El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció que hasta la fecha 44 personas privadas de la libertad recibieron el beneficio de excarcelación que reposa en el decreto emitido por el Ministerio de Justicia, con el cual buscan mitigar la emergencia del coronavirus en las cárceles.
“Las medidas extraordinarias adoptadas por los jueces fueron expedidas a 25 condenas menor de cinco años, 13 por 40% de la pena cumplida, tres mayores de 60 años, dos por enfermedades catastróficas y uno por delito culposo”, reseñó la entidad.
En cuanto a estas medidas, el Inpec ha adelantado el traslado de 19 Personas Privadas de la Libertad (PPL) con medida domiciliaria transitoria y en los próximos días llevará a cabo el traslado de las 25 personas restantes.
De las 44 Personas Privadas de la Libertad, 40 corresponden a hombres y cuatro a mujeres.
Las cárceles donde se llevó a cabo esta primera excarcelación fueron La Modelo de Bogotá, Jamundí (Valle), Popayán (Cauca), Cómbita en Boyacá, Bucaramanga (Santander), Pitalito (Huila) y Barranquilla.
Estas Personas Privadas de la Libertad deben cumplir con el aislamiento social y familiar, como medida de prevención de acuerdo con los protocolos adoptados para su salida de los establecimientos carcelarios, con el fin de evitar el contagio del coronavirus.
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Así las cosas, todos esos presos (que serían 4000) se unirán a los 68.444 que ya tienen este beneficio en el país. Cifras del Inpec dan cuenta que el 8,7 % de esta población tienen brazalete, es decir, alrededor de 5921 personas que están detenidos en su casas.
Valle del Cauca, por su parte, se posiciona como el tercer departamento con más personas con este beneficio de casa por cárcel, con 7238 reclusos.
451 mujeres son señaladas o sindicadas y 677 son condenadas, de estas últimas al menos 65 cuentan con brazalete de vigilancia. En cuanto a los hombres, al menos 1838 son señalados o sindicados y 106 de ellos cuentan con brazalete, mientras que hay 4272 condenados con al menos 90 brazaletes.
Minjusticia, a responderle a la Corte
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, deberá responder 27 preguntas que la magistrada de la Corte Constitucional Diana Fajardo formuló en medio del estudio del decreto 546, que promete excarcelar a más de 4000 privados de la libertad por encontrarse en condición de vulnerabilidad frente a la pandemia que padece el país por cuenta del Covid-19.
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Entre los cuestionamientos de la magistrada sobresale que la cartera de Justicia debe entregar información sobre qué tuvo en cuenta para determinar las condiciones de vulnerabilidad de una persona privada de la libertad, además de eso debe dar luces sobre el porcentaje que se estima que las medidas adoptadas reducen los niveles de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios.
Fajardo quiere verificar también por qué la reducción que plantean en el decreto es suficiente para garantizar las medidas de prevención y cuidado en el marco de la pandemia, teniendo en cuenta la importancia del distanciamiento social y el aislamiento.