Al trágico suceso que se registró en la cárcel de Tuluá el pasado 28 de junio, se suma una nueva preocupación para el ente investigador: las amenazas de las que viene siendo víctima el personal del Inpec que estaba encargado de la seguridad del penal.

A la pesquisa que vienen realizando para esclarecer la muerte de 54 internos durante el incendio en el Pabellón No.8 , los investigadores han debido abrir un nuevo capítulo para tratar de determinar la autoría de un panfleto en el que son amenazados varios de los funcionarios del Inpec que tenían a su cargo el centro penitenciario.

De acuerdo con Cristian López, presidente nacional de la UTP (Unión de Trabajadores Penitenciarios), “tenemos conocimiento de que estas amenazas se dan por parte de bandas criminales, donde por medio de un panfleto amenazan a varios compañeros, señalándolos de hechos que ocurrieron en un motín interno, donde no hay una culpa directa de los guardianes del Inpec”.

En el documento afirman que a los guardianes que “participaron en la masacre”, se les declaró como “objetivo militar” y que se les da 72 horas para que salgan del municipio.

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“Ellos participaron y se aliaron con alias Brayan y Miller para cometer este acto inhumano, se les advirtió por Facebook e hicieron caso omiso al llamado. Por lo tanto, les damos 72 horas para que salgan de nuestra ciudad al dragoneante Ayala y a su cúpula de asesinos que participaron el día de las muertes; los dragoneantes Cruz, Marín y al teniente Orozco, alias chuky”, es lo que se lee en el panfleto.

En el documento se amenaza, además, a otros dos dragoneantes que supuestamente persiguen a los reclusos, dañan y decomisan sus pertenencias: “También son objetivo militar y por tanta tortura vamos a hacer lo mismo con sus perros a los cuales se los vamos a envenenar”.

La misiva finaliza diciendo que “trasladaron a nuestro papá otra vez gracias a ustedes y por petición de los sindicatos de Tuluá, y esto no se va a quedar así, ya lo hemos probado atentando contra ustedes y lo volveremos a hacer. A la población civil se le hace un llamado para que tenga cuidado porque no queremos que paguen inocentes por esos corruptos del Inpec”.

Los sindicatos afirman que esto se estaría presentando por una disputa de poder por parte de privados de la libertad que pertenecen a bandas criminales de Cali y Buenaventura, las cuales tienen una confrontación directa por el tráfico y microtráfico en el norte del Valle.

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“La guardia penitenciaria lo que ha hecho es no permitir esa transición de poder de las bandas que están detenidas en la cárcel de Tuluá. A través de un control riguroso de disciplina para evitar el tema del tráfico al interior del centro penitenciario”, dijo López.

Según versiones extraoficiales, estas amenazas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y se busca que las directivas de la cárcel se reúnan con los guardianes del Inpec amenazados para definir su futuro y se discuta la posibilidad de que sean trasladados a diferentes cárceles del país.

Esta situación del envío de panfletos y amenazas no es nueva, pues ya se había presentado desde hace dos años y medio, cuando fueron asesinados siete guardianes del Inpec, y otros cuatro resultaron heridos por atentados con armas de fuego en el municipio de Tuluá.

Frente a esta situación, le “pedimos a las unidades del Estado, a la Fiscalía General y a las entidades de seguridad que garanticen que los trabajadores de la cárcel de Tuluá puedan ejercer sus labores sin ningún temor”, puntualizó López.

Además, solicitaron al Director del Inpec que se revise la reclasificación de los privados de la libertad y que sean distribuidos, de acuerdo con los perfiles y la seguridad que amerita cada uno de ellos, evitando este tipo de acciones que generan riesgo a la vida de los guardianes y a sus familias, pues en el panfleto se asegura que conocen dónde vive el 80 % del personal de guardia.