La Corte Suprema de Justicia, en cabeza del magistrado José Luis Barceló, anunció que la terna presentada por el presidente Iván Duque, para designar fiscal ad hoc en el caso Odebrecht, fue devuelta debido a la renuncia de la magistrada Margarita Cabello, quien era una de las postuladas.
Una vez culminó la Sala Plena, el magistrado Barceló se trasladó a la Casa de Nariño para notificar al presidente sobre la decisión. El estudio de la terna dio un giro inesperado luego de que la magistrada Cabello anunciara, en la mañana de este jueves, su deseo de retirarse de la lista de los ternados para conocer tres de los 25 procesos que se adelantan por el entramado de corrupción.
La magistrada explicó su renuncia a la terna para fiscal ad hoc en el proceso Odebrecht, este jueves. Afirmó que "por encima de cualquier honor, de cualquier reconocimiento por mis condiciones de una buena jurista, está el país".
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Cabello Blanco fue ternada por el presidente Iván Duque el pasado martes al considerar que "es una mujer que tiene todas las condiciones profesionales y éticas para ser puesta a consideración".
Sin embargo, la delegada de la corporación consideró que debía hacerse a un lado en razón a las críticas que se hicieron sobre su escogencia por el hecho de ser magistrada de la Corte.
Este jueves también, antes de que se conociera la decisión de Cabello, el presidente Iván Duque afirmó que de no ser aceptada, evaluaría las razones de la Corte para realizar las correcciones necesarias.
La terna que se conoció durante esta semana fue solicitada por el presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló, luego de que en Sala Plena se declarara fundado el impedimento que presentó la vicefiscal María Paulina Riveros para conocer de dichos procesos.
El impedimento lo presentó la delegada de la Fiscalía, en medio de una reunión que sostuvo con el presidente de la Corte y con el fiscal General, Néstor Humberto Martinez, dos semanas atrás.
Rechazo a la terna
Desde que el presidente Iván Duque dio a conocer la terna para elegir al fiscal ad hoc en el caso Odebrecht, fueron muchas las voces de rechazo que se escucharon desde diferentes sectores, debido a que habían fallas en los criterios constitucionales para la elección, así como a las inhabilidades que tenían dos de los tres participantes.
Entre las voces fuertes que se escucharon están los partidos de oposición en el Congreso de la República, quienes enviaron una carta a los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se rechazara la terna por considerarla inconveniente, ya que no tenía en cuenta “los criterios constitucionales” expuestos para esta elección. Además de ello, aseguraron que dos de los ternados estaban “inhabilitados para ocupar el cargo”.
En la misiva, firmada por senadores y representantes de las bancadas del Partido Alianza Verde, el Polo Democrático, los Decentes y el partido de las FARC, señalaban que el presidente Iván Duque debía realizar una terna “previa convocatoria pública que restringa la arbitrariedad, discrecionalidad o subjetividad que se pueda generar en la postulación de los ternados”.
A la voz de los senadores, se unió Camilo Alberto Enciso, exsecretario de Transparencia del pasado gobierno, quien manifestó, a través de una carta de cuatro páginas enviada a la Corte Suprema, que los “ternados carecen de las competencias e idoneidad profesional requeridas para ejercer dicho cargo, motivo por el cual la Corte debe desestimar su postulación”.
El argumento de Enciso se basó en que la figura ad hoc no tendría ningún superior jerárquico, y en razón a que sería el máximo responsable del ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos y particulares, “es apenas lógico que quien ocupe esa posición debe cumplir con los mismos requisitos exigidos por la Constitución para ser elegido como Fiscal General de la Nación”.
En el documento, Enciso expuso los argumentos por los cuales los ternados no son “los idóneos” para suplir la plaza. Frente a Leonardo Espinosa Quintero, quien proviene de la academia y actualmente es el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, aseguró que se encuentra inhabilitado debido a que este debe haberse desempeñado al menos durante 15 años en la rama judicial.
En cuanto a María González Zabala, actual secretaria jurídica de la Casa de Nariño, y la magistrada Margarita Cabello, el accionante aseguró que si bien las dos mujeres se han desempeñado en cargos públicos, no cumplen con el mínimo de requisitos, pues para suplir la figura ad hoc el ternado debe tener conocimientos específicos en la disciplina jurídica.
“Con este requerimiento surge en virtud: 1) del principio de igualdad que debe regir el tratamiento entre los candidatos, 2) la naturaleza de las funciones inherentes al cargo de Fiscal General de la Nación, 3) el querer del Constituyente al incorporar dicho requisito en el Acto Legislativo 2 de 20153, y 4) las leyes de la experiencia y la sana crítica”, dice el documento de Enciso.
Qué pasará con los procesos
Hernando Herrera Mercado, Presidente de la Corporación de la Excelencia a la Justicia, aseguró que los tres procesos que conocerá el nuevo investigador en el caso Odebrecht no están suspendidos, sin embargo, si estimó que es necesario se dé celeridad a la escogencia de la figura ad hoc, en razón que los fiscales designados para tales casos deben reportar los hechos de lo acontecido a alguien de mayor jerarquía, que precisamente no es ni la vicefiscal ni el fiscal General.
Contrario a lo que opina Herrera Mercado, el exministro Reyes consideró que los procesos están detenidos desde el momento en que la vicefiscal presentó la solicitud de impedimento, y van a continuar de esa manera hasta tanto la Corte no elija un fiscal que asuma el conocimiento de los mismos.
A juicio de Reyes, la Corte debe examinar bien la escogencia del fiscal ad hoc en razón a que conocerá parte de uno de los entramados de corrupción más grande suscitado en el país, sin embargo, su preocupación no está en si se escoge este o el otro año, debido a que “son procesos que tienen una prescripción muy larga”.
Incluso llegó a determinar desde su postura, que si está decisión se dejará para iniciar en 2019, muchos de los procesados solicitarían que un fiscal ad hoc tomen su caso. Por lo que no descarta que al iniciar el próximo año existan nuevas solicitudes para esta figura.