"Si hablo ahora es porque yo quisiera que se hiciera justicia. No tengo cómo, pero yo sé que de pronto esto sí sirva para eso”. Estas son las palabras de 21 mujeres que junto con la Corporación Humanas entregaron información a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre abusos sexuales en el marco del conflicto armado en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Después de callar tantos años, quisieron hacer visible su dolor y lo que padecieron. Lo expusieron en un informe entregado este jueves a la justicia transicional con el que buscan esclarecer los vejámenes a los que fueron expuestas, y con los que pretenden soltar el peso que cargan.

Sus victimarios, según exponen en el documento, fueron los miembros de las entonces Farc-EP y el Ejército Nacional, este último se ha visto envuelto en escándalos por abusos sexuales a niñas indígenas en el territorio nacional.

En el informe se documentaron 23 casos de violencia sexual que ocurrieron a 21 mujeres, es decir, que dos de ellas fueron víctimas en más de una ocasión.

Lea también: Unidad para las víctimas dialogará con afectados por el conflicto en tiempos de covid

Algunas de estas mujeres además fueron vulnerables ante otras violencias relacionadas como desplazamiento forzado, amenazas, intentos de reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado.

De acuerdo con el informe que hoy reposa en los despachos de los magistrados de la JEP, los hechos sucedieron entre los años 1991 y 2016 y tuvieron lugar en 10 municipios del departamento de Norte de Santander: seis de ellos ubicados en Ocaña, Convención, Tibú, Sardinata, El Tarra y la Playa de Belén, y cuatro en la zona central Cúcuta, Lourdes, Cucutilla y El Zulia.

“Estas marcas son imborrables porque eso fue en el 94, hace más de 20 años. Pero a mí me duele igualito, creo que me duele más que el primer día porque el primer día yo no visualicé sino el dolor del cuerpo, pero ahora me duele aquí, me duele el corazón”, señaló una de las víctimas.

Sobre los victimarios, el informe relata que las Farc-EP perpetraron violencia sexual en un contexto de control territorial con la finalidad de castigar, dominar y corregir a sus víctimas.

Algunos de los hechos cometidos por este grupo fueron ejecutados por varios guerrilleros, lo que evidencia que no fueron hechos aislados, sino que hubo conocimiento del grupo sobre la comisión, extensión y repetición de actos de violencia sexual.

Respecto a los delitos cometidos por la Fuerza Pública, el informe da cuenta que la documentación de estos hechos enfrenta múltiples barreras: la tolerancia y normalización hacia este tipo de conductas por parte de la sociedad, así como los contextos de abuso de poder y el entorno de coacción por los agresores.

“Esto hace que el ejercicio de denuncia se torne prácticamente inviable por lo que la Corporación Humanas insta a la JEP para que se desplieguen labores investigativas que permitan develar la magnitud de la violencia sexual cometida por el Ejército y la Policía Nacional en el marco del conflicto; es decir que se hace necesaria la reconstrucción de patrones de crímenes sexuales cometidos por miembros de la Fuerza Pública; no solo en Norte de Santander sino en todo el país”, expresaron en el documento.

La corporación y las 21 mujeres que presentaron el informe insisten en la necesidad de abrir un caso nacional de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes vinculados a la sexualidad para que la justicia no siga llegando tarde para las mujeres.

“Las sobrevivientes de violencia sexual de Norte de Santander enfrentaron el miedo, la ansiedad y la tristeza profunda para relatar lo vivido y así dejar este informe en manos de la JEP con el único objetivo de encontrar verdad, justicia y reparación, para ellas y para todas las víctimas del país, como lo expresa una de las mujeres”, expusieron.

Una de las mujeres expuso que “sentí la necesidad de recurrir a la JEP para sentirme escuchada y respetada y no seguir cargando con este miedo a volver a pasar por lo que ya pasé, y para que no le pase a otras mujeres. Pedimos justicia para todas”.