Luego de asistir a varias reuniones en Cali con el fin de evaluar qué se está haciendo en la ciudad para evitar que a la comunidad le sean violados los derechos, Jefferson Mena, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, habló con El País y contó cuáles fueron los avances que se registraron en los encuentros. Además, explicó qué se está haciendo para cuidar a los líderes sociales.
Tengo entendido que visitó Cali para asistir a varias reuniones, ¿cuál es el balance de estos encuentros?
Hemos estado recorriendo el país y sesionando con las subcomisiones del Sistema Nacional de Derechos Humanos. A Cali vinimos con ocho subcomisiones, pero esta no es la primera ciudad que recorremos porque ya hemos ido a La Guajira y Chocó.
Lo que buscamos con estas jornadas es garantizar los derechos civiles y políticos de los colombianos. En las reuniones están presentes el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, Migración Colombia y otras instituciones que visitan el territorio para ver qué se está haciendo. Además, se invita a la comunidad para que ellos vean cuáles son los avances que se han logrado en esta materia.
Adicionalmente, tuvimos la oportunidad de reunirnos con los diferentes observatorios de Derechos Humanos del Valle del Cauca y conocimos el trabajo que ellos hacen desde el territorio.
Finalmente, se pudo tener un encuentro con las plataformas de Derechos Humanos del departamento, esa fue una reunión bastante álgida y movida, pero se desarrolló con el objetivo de mirar cómo se avanza y se pudo llegar a varias conclusiones. Eso sí, hubo varios momentos tensos.
¿Dicha reunión busca que esta semana que inicia, cuando se cumple un año del Paro Nacional, no se repitan más hechos de violencia?
Allí se mezcla todo y ellos tienen su visión de lo que sucedió. Ellos dicen que se les está limitando el derecho a la protesta y es en ese momento que entramos nosotros a explicarles que la protesta está garantizada siempre y cuando sea pacífica pero, cuando comienzan a presentarse ciertos desórdenes, la Fuerza Pública tiene que entrar.
En la reunión también se explicó que este Gobierno tiene una política de cero tolerancia en cuanto a violación de Derechos Humanos y, si por parte de la Policía o el Ejército se presentan actuaciones que violen dichos derechos, nosotros inmediatamente actuaremos e investigaremos.
¿Su visita a Cali es porque le preocupa que se vuelvan a alterar los ánimos un año después del Paro Nacional?
Esa posibilidad siempre está allí latente, pero espero que no se vuelva a presentar. Deseo que hayamos aprendido sobre lo que pasó el año pasado y que hayan quedado delimitadas las líneas rojas que no podemos pasar.
Toda protesta que sea pacífica tendrá el acompañamiento del Gobierno pero, si ocurre lo contrario, el Estado tendrá que intervenir porque hay que garantizarle los derechos a todos los colombianos.
Durante cuatro meses, en varios municipios del Valle, se van a desarrollar capacitaciones sobre Derechos Humanos. También se aprovechará una alianza que tenemos con una Universidad para que los líderes de la región se puedan capacitar en temáticas relacionadas con los Derechos Humanos.
Otra de las estrategias es trabajar en un programa muy especial en Buenaventura, que consiste en hacer un recorrido por los diferentes barrios de esta ciudad explicando qué son los Derechos Humanos y haciendo escuela sobre esta materia que es tan importante en el país.
Las reuniones en Cali fueron bastante positivas porque te dejan unas tareas a desarrollar en estos cuatro meses, eso sí, hay que estar pendientes de que estas tareas no se queden solo en el papel.
Según la Unicef, el año pasado en el Chocó 30 menores se suicidaron para evitar ser reclutados por los grupos armados. ¿Qué se está haciendo para evitar esta tragedia?
La preocupación del Gobierno Nacional es latente y el Presidente de la República nos dio la orden de ir inmediatamente al departamento del Chocó. La semana pasada estuvimos allá, nos reunirnos con los líderes y los escuchamos muy detenidamente para saber qué está pasando.
Frente al caso de los suicidios me quedó una cosa muy clara, y es que decir que estos suicidios se están presentando solamente porque los jóvenes no se quieren ir a hacer parte de estos grupos delincuenciales, es minimizarlo.
Los casos de suicidio también se están dando por la falta de trabajo psicosocial y el poco acompañamiento de los padres, pues en muchos casos cuando los niños llegan del colegio no hay quien les ayude a aprovechar el tiempo libre.
Pero, ¿qué se está haciendo para evitar que esto siga pasando?
Realizamos un compendio de las acciones que cada entidad tiene que hacer y al siguiente día el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones lanzó una estrategia para que los jóvenes de Quibdó y el departamento del Chocó se sumaran a una iniciativa para desarrollar sus tareas y para que hagan vídeos, todo con el fin de que den a conocer lo autóctono del departamento. Con esta estrategia también se busca que todas las iniciativas culturales que ellos tienen sean apoyada por el ministerio de las Tics.
Los jóvenes podrán inscribirse en un curso y el Ministerio los patrocinará y ayudará con el proyecto que tienen que desarrollar. Queremos dar resultados.
También nos hemos reunido con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para mirar cómo vamos a acompañar a estas víctimas y familias para gestionar esta clase de actividades en el territorio.
Finalmente, contamos con la participación del Ministerio del Deporte para poder llevar actividades lúdicas, de entretenimiento y recreación hasta estos lugares y así minimizar el riesgo de nuestros jóvenes, niñas y niños.
Faltan cuatro meses para que finalice el Gobierno del presidente Duque. ¿Qué se ha hecho para evitar que más líderes sociales sean asesinados?
El Presidente me ha pedido que haga un trabajo para proteger a nuestros líderes. Sin embargo, lo primero que tenemos que decir es que estos asesinatos no pueden ser vistos como un tema solamente estadístico, pues el Gobierno Nacional se niega rotundamente a verlos como números. Tenemos que buscar que esta situación se deje de presentar, pero también debemos mirar desde dónde empieza este problema porque se ha creado una teoría que apunta a que todo inició en el 2016 y no es así, pues desde el 2010 ya teníamos casos.
Entre 2010 y 2014, 369 líderes y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados. Sin embargo, entre 2015 y 2017 se presentó un incremento del 27%. Luego, en 2017 y 2018 se registró un aumento significativo del 21% y, del 2018 al 2019 se obtuvo una leve disminución.
Eso sí, desde el 2019 al 2020 hubo una reducción más prolongada.
Aquí lo más importante es señalar a los responsables y esos son los grupos terroristas del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
¿Se les está brindando la protección adecuada?
Hemos incrementado el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección como nunca antes se había hecho, pues se ha destinado más de 1 billón de pesos. Con este dinero se han podido lograr unas cifras muy importantes ya que actualmente contamos con 3589 líderes sociales con protección, compramos 3012 medios de comunicación y 630 botones de pánico.
Lo más importante es que 3128 hombres están garantizando la protección de estos líderes sociales. Además, contamos con más de 1500 vehículos que están al servicio de nuestros líderes.
¿Duerme tranquilo con estas medidas de protección a los líderes?
No duermo tranquilo porque cada vez que un líder social es asesinado por los bandidos yo me siento muy mal. Cuando eso pasa inmediatamente llega la llamada del Presidente preguntándome qué fue lo que pasó y diciéndome que investigue.
Cuando ocurre la muerte de un líder se inician todas las alarmas para que se capture a los responsables. En la Fiscalía se creó una línea de investigación para determinar si el asesinato fue causado por el ejercicio de sus labores como defensor de Derechos Humanos y en poco tiempo conocemos lo que ha sucedido.
Hace poco hubo un informe en el que el Comité Internacional de la Cruz Roja se pronunció sobre el impacto de las minas antipersonal en Colombia, pero no coincide con las cifras que nosotros tenemos porque el Gobierno tiene que, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, van 31 víctimas de estos artefactos, pero la Cruz Roja dice que van 44. El aumento se da porque ellos cuentan a los bandidos que resultan heridos mientras están instalando las minas.
Nos hubiese gustado mucho que el Comité Internacional de la Cruz Roja nos hubiera consultado antes de publicar estas cifras y que hubiesen contrastado los datos que tienen ellos con las cifras del Gobierno Nacional. Si hubiéramos hecho todo esto le hubiéramos evitado a ellos ese error tan grande.
Nosotros como Gobierno no vamos a esconder las cifras porque las minas antipersonal son un problema real. Lo que queremos es evitar que siga pasando porque allí caen nuestros niños, campesinos y la Fuerza Pública.
El mensaje que me queda es que no hay comunicación entre el Gobierno y la Cruz Roja Internacional...
Es que nosotros queremos tener a la Cruz Roja en nuestro país, pero nos hubiera gustado contrastar las cifras de ellos y de nosotros, sin embargo, ellos publicaron el informe de esa manera y no pretenderán que el Gobierno se quede callado. No puede ser que para ellos las víctimas también sean los canallas que siembran las minas antipersonal.