Van dos domingos en los que los feligreses no llegan a muchas de las iglesias en el país; los enfermos o en tratamiento médico se ausentan de los hospitales, y muchos padres no mandan a sus hijos a clase por temor a las redadas de deportación que ordenó Donald Trump contra los inmigrantes en Estados Unidos.

Las imágenes en televisión o a través de las redes sociales, incluso de años anteriores, en los que oficiales de Migración, de Fronteras, Marshalls y hasta FBI corren en operativos tienen a los inmigrantes presos del pánico y a jóvenes y niños atemorizados por lo que puede ocurrir con ellos y sus padres. Es la peor situación en décadas.

Orlando Gómez reside hace 40 años en Union City, en el estado de Nueva Jersey, y aunque es ciudadano estadounidense, siente el mismo temor que sus vecinos, sus amigos o sus compañeros de trabajo que permanecen encerrados para eludir pesquisas en las calles o sitios de reunión.

“Es lamentable, porque ahora hay mucha gente escondida en el país de las libertades. Personas con años aquí, con hijos hasta profesionales, con propiedades y negocios, pero que, por alguna razón, se quedaron solo con permisos de trabajo o residencia y ahora parecen prófugos, como si hubieran cometido un delito”, relata el hombre oriundo de Palmira, en el Valle del Cauca.

Hospitales, iglesias, colegios, tiendas de mercado y otros lugares que protege el Derecho Internacional Humanitario en casos de guerra se han convertido en territorios hostiles para los inmigrantes con las nuevas políticas ordenadas por el presidente Trump.

Un temor que no es exclusivo de los indocumentados porque en los operativos realizados, en su mayoría por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), han sido detenidas personas con documentos al día. Incluidos residentes con antecedentes con la justicia o algunos con permisos de trabajo o temporales de permanencia que les otorgó el Gobierno de Joe Biden.

“Esta es quizá la época de mayor caos, confusión y pánico dentro de la comunidad. Toda aquella persona que no sea ciudadana estadounidense tiene algún nivel de riesgo de ser detenida o potencialmente deportada”, aseguró en diálogo con El País Carlos Reyes Rodríguez, gerente de Cultura Laboral & Alcance Comunitario de ILJ Network, organización que trabaja por los migrantes en 18 estados de EE.UU.

“Hay temor de salir a la calle, de ir a buscar sus hijos a los colegios o incluso de enviarlos a clases, debido a las últimas órdenes ejecutivas que están aplicando agencias como ICE, CBP, incluso Marshals, FBI y la DEA, con operativos y redadas en lugares que históricamente han sido protegidos por la ley”, subraya Reyes.

A través de redes sociales, un latino convertido en ciudadano americano narra el drama que han vivido decenas de personas en el aeropuerto de Miami, donde a algunos les han retirado el permiso de trabajo a su llegada al país.

El temor a salir o viajar es también creciente, sobre todo entre ciudadanos colombianos y venezolanos que sienten que, por su nacionalidad, están teniendo una mayor hostilidad por parte de las autoridades migratorias.

Solo entre el 23 y el 28 de enero pasados, el organismo federal arrestó a 5537 personas, según informó el ente gubernamental, que en redes sociales reporta a diario la cifra de retenciones y las extradiciones que realizará.

Igualmente, permanecen en la mira otros 4433 inmigrantes, quienes figuran registrados en centros carcelarios como sindicados o condenados por la comisión de algún delito.

En estados ‘santuarios’

Si bien las redadas contra inmigrantes se realizan por todos los estados que conforman la unión, de manera simultánea y masiva, las medidas fuertes se han enfocado en los llamados estados ‘santuarios’, como Chicago o Nueva York.

Estos estados, de acuerdo con María Asunción Bilbao, quien coordina la campaña en Florida (EE.UU.) de American Friends Service Committee, una organización que trabaja en favor de los migrantes, son estados demócratas que han sido más reacios a cooperar con las redadas que realizan los oficiales del Departamento de Inmigración.

“En Florida hablan de que están persiguiendo criminales, pero hicieron una sesión especial en Tallahassee para pasar una ley antiinmigrante y se enfocaron en toda la discusión de cómo hacerles la vida una miseria a jovencitos que están en la universidad o que están en la secundaria y están pensando seguir sus estudios; aquí (Florida) quieren que no puedan ni siquiera inscribirse en una universidad”, dice María Asunción Bilbao.

Pero no todos los gobernantes están de acuerdo con esta política migratoria. Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, expresó su apoyo a los indocumentados: “Los queremos, los defenderemos y en la ciudad de Minneapolis haremos lo que está a nuestro alcance para ayudarles. No eres un extranjero en nuestra ciudad, eres un vecino”.

“En Minneapolis tenemos lo que se llama una ordenanza de separación y establece que nuestros funcionarios, nuestros policías, no recogerán información que muestre quién está documentado y quién no; no preguntamos el estatus migratorio. Nuestros policías no van a cooperar con la aplicación de la Ley Federal de Inmigración”, dijo el Mandatario local.

Sin embargo, advierten las distintas organizaciones que trabajan por la garantía de derechos de los migrantes en EE.UU. que, detrás de las medidas ejecutivas adoptadas en los últimos días por el Gobierno Trump, subyace un profundo racismo y xenofobia que criminaliza solo una parte de los inmigrantes: latinos, negros y asiáticos.

Carlos Naranjo, defensor de Derechos Humanos y codirector de Semillas Colombia, organización con sede en Florida, asegura que en los decretos ejecutivos de Trump hay un énfasis por aterrorizar a las comunidades, pero, por otro lado, es lo que es posible bajo la Constitución.

“Cuando una persona toca suelo en este país, adquiere derechos constitucionales que deben ser respetados. El propósito es atemorizar a las comunidades con cosas inconstitucionales como hablar de quitarles la ciudadanía a los hijos de inmigrantes que nacen aquí. Esas son órdenes ejecutivas que cualquier Presidente las puede cambiar, no son leyes constitucionales”, concluye Naranjo.

Sin embargo, el Gobierno Trump apenas comienza y seguramente en los próximos cuatro años su política va a afectar sicológica y emocionalmente a legales e indocumentados, quienes vivirán con temor, como si fueran prófugos.

Afectará de manera grave la economía estadounidense

Una de las plantas productoras de alimentos más grandes en el estado de Oregón ha quedado completamente vacía. Sus trabajadores abandonaron las labores, ante el temor de la llegada de oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

A través de redes sociales como Instagram o Tiktok se aprecian imágenes de industrias, fábricas y construcciones que han quedado sin mano de obra tras la decisión de los inmigrantes de no asistir al trabajo para evitar las redadas.

Las medidas migratorias del Gobierno de Donald Trump pueden representar también un ‘tiro en el pie’ para la economía de su país, porque buena parte de quienes dinamizan ese renglón son empleados que realizan labores no calificadas y de salarios bajos.

“¿Quién va a trabajar en este país más que nosotros por el salario que nos ofrecen? Nadie lo va a hacer. Solo mira los campos en Texas ahora mismo, y están vacíos (...) Hay empresas en Texas y en todo Estados Unidos que se enriquecen con mano de obra barata, pagando centavos a los inmigrantes y resulta que no se enriquecen con el capitalismo sino con el esfuerzo que han hecho los migrantes; ahora dicen que quieren deportarnos de forma masiva. Van a ver la grave afectación a la economía”, grita en una plaza en la ciudad de Houston un hombre que encabeza una protesta contra las medidas migratorias actuales.

Esa afectación se empiezan a sentir en sectores como la construcción, la jardinería, la limpieza, el mantenimiento, el turismo, porque son labores que por lo general no necesitan mano de obra calificada y tradicionalmente no las quieren ejercer los estadounidenses ni los residentes legales en ese país.

Así las cosas, asegura Carlos Reyes Rodríguez, gerente de Cultura Laboral & Alcance Comunitario de ILJ Network, organización que trabaja por los migrantes en 18 estados de EE.UU., “estas medidas obviamente traerán un costo al sistema económico en el país, pero Estados Unidos está tan metido en este sentimiento xenófobo que, aunque les va a costar más dinero ir a comprar sus cosas, es más grande que la pérdida económica que puedan sentir”.

María Asunción Bilbao, de American Friends Service Committee, recuerda que el año pasado ocurrió algo similar cuando en Florida pasó la ley antiinmigrantes SB-1718 que generó mucho temor, pero también problemas económicos porque la gente aterrorizada se fue hacia otros estados.

“La construcción, las cosechas, todo se vio afectado. Recuerdo que los republicanos en Florida convocaron a una reunión a los pastores porque estaban muy preocupados y les pidieron que les dijeran a los feligreses que regresen a la iglesia, que la ley no les iba a hacer nada, que no iba a pasar nada, que era algo político y ahora está pasando igual”, recuerda.

Se estima que son alrededor de siete millones de personas las que trabajan en Estados Unidos en labores agrícolas, produciendo alimentos, y es en ellos en quienes se centran las deportaciones.

Carlos Naranjo, un cartagüeño que trabaja en Estados Unidos en defensa de derechos de personas indocumentadas, sobre todo colombianos, asegura que en Florida se estima que alrededor del 45% de los trabajadores son indocumentados. “El presidente Trump está jugando con fuego y va a generar un incendio económico en este país si continúa con sus políticas”.

Advierte Naranjo, codirector de la ONG Semillas Colombia, que buena pate de los afectados con estas medidas so colombianos. “Hay más de 500.000 colombianos indocumentados en Estados Unidos, sobre todo en estados como Florida, New Jersey, New York, California y Texas; y la mitad de ellos está en Florida. Aunque tenemos unos equipos monitoreando, hasta el momento no tenemos cifras exactas de cuántos de ellos han sido retenidos con fines de deportación”.

“Por temor, tuve que eliminar todo lo que teníamos en redes sociales”

Al día siguiente que retuvieron a su esposo, luego de que fue citado por la Oficina de Inmigración de Estados Unidos a un supuesto trámite en una oficina de Miami relacionado con su permiso temporal de trabajo, Lorena* desapareció de las redes sociales.

Esa fue una de las recomendaciones que le dieron sus vecinos para evitar que la ubicaran fácilmente, ante la probabilidad cierta de que su compañero sea regresado en los próximos días u horas hacia Colombia.

“Casi que presentíamos que eso iba a ocurrir, porque ya una organización que nos viene asesorando en materia legal nos había dicho que estaban citando a la gente a las sedes de inmigración con argumentos falsos para dejar a las personas capturadas y deportarlas a sus países de origen”, explica.

“Uno es muy dado a publicar fotos en sitios y con comidas y fantochando, como nos gusta a todos, pero eso puede jugar en contra de uno y es mucha información que uno va entregando sin saber que eso nos puede terminar afectando”, dice.

Llegaron hace ocho meses en busca de asilo político en Estados Unidos, a través de la frontera de México, argumentando amenazas contra su esposo, quien trabajó como contratista del Gobierno y fue víctima de extorsión en varias ocasiones.

“La situación es compleja, porque nosotros vendimos lo que teníamos para apostarle a este cambio de vida y ahora vemos que todos se nos derrumba. Pese a que siento temor por lo que pueda ocurrir, no voy a dejar de ir a la iglesia a pedirle a Dios que sea su voluntad la que se imponga”, relata Lorena, quien pide no revelar su verdadera identidad.

Asegura que si su esposo es deportado, no se va a esconder sino que va a continuar trabajando las cuatro horas en limpieza en un edificio de oficinas, que espera trabajar más duro y que buscaría la manera de que él regrese nuevamente, porque ya han decidido que es en Estados Unidos donde quieren estar y donde quieren formar una familia.

“Escucha uno una patrulla, y cree que ya vinieron a buscarlo”

Jean Marco no tiene certeza de si fueron reales o no los supuestos operativos que estaban haciendo esta semana en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, donde capturaron a cientos de personas; pero tampoco iba a esperar a que llegaran a detenerlo para comprobarlo.

Llegó con visa a Estados Unidos, pero dejó vencer el tiempo que le otorgaron de permanencia y desde julio del año pasado quedó como ilegal en ese país.

“Ya me estaba organizando, estaba trabajando y me había conseguido un carro, pero el amigo que me sacó el seguro a su nombre me llamó y me pidió que parara ese carro, porque nos podemos perjudicar los dos, y me tocó quedarme sin vehículo”, cuenta.

También una habitación en la que vivía en el Bronx, porque esa dirección figuraba en algunos documentos que alcanzó a tramitar en el trabajo, e incluso con una organización de ayuda a inmigrantes, y teme que vayan a buscarlo.

“A mí me tocó cambiarme hasta el pelo, porque tenía unos mechones rubios y la gente me decía que parecía venezolano; y ser venezolano en este momento, lo único que te trae son desventajas”, dice.

“Es que los ‘venecos’ llegaron con beneficios a este país y se dedicaron algunos a hacer daños y a tratar de burlar las normas y a irrespetar a la Policía, y eso aquí no lo perdonan; por eso se han ensañado con ellos”.

Por fortuna, agrega, he hecho muchos amigos en este país y en estos días he realizado trabajos informales en los que no piden documentos y con eso me gano unos dólares, pero vamos a terminar enfermos, porque oye uno una patrulla en las calles, que suenan todo el día y toda la noche, y se tira uno creyendo que ya llegaron a buscarlo”.

“A mi lado vive una familia chilena que tiene una niña y no encienden ni las luces ni el televisor; están encerrados y asumo que tienen menos documentos que yo para estar en este país”, concluye.

“Creí que la batalla más fuerte era la que debíamos dar en el Darién”

Para Marlon* y para decenas de miles de venezolanos que, a través de Colombia, se adentraron en la selva en busca del sueño americano, cruzar el tapón del Darién era casi estar en Estados Unidos, pese a que aún los separaban de su propósito siete países y más de 4500 kilómetros de carretera.

Pasó una semana en el Darién en condiciones infrahumanas, sin alimentos, sin agua y sin dinero, porque las mismas personas que lo guiaron le quitaron el dinero que logró juntar luego de trabajar unos años en Brasil y Chile.

Llegó hace un año y medio a suelo norteamericano junto a su esposa y su pequeña hija, y siguió las recomendaciones al pie de la letra: en la línea divisoria entre México y EE.UU. se entregó a una patrulla fronteriza y lo que vino luego fue lo que le aseguraron.

A él lo separaron de su esposa y pasó dos semanas recluido en un sitio temporal, mientras ella fue llevada junto a su hija a un albergue de migrantes en suelo estadounidense. Pasado ese tiempo, le entregaron un permiso temporal de permanencia y logró emplearse en una factoría empacando productos de belleza que llegan desde China.

En sus redes sociales publicó fotos con su hija y su esposa en condiciones muy distintas a las que llegó: ropa nueva, gafas oscuras, tenis de moda y una vida como siempre quiso desde que era niño en el estado Barinas, en Venezuela. Pero Asegura Donald Trump apagó ese sueño.

“Por lo que entiendo, hoy vale más un billete de diez mil bolívares, que no vale nada, que el permiso que nos entregaron para permanecer en este país porque dicen que Trump los eliminó”, dice.

Lo que estamos haciendo muchos es permanecer en casa y no ir a trabajar a la espera de que esta situación se solucione, pero siempre con la preocupación de que hay que pagar renta y hay que comprar comida y a nadie le van a pagar sin ir a trabajar. Nosotros sufrimos mucho en el tapón y vamos a aguantar lo que sea para quedarnos en este país”.