La violencia contra algunos líderes de Jamundí ha encendido las alarmas, por ello, este martes miembros del partido Alianza Verde, quienes integran la denominada Política de la Felicidad, llevaron a cabo una denuncia conjunta en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo regional Valle, debido a intimidaciones y atentados que se han cometido en su contra desde 2021 y que se han agravado durante los meses recientes.
Duvalier Sánchez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Representantes y congresista por el Valle del Cauca por dicho partido, aseguró a El País que impulsó la mesa técnica abierta con la Defensoría con el objetivo de presentar públicamente los hechos amenazantes a los que él y sus compañeros se han visto expuestos debido a lo que denominó como “violencia política sistemática”.
A pesar de que de manera individual han interpuesto las denuncias en contra de las autoridades competentes, decidieron presentar de manera conjunta ante el defensor regional del Pueblo, Gerson Vergara, los casos de ocho integrantes de Alianza Verde que se consideran víctimas de agresión, “porque acá ya hay un asesinado, un líder sindical de transporte en Cali, William Molina, conocido como El Polémico, a quien le pegaron cuatro tiros para silenciarlo”, indicó el congresista refiriéndose al homicidio ocurrido el pasado 5 de noviembre en Cali.
En medio del evento, Duvalier aseguró que también ha sido intimidado, ya que a su casa familiar llegó una corona fúnebre con sus apellidos acompañada de una carta donde le pedían retractarse de sus denuncias en contra de políticos del municipio.
La violencia política está pasando desapercibida
Uno de los participantes de la mesa técnica abierta desarrollada en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo fue el concejal de Jamundí Luigi Morales, quien resultó herido en el atentado con moto bomba perpetrado el pasado viernes en el barrio El Jordán, cerca de las instalaciones del Hospital Piloto.
Según manifestó Morales, se encuentra con vida gracias a varios sucesos inexplicables que lo protegieron, sin embargo, tuvo afectaciones y permaneció ingresado en dicho centro asistencial tras la detonación.
“En mi cuerpo tengo esquirlas y objetos extraños, pero gracias a Dios estoy en recuperación. Hoy atendimos el llamado de nuestro congresista Duvalier Sánchez, quien ha venido denunciando una serie de agresiones sistemáticas en contra de miembros de la Política de la Felicidad, que es el movimiento del cual hago parte y represento”, sostuvo el cabildante.
De la misma manera, Andrés Felipe Ramírez, exalcalde del municipio expresó que su familia ha sido víctima de actos similares, pues el pasado 18 de octubre un artefacto explosivo estalló frente a la vivienda de sus padres, quienes afortunadamente no resultaron heridos.
“Lo que más me preocupa es la búsqueda de minimizar los hechos, de no poner los nombres de las personas que han sido afectadas. En la mayoría de los comunicados de las autoridades y en los reportes de los medios de comunicación se aseguró que fue un atentado contra la Estación de Policía, pero la explosión fue en la casa de mis padres y afecta a un exalcalde, a un dirigente político del municipio”, dijo Ramírez.
De la misma manera, el exmandatario sostuvo que en el atentado del 8 de noviembre se anunció que la explosión buscaba afectar a una patrulla policial, pero no tuvo la misma difusión la información sobre las heridas que recibió Luigi Morales. “Por eso celebro esta audiencia que busca es que las instituciones esclarezcan los hechos”.
Otra de las afectadas por la violencia es la concejal de Jamundí Ivonne Giraldo, excandidata a la Alcaldía y quien obtuvo el segundo puesto en las votaciones, quien denunció que desde su sexto día en el cargo ha recibido amenazas para que deje su participación.
“Las amenazas consisten a que renuncie a mi curul y las recibo desde el 6 de enero (de 2024), hasta el 9 de enero cuando fui declarada objetivo militar”, indicó la cabildante, quien dijo que ha sentido temor debido la violencia en contra de sus compañeros, más aún luego de la moto bomba que detonó el viernes y el artefacto explosivo que fue desactivado por las autoridades en el sector de Alfaguara ese mismo día.
Por ello, confía en un escolta asignado por la Unidad Nacional de Protección y uniformados de la Policía que le brindan seguridad en medio de sus labores, pero afirmó a El País que teme por su familia. “Es difícil porque yo tengo dos hijos, a Eva de 11 años y Martín de 7, también tengo a mi esposo. Somos ciudadanos que siempre hemos vivido en Jamundí libremente, hemos sido líderes sociales, cada uno a su modo”, dijo, añadiendo que espera que se realicen las investigaciones pertinentes para salvaguardar su vida, la de su familia y la de sus compañeros.
Esclarecimiento: la petición de las víctimas
Tras escuchar las denuncias, el defensor regional del Pueblo, Gerson Vergara, aseguró que tomó atenta nota de las peticiones de los políticos afectados, con el fin de esclarecer estos actos de violencia.
“Todos los líderes, quienes de una u otra manera han venido presentando diferentes situaciones han hecho unas solicitudes muy puntuales principalmente en lo que corresponde a la investigación judicial, es decir, al esclarecimiento de la situación”, indicó el Defensor.
Según expresó Vergara, los afectados solicitaron que se asigne un fiscal que aborde el caso en conjunto.
“Estos son hechos de investigación los cuales las autoridades deben establecer y nosotros en el ejercicio de protección adelantaremos las acciones que nos corresponden instituyendo la agenda para que se puedan identificar los autores de estas situaciones”, concluyó el Defensor regional del Pueblo.