El del viernes fue el tercer dolor en 16 días. Primero, la noticia del asesinato de sus hijos; segundo, los señalamientos que en redes sociales aseguraban que eran parte de estructuras criminales, y, tercero, saber que los mataron sin causa alguna.

La noticia dada ese día por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en presencia del Presidente de la República y el Director de la Policía, aún no logra ubicarse en el sentimiento de las familias de los cinco jóvenes asesinados en Llano Verde el 11 de agosto.

“En este momento no sé si me da tranquilidad o si me da alegría la captura de estas personas. La situación está aún inconclusa y esperamos resultados concretos porque creo que hay mucho que falta por conocerse”, dijo la madre de uno de los menores muertos.

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Explicó el fiscal Barbosa en rueda de prensa desde la Base Militar Marco Fidel Suárez que “las víctimas acudían con frecuencia a comer caña. Según las labores investigativas, los tres adultos observaron a los cinco menores y sin mediar palabra los asesinaron”.

“Fue una operación de filigrana”, dijo el titular de la Fiscalía, la que dejó como resultado la captura de dos de los presuntos responsables de la masacre en el cañaduzal de Llano Verde.

El tío de otro de los menores cree que “es mejor esperar para ver qué pasa con estas capturas tan rápidas que hicieron y ojalá no digan luego que eran las personas equivocadas. Por ahora no podemos celebrar nada”.

“Un trabajo impecable”
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Así calificó el presidente Iván Duque la labor investigativa que permitió la detención en la madrugada del viernes de Jefferson Angulo y Juan Carlos Loaiza como presuntos responsables del asesinato de los cinco menores.

Autoridades intentan esclarecer por qué cuatro de los jóvenes asesinados en Llano Verde tenían heridas con armas de fuego y uno tenía heridas con arma blanca.

El trabajo de investigación, según conoció El País, empezó desde el momento mismo en el que se tuvo conocimiento de los hechos, con la conformación de un equipo de 54 investigadores del CTI de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Cali.

Con ellos se conformaron tres subgrupos interinstitucionales que reportaban sus hallazgos a dos investigadores líderes, que analizaban cada una de las piezas encontradas.

Uno de esos grupos se encargó de realizar las labores de vigilancia y seguimiento a las personas que fueran apareciendo como posibles responsables de la masacre durante el proceso de indagación y búsqueda de pruebas.

El segundo grupo se centró exclusivamente en recoger los testimonios de testigos que conocieran de alguna situación no solo del día de la muerte de los menores, sino de hechos anteriores, para tratar de establecer si la masacre obedeció a alguna confrontación del pasado.

El tercer grupo interinstitucional de Fiscalía y Policía se dedicó a trabajar con los medios técnicos de información y tecnológicos para realizar todo el trabajo de criminalística y recolección de pruebas, así como la realización de retratos hablados, entre otros.

Se estableció, además, que ningún grupo conocería los avances de los demás equipos ni los hallazgos. La información completa solo estaba en manos de los dos investigadores líderes para alimentar el sistema, preparar el informe ejecutivo y presentar todos los argumentos ante el juez.

Lo sucedido
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Entre quienes hicieron parte del trabajo adelantado por la Fiscalía y la Policía para dar pronto los primeros resultados, hubo vecinos y familiares de los menores asesinados.

El mapa que estructuró la Fiscalía permite determinar que el día de los homicidios los jóvenes salieron para elevar cometas y comer algo de caña de azúcar, como acostumbraban, pero ya los asesinos estaban al tanto de su presencia y los acorralaron.

Asegura la Fiscalía que fue Juan Carlos Loaiza, cuya pasión por las armas ha expuesto abiertamente a través de sus redes sociales, la persona que interceptó a los menores y llamó por radio a los otros dos hombres para que los rodearan.

Mientras tanto, apareció por otro lugar Jefferson Ángulo, operario de maquinaria pesada, quien les habría quitado a los jóvenes los cuchillos que llevaban para cortar la caña y los arrojó hacia los cultivos, como él mismo lo reconoció en el interrogatorio inicial frente a su abogado, aduciendo que lo hizo presionado por el señor Gabriel Alejandro Bejarano, quien permanece prófugo de la Justicia.

De acuerdo con lo dicho por los capturados en el interrogatorio, Bejarano les dijo a través del radio que los tuvieran mientras él llegaba. Entonces Bejarano, con el rostro cubierto, los obligó a arrodillarse y los ejecutó sin mediar palabras ni razones, uno a uno, con un disparo en la cabeza. Solo por la sospecha de que irían a robar.

Se supo además que ninguno de ellos trabaja para la finca donde se cultiva la caña, sino que prestan su servicio para la empresa Control Interno y Transportes SAS, que según el registro empresarial se dedica al transporte terrestre de carga, pero también a actividades de seguridad privada.

Según se supo en la audiencia, se encontraban prestando servicio de vigilancia a la maquinaria, el combustible y el cemento en una obra que adelanta en el jarillón la empresa Arquitectura, Ingeniería y Construcciones Aico Ltda., de Guacarí.

De acuerdo con los capturados, Bejarano los visitó luego de los hechos, antes de su fuga, y los amenazó si es que llegaban a contar o a acceder a las recompensas que ofrecieran para delatar lo que ocurrió sobre el mediodía de ese 11 de agosto en el cañaduzal.

El misterioso Gabriel Alejandro Bejarano desocupó la residencia en la que vivía en el barrio República de Israel horas después de lo ocurrido, razón por la cual no fue posible su captura durante los allanamientos del viernes y por quien se ofrecen $20 millones de recompensa.

El abogado Elmer Montaña, apoderado de la familia de uno de los menores asesinados, se mostró preocupado porque la Fiscalía fundamente toda la investigación solo en estos testimonios.

“Eso podría traer dificultades en el momento del juicio. Es necesario buscar mayores elementos probatorios y brindar el principio de oportunidad a quien tenga menor participación en los hechos para poder conocer la verdad y obtener una sentencia condenatoria a los responsables”, indicó el abogado Montaña.

Prisión preventiva
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Este sábado, el Juez 25 de Control de Garantías de Cali, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a Jefferson Angulo y Juan Carlos Loaiza, por el caso de la masacre de cinco menores en Llano Verde.