Habitantes de un edificio residencial ubicado en el sur de Cali y en el que vivía el empresario Andrés Escobar, denunciaron que desde el mes pasado el conjunto ha sido blanco de ataques con armas de fuego.
La primera amenaza que llegó a la portería del edificio fue un panfleto, aparentemente emitido por el ELN. En el texto dicen que “están dispuestos a ajustar cuentas pendientes con Andrés Escobar” y demás civiles que intervinieron en las protestas del Paro Nacional en 2020.
Los otros dos atentados fueron más graves. El primero ocurrió el lunes festivo 15 de agosto cuando, fuentes consultadas por El País contaron que ese día “lanzaron un explosivo de corto alcance al lobby del edificio y por fortuna no hubo personas lesionadas y solo fueron daños materiales. Los responsables eran dos personas que se movilizaban en una motocicleta, aproximadamente a las 9:00 p.m.”
Esa misma semana, el jueves 18 de agosto, “unos sujetos dispararon hacia la portería y al lobby. Los vidrios del lobby se rompieron, pero como los de la portería eran blindados los proyectiles no pasaron y eso fue lo que les salvó la vida a los porteros”, cuenta una fuente que vive en el edificio de 45 apartamentos y que pidió reservar su nombre.
“El viernes 19 de agosto llegaron con un arma nueve milímetros y en ese caso el vidrio de la portería se quebró y el guarda de seguridad debió tirarse al piso. Las balas pasaron pero gracias a Dios no hubo muertos”, explica la fuente, quien añade que todos los habitantes del lugar están asustados y en pánico, pues “a muchos les da miedo salir porque no se sabe en qué momento pasa algo. No sabemos qué es lo que quieren y cuál es su objetivo”.
Estos hechos ya fueron denunciados ante la Sijín y la Fiscalía, sin embargo “las autoridades no nos han dicho nada y han estado muy silenciosos. Solo nos dicen que están investigando y que todavía no pueden asegurar si estos ataques tienen que ver directamente con Andrés Escobar”.
El País consultó cómo avanzaba la investigación en la Fiscalía y aseguraron que la denuncia fue radicada el 29 de agosto y que el proceso está en indagación. Además, explicaron que fue asumido por un fiscal de terrorismo en Bogotá.