La explosión registrada en una estación de Policía, en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, Cauca, pocas horas después de que el Gobierno anunciara un cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las Farc, EMC, a partir del 8 de octubre y durante 10 meses, solo aumentó la desesperanza y el terror en una región históricamente azotada por la violencia.
Juan Manuel Camayo, coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, Acin, dijo que valoran profundamente el ejercicio que viene realizando el Gobierno a través de la instalación de una mesa de diálogo para el cese al fuego, con el propósito de proteger a la población civil y devolver la tranquilidad a las comunidades, pero indicó, “no deja de ser lamentable que a solo a dos días de este anuncio, se presente un hecho de esta magnitud”.
Sin embargo, sostuvo que “vemos con preocupación que el Estado Mayor Central, EMC, no tiene control de estas estructuras, y estas acciones reprochables que afectan a la población civil obedecen más bien a temas de economías ilegales”.
“En Buenos Aires hay una preocupación, un miedo, pero también hay una manifestación urgente al Gobierno Nacional, a la Defensoría, la ONU y Derechos Humanos, para acompañar a las víctimas, para visibilizar lo que está sucediendo y que las autoridades actúen de manera rápida y oportuna para superar esta situación”, insistió.
Por su parte, Francisco Javier Daza, coordinador de la Línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, indicó que el acuerdo del cese al fuego “tiene que derivar en un descenso de las hostilidades y las acciones armadas del Estado Mayor Central en todos los departamentos del país donde tienen presencia”.
No obstante, reconoció que gran parte del accionar armado de este grupo se ha concentrado en el departamento del Cauca, donde tiene presencia la columna móvil Jaime Martínez, así como la Dagoberto Ramos y la Carlos Patiño, que hacen parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas.
Para el investigador, este acuerdo servirá además de “termómetro o pulso” para identificar si las disidencias están cohesionadas en materia de paz o si hay alguna rueda suelta al interior de esta estructura, teniendo en cuenta que tiene presencia en 166 municipios, y si bien están concentradas en el Cauca, tienen una fuerte presencia en el departamento de Arauca donde han tenido fuertes combates con el ELN”.
Asimismo, recalcó que “es importante, por parte del Gobierno, establecer unos límites, porque si bien la paz es negociación y diálogos, la paz total no hay que verla solo como un proyecto a futuro, sino en el presente para la población civil del Cauca y de los departamentos donde hace presencia el EMC. Creo que el Gobierno debe condicionar la continuación de la mesa de diálogo con el cumplimiento del cese al fuego”.
De otro lado, Camilo González Posso, jefe de la delegación de paz del Gobierno, aseguró: “La idea es que a partir del 8 de octubre no se presenten hechos como estos. Esa es la apuesta, que haya menos posibilidades de atentados que afecten a la población civil, una vez se decrete el cese al fuego”.
Y frente a posibles intereses diferentes a la paz anotó: “La verdad es que, por lo pronto, han dicho que quieren hacer un diálogo de paz. Sería un absurdo que en realidad lo que tengamos es un ejemplo de perfidia y la búsqueda de espacios para solamente prepararse para más violencia. Creo que hay que apostarle que sea para la paz”, subrayó González.
En el Cauca no saben qué es la paz
Entre tanto, Néstor Rosanía, periodista de conflictos armados, se mostró pesimista frente al futuro de los diálogos al señalar que se debe tener en cuenta que el EMC nace a partir de las disidencias de Iván Mordisco cuando entra en guerra con la Segunda Marquetalia, luego de sumar muchas disidencias de muchas zonas del país.
Esto les permitió extenderse en términos territoriales y tener más músculo militar, además de lograr que “el Gobierno los busque y se siente a hablar con ellos”. Pero, según Rosanía, no hay una verdadera cohesión. “Pareciera que los de arriba y la cabeza fueran una, pero los de abajo son otros”.
Por eso, una de sus teorías apunta a que el atentado en Timba, el pasado miércoles, sería una demostración de que no hay unidad dentro del mando del EMC.
“Hay otro punto muy importante es que es un cese al fuego bilateral, no multilateral, es decir, la confrontación, solo sacaría de la ecuación al Estado, pero van a seguir en guerra con sus enemigos y las comunidades en medio; con todo este escenario no parece que va a llegar la paz total al Cauca”, aseguró.
Finalmente, Iván Carvajal, experto en seguridad, opinó que “desafortunadamente estamos viendo el mismo contexto que con el ELN cuando estaban próximos a iniciar el cese al fuego, y debo decirte que estoy absolutamente pesimista respecto a este asunto, especialmente en el Cauca”.
Expresó que mientras la Dagoberto Ramos trafica con marihuana creepy, la Jaime Martínez deriva sus rentas de la coca. “Desde hace muchísimo tiempo hay un bajón del clorhidrato de cocaína en el mercado internacional por la sobreproducción y también por la demanda que ha cambiado la dinámica del precio y debilitado las finanzas de la Jaime Martínez”.
Esta estructura, agregó Carvajal, ha empezado a tener una “microgerencia en territorio para recaudar fondos, porque no es fácil para ellos sostener la guerra”.
Esto estaría ocurriendo actualmente, tal como pasó con el ELN. “Es un frenesí terrorista en el Cauca para ambientar el cese al fuego y llegar fuertes a la mesa de negociación, pero después del 8 de octubre -por eso digo que soy pesimista-, van a seguir las violaciones al cese al fuego. No es posible que pare esa máquina destructora de las disidencias de las Farc, especialmente en el departamento del Cauca”, precisó Carvajal.