El intento de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, de convertirse en un vocero de paz en el Valle del Cauca se ha transformado en una amenaza directa contra el Estado colombiano. Desde su celda en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá, este reconocido cabecilla criminal ha declarado la guerra al sistema penitenciario y a los guardianes del Inpec.
Según el cabecilla, el Gobierno incumplió las promesas que le hicieron en el marco de la Paz Total, dejando en el aire sus demandas y aislándolo políticamente de los procesos.
Pipe Tuluá había sido designado, de manera informal, como vocero de los presos y de las bandas criminales en el Valle del Cauca, con la expectativa de construir puentes de diálogo con el Gobierno. Durante meses, recibió privilegios inusuales dentro de la prisión, fue trasladado al exclusivo pabellón de extraditables, donde incluso tuvo acceso a un delegado del Inpec que le servía como enlace directo con las autoridades gubernamentales.
Narcotraficantes y otros reclusos hacían fila para hablar con él y ofrecerle apoyo, creyendo en su papel como mediador, según fuentes consultadas por la Revista Semana.
Sin embargo, los acercamientos no fructificaron. El Gobierno dejó de buscarlo, los delegados se retiraron y su propuesta de conformar una mesa de diálogo quedó en el limbo. Aislado y sin el respaldo político que esperaba, Pipe Tuluá ha retomado su postura violenta.
En un panfleto reciente, firmado por su organización autodenominada Mago (Muerte a Guardianes Opresores), anunció un “plan pistola” contra los guardianes del Inpec. “Hoy decidimos retomar nuestra postura de hacernos respetar, ya que con ustedes hemos tenido la palabra de respeto y observamos que ustedes nos están subestimando... plan pistola para el Inpec a nivel nacional”, advirtió el documento.
El cabecilla asegura que su grupo ha sido objeto de operativos de represión por parte del Inpec, incluyendo traslados no autorizados de sus aliados en las cárceles. También negó cualquier vínculo con el atentado contra la sede del Inpec en Bogotá a finales de 2024, aunque las autoridades tienen indicios de su participación. “Son totalmente falsos los últimos señalamientos... hemos respetado el pacto de ‘no agresión’”, afirmó en el panfleto, aunque sus amenazas contradicen esta afirmación.
No ceder ante intimidaciones
El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que no cederán ante las intimidaciones y que continuarán los operativos de control en las cárceles del país. “Esto es una orden del señor presidente, de la ministra de Justicia, en articulación con el Ministerio de Defensa, en la lucha contra la corrupción y poderle dar ese mensaje de seguridad, de que estamos trabajando con contundencia y con transparencia para evitar que sigan ocurriendo hechos lamentables”, expresó Gutiérrez tras un operativo reciente en la cárcel La Modelo.
Mientras tanto, el Inpec ha reforzado las medidas de seguridad en su sede administrativa en Bogotá, instalando 59 cámaras de vigilancia y sistemas de alerta para anticipar posibles ataques. Estos esfuerzos buscan contrarrestar las amenazas de Pipe Tuluá, quien ha dejado en claro que su voluntad de diálogo no es seria.