La exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, se entregó este domingo a una comisión conformada por funcionarios de la Policía y la Defensoría del Pueblo para responder ante una orden de captura emitida por un juez de garantías.
La exgobernadora tiene una medida de aseguramiento en su contra dictada, desde julio de 2019, por el juez 45 de garantías, ante quien la Fiscalía imputó seis delitos relacionados con irregularidades en la contratación en la Alcaldía de Albania, municipio del que ella también fue mandataria.
El despacho judicial consideró que Pinto, que no se presentó a la audiencia, es un peligro para la sociedad y que en libertad puede influir en los testigos que tiene el ente acusador.
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Los delitos que se le imputaron son los de concierto para delinquir, falsedad en documento público, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y peculado por apropiación.
Según la investigación, en 2008, cuando Pinto estaba próxima a terminar su mandato como alcaldesa de esa población, junto con su exesposo Pablo Parra y su escolta Jean Hernández Erazo se aliaron para que este último se lanzara a la Alcaldía con la condición de que Pinto y Parra manejaran las grandes contrataciones municipales.
“Esa empresa criminal perduró hasta 2011 y estamos verificando si se mantuvo hasta 2012 a través de varias contrataciones”, explicó la Fiscalía en ese momento.