqué Montaña incluyó como afectados a tíos, abuelos, hermanos y otros parientes de los menores, Montaña afirma que se trataba “de niños abandonados, que ninguno de ellos vivía con sus padres”, coincidiendo con el planteamiento de la Iglesia, y que incluyó a los parientes que los criaron: la abuela de uno, el hermano y la hermana de otro, el tío de otro, porque ellos fueron los que los consolaron, tuvieron que lidiar con su dolor, sus pesadillas y los problemas que hoy tienen. “No es cierto que estemos trayendo gente de otro lado para incluirla como afectada, porque yo estaría cometiendo fraude procesal” y reitera que tanto en este caso como en el del padre William Lasso, se le notificó a la Iglesia los abusos, pero no hicieron nada para proteger a las víctimas.

De hecho, Montaña declara que “por ahí aparecieron los papás de algunos de los muchachos a reclamar que porqué no estaban en la lista de víctimas. Yo les dije, no vengan ahora de oportunistas porque ustedes no estaban con ellos, ustedes les dieron la espalda”, dijo el abogado de los niños.

Montaña sostiene que el debate no es económico, pero a las críticas de porqué tasa las pretensiones de las víctimas en esa suma exorbitante y de cuánto serán sus honorarios por este caso, cuestionó: “¿Y a la gente qué le importa eso? La gente es muy atrevida, estoy ejerciendo mi derecho a defender a las víctimas, yo porqué le tengo que responder a la gente sobre las relaciones laborales con mis clientes? He pedido una reparación ante la justicia colombiana y es el juez el que decide, pero la Iglesia no va a reparar porque no le interesa la reparación de las almas, sino de sus arcas”.

Monseñor Monsalve concluye que no cesará de expresar su dolor y solidaridad con más víctimas de y otros casos. “No sin antes pedir perdón como Iglesia y garantizar reparación justa, legal y moral. Pido perdón a sacerdotes, fieles católicos y opinión en general, por la humillación y sufrimiento que les traen estos hechos y estos turbios manejos, que arrastran tras de sí, incluso a alguno que otro miembro de clero o de comunidades católicas que gustan del estilo cloaca o de la pesca en río revuelto”.

Otros casos

  • El sacerdote William Lasso Mazuera, denunciado por la familia de un menor de 11 años del barrio El Vallado, por presunto abuso sexual, se ahorcó en su finca de La Cumbre (pudo ser el 10 o el 11 de diciembre de 2016) al saber que la Fiscalía lo iba a capturar.
  • Víctor Blanco, Rodríguez, rector del albergue Mi Casa, en 2006 fue condenado a 57 meses de prisión por violación a niños durante más de 20 años. “Cuando se vio acorralado, confesó que violó muchísimos niños, y cuando lo capturaron, monseñor Sarasti dijo que era inaceptable que acabaran con su vida y obra”, dijo Elmer Montaña, quien fue fiscal del caso en ese entonces.
  • Una juez ordenó reparar a las víctimas en gramos oro, pero ya eran adultos, unos vivían en el exterior, otros habían muerto, nadie hizo la reclamación.
  • Un juez de ejecución de penas le concedió la libertad condicional, por lo que purgó 22 meses en Villahermosa. Debía pagarle a cada víctima más de 60 SMVL, pero se declaró insolvente.
  • El padre Fred Potes fue investigado en el 2004 por inducción a la prostitución a menor de edad. En 2007 Potes fue acusado por Germán Robledo, el expresidente del Tribunal Eclesiástico, de utilizar limosna de la Catedral de Cali para pagar favores sexuales a habitantes de la calle, pero la investigación no prosperó.