En un mensaje en la red social X, el gobierno del presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles aduaneros del 25% a México hasta que “coopere con Estados Unidos en la lucha contra las drogas”, porque asegura que los grupos del narcotráfico “ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública” del país y que ellos “son los principales traficantes mundiales de fentanilo, metanfetamina y otras drogas”.
Justo cuando la Casa Blanca anunciaba los aranceles, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, intervenía en un acto público. No aludió explícitamente al tema, pero reiteró su posición ya expresada en ocasiones anteriores.
“Yo estoy tranquila con la cabeza fría porque sé que la economía de México es muy poderosa, muy fuerte (...). No me siento sola”, afirmó.
Con el objetivo declarado de “proteger a los estadounidenses de la crisis del fentanilo”, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína, Washington impuso además gravámenes del 25% a los productos procedentes de Canadá (con excepción de los hidrocarburos gravados al 10%) y un 10% adicional a los ya existentes para los bienes chinos, anunció la Casa Blanca.
El fentanilo es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años, según las autoridades sanitarias estadounidenses. “Hay una creciente producción de fentanilo en Canadá, y se incautó suficiente fentanilo en la frontera norte el año fiscal pasado para matar a 9,8 millones de estadounidenses”, acusó Estados Unidos, que asegura que los cruces fronterizos ilegales desde ese país alcanzaron máximos históricos.
El 10% de aranceles suplementarios a China se mantendrá hasta una “plena cooperación del gobierno chino” en la lucha contra el fentanilo, afirma el mensaje. Estados Unidos acusa a China de desempeñar “un papel central” en esta crisis y al “partido comunista” que gobierna el país de haber “subvencionado a las empresas químicas chinas para que exporten fentanilo”.
En su opinión, “China no solo no logra frenar la fuente de drogas ilícitas, sino que contribuye activamente a este negocio”.
Desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero el presidente republicano Donald Trump, lidera una diplomacia agresiva en su lucha sin cuartel contra los cárteles y las pandillas, que declaró “organizaciones terroristas”, así como contra la inmigración irregular.
Avisó que impondría aranceles, su cuarta palabra preferida del diccionario, para conseguir sus fines, pero llevan aparejadas acusaciones frontales.
“Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos”, afirmó la Casa Blanca.
“Grandes déficits”
Estados Unidos tiene “grandes déficits” con los tres países, pero la imposición de aranceles generalizados conlleva riesgos para el republicano, quien ganó las elecciones de noviembre gracias, en parte, al descontento de la opinión pública con los precios.
El viernes, Trump avanzó que algunos gravámenes pueden entrar en vigor en torno “al 18 de febrero”. Prevé “imponer aranceles a los microchips (...), al petróleo y al gas” y “muchos” al acero. Y en el futuro tampoco se salvarán los productos farmacéuticos y el cobre.
Una subida de los impuestos a las importaciones probablemente “desalentaría el gasto de los consumidores y la inversión empresarial”, opina Gregory Daco, economista jefe de EY.
Daco calcula que la inflación aumentará 0,7 puntos porcentuales en el primer trimestre de este año debido a los aranceles, antes de disminuir gradualmente.
La Casa Blanca lo niega y acusa a los medios de comunicación de mentir sobre el impacto. Además, cita un estudio de 2024 sobre los efectos de los aranceles del presidente Trump durante su primera administración que concluye, según la Casa Blanca, que “fortalecieron la economía estadounidense” y “condujeron a una relocalización significativa” en industrias como la fabricación y la producción de acero.
México y Canadá están teóricamente protegidos por el acuerdo de libre comercio T-MEC firmado durante el primer mandato del republicano y que debe renegociarse en 2026.
De modo que tanto los países como las empresas afectadas podrían emprender acciones legales en virtud de los procedimientos de solución de diferencias previstos en ese tratado.